LA GACETA Nº 3 DEL 5 DE ENERO DEL 2011

PODER LEGISLATIVO

AVISOS

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 36310-MP

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA

Y TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS VARIOS

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

EDUCACIÓN PÚBLICA

JUSTICIA Y PAZ

AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

ACUERDOS

RESOLUCIONES

EDICTOS

AVISOS

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE ADQUISICIONES

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

FE DE ERRATAS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

REGLAMENTOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

MUNICIPALIDADES

AVISOS

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

AVISOS

RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE DOTA

MUNICIPALIDAD DE POÁS

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

MUNICIPALIDAD DE UPALA

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ

AVISOS

NOTIFICACIONES

JUSTICIA Y PAZ

CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO

MUNICIPALIDADES

FE DE ERRATAS

MUNICIPALIDADES

PODER LEGISLATIVO

AVISOS

Comunica que en sesión ordinaria N° 032-2010, celebrada por el Directorio Legislativo el 18 de noviembre del 2010, artículo 40, se tomó el acuerdo de que la institución permanecerá cerrada a partir del lunes 20 de diciembre del 2010 al viernes 14 de enero del 2011, inclusive.

Nuevamente brindará atención a usuarios, proveedores y público en general a partir del lunes 17 de enero del 2011.

San José, 17 de diciembre del 2010.—Departamento de Proveeduría.—MBA. Melvin Laines Castro, Director.—1 vez.—O. C. Nº 20001.—Solicitud Nº 35615.—C-12750.—(IN2010106556).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 36310-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 incisos 5) y 14), de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1º—Retírase del Conocimiento de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley:

Expediente N° 16.098: Reforma Integral de la Ley de Semillas, Ley N° 6289, de 4 de diciembre de 1978.

Artículo 2º—Rige a partir del 9 de diciembre de 2010.

Dado en la Presidencia de la República, a los 9 días del mes de diciembre de dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Marco A. Vargas Díaz.—1 vez.—O.C. Nº 9587.—Solicitud Nº 202-010.—C-15300.—(D36310-IN20100106311).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 120-PE

EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en el artículo 141 de la Constitución Política; lo dispuesto en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2010, Ley N° 8790 y el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y el artículo 28 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señora Irene Pacheco Alfaro, portadora de la cédula de identidad número 1-463-491, Asistente Personal de la Señora Presidenta, para que viaje a Mar del Plata, Argentina, del 02 al 05 de diciembre del presente año y acompañe en la Comitiva de Viaje Oficial a la Presidenta de la República, a fin de asistir a la “XX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno”. La salida de la señora Pacheco Alfaro será el 02 de diciembre y su regreso estará previsto para el 05 de diciembre del 2010.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de viáticos, transporte, impuestos y servicio de taxis aeropuerto-hotel y viceversa en la ciudad visitada, llamadas oficiales internacionales, fax y el servicio de Internet se cancelarán del Título 201-Presidencia de la República, Programa 021-Administración Superior, Subpartida 10503- Transporte al Exterior y 10504- Viáticos al Exterior.

Artículo 3º—Se le otorga la suma adelantada de $392.706,00 por concepto de viáticos sujetos a liquidación.

Artículo 4º—Rige a partir del 02 y hasta el 05 de diciembre del 2010.

Dado en la Presidencia de la República. San José, veintinueve de noviembre del dos mil diez.

Marco A. Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia.—1 vez.—O. C. Nº 9702.—Solicitud Nº 199-2010.—C-25500.—(IN2010105397).

N° 157-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

En uso de las atribuciones constitucionales, señaladas en el artículo 135 de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Único—Con motivo de viajar a Mar del Plata, Argentina, para participar en la “XX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno”. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1°—Llamar al Ejercicio de la Presidencia de la República al Segundo Vicepresidente, Señor Luis Liberman Ginsburg.

Artículo 2º—Rige desde las 08:22 horas del 02 de diciembre y hasta las 19:03 horas del 05 de diciembre del 2010.

Dado en la Presidencia de la República. San José, treinta de noviembre del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. Nº 9702.—Solicitud Nº 198-2010.—C-17000.—(IN2010105398).

Nº 158-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 139, inciso 1) de la Constitución Política; 26, inciso a) y 47, inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978.

ACUERDA:

Artículo 1º—Conceder licencia sin goce de salario a la señora Irene María Campos Gómez, cédula de identidad Nº 1-645-700, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, del 3 al 4 de diciembre del 2010, para que participe en la Conferencia sobre Acreditación de Programas de Ingeniería, a realizarse en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Artículo 2º—Durante la ausencia de la señora Irene María Campos Gómez, nombrar como Ministro a. í. de Vivienda y Asentamientos Humanos, al señor Roy Barboza Sequeira, cédula de identidad Nº 1-620-656, Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Artículo 3º—Rige de las 7:00 horas del 3 y hasta las 24:00 horas del 4 de diciembre del 2010.

Dado en la Presidencia de la República, el 29 de noviembre del año dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. Nº 4269.—Solicitud Nº 2132.—C-17000.—(IN2010105499).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO

Nº 099-MEIC

EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 inciso 1, 27 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Formación Profesional y Capacitación del Personal de la Administración Pública, Ley Nº 6362 del 03 de setiembre de 1979.

Considerando:

I.—Que es de interés para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, participar en el Curso “Comercialización para profesionales artesanos de México, Centroamérica y El Caribe”, cuyo objetivo es fortalecer a las PYME artesanas de los países del ámbito geográfico, promover la exportación de productos artesanos de calidad y analizar los productos de artesanía según la demanda y la competencia existente en el mercado.

II.—Que dichas actividades se llevarán a cabo del día 6 al día 10 de diciembre del año dos mil diez; en la ciudad de Guatemala.

III.—Que la participación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reviste especial interés en este evento ya que podrá fomentar los sistemas de producción sostenibles y el apoyo a los pequeños productores; así como también  promocionar las áreas temáticas para la promoción de las exportaciones. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Jonnathan Sequeira Ureña, portador de la cédula de identidad número 1-1102-0197, funcionario del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; para que viaje en calidad de representantes del país, a la ciudad de Guatemala y participe en el Curso “Comercialización para profesionales artesanos de México, Centroamérica y El Caribe”, que se llevará a cabo del día 06 al día 10 de diciembre del año dos mil diez.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de transporte aéreo, hospedaje, alimentación, así como los gastos conexos y otros gastos serán financiados por el Centro de Formación de la Cooperación Española de La Antigua (Guatemala).

Artículo 3º—El funcionario devengará el 100 % de su salario durante su ausencia.

Artículo 4º—Rige a partir del 5 de diciembre de 2010 y hasta su regreso el día 11 de diciembre del mismo año.

Dado en el Ministerio de Economía Industria y Comercio, al ser el día veintinueve de noviembre del año 2010.

Publíquese.—Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía, Industria y Comercio.—1 vez.—O.C. Nº 10080.—Solicitud Nº 35281.—C-34000.—(IN2010105391).

N° 100-MEIC

LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 inciso 1, 27 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978. Así como lo establecido en la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2010, Ley Nº 8790 del 08 de diciembre del 2009; la Ley de Formación Profesional y Capacitación del Personal de la Administración Pública, Ley Nº 6362 del 3 de setiembre de 1979 y los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Viajes y Transportes para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, Resolución Nº R-DC-92-2009 del 19 de noviembre del año 2009 y sus reformas.

Considerando:

I—Que la Dirección de Apoyo a la Comisión para Promover la Competencia, dependencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, recibió invitación de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica, para participar en un “Taller sobre resolución de casos sobre aplicación de la legislación de competencia con jueces de la región centroamericana”. Que dicha actividad está dirigida a jueces y profesionales experimentados de autoridades de defensa de la competencia, para capacitarlos en temas especializados en la materia.

II.—Que dicha actividad se llevará a cabo los días 2 y 3 de diciembre de 2010 en Ciudad Panamá, Panamá.

III—Que es de interés para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio participar en esta actividad de capacitación, con el objetivo fortalecer los conocimientos en materia de competencia, ampliar las capacidades del personal y crear nexos de cooperación por parte de estos organismos hacia nuestra institución. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1°—Autorizar al señor German Jiménez Fernández, portador de la cédula de identidad número 1-0723-0422, funcionario de la Dirección de Apoyo a la Comisión para Promover la Competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; para que viaje a Ciudad Panamá, Panamá, y participe en el “Taller sobre resolución de casos sobre aplicación de la legislación de competencia con jueces de la región centroamericana” que se llevará a cabo los días 2 y 3 de diciembre de 2010.

Artículo 2°—Los gastos por concepto de transporté aéreo, hospedaje y alimentación durante los días del 1 al 4 de diciembre del 2010, serán financiados por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica.

Artículo 3°—Los gastos por concepto de transporte terrestre en ese país, así como los gastos conexos y otros gastos serán cubiertos por el programa 224-00 “Promoción de la Competencia” del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Subpartida 1.05-03 “Transporte en el exterior”, Subpartida 102-04 “Servicios de Telecomunicaciones”. Al funcionario no le corresponde pago de viáticos.

Artículo 4°—El funcionario German Jiménez Fernández, devengará el 100% de su salario durante su ausencia.

Artículo 5°—Rige a partir del 1º de diciembre de 2010 hasta el 4 de diciembre del mismo año.

Dado en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en la ciudad de San José a los treinta días del mes de noviembre de dos mil diez.

Publíquese.—Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía, Industria y Comercio.—1 vez.—O.C. Nº 9219.—Solicitud Nº 35280.—C-37400.—(IN2010105392).

MINISTERIO DE SALUD

Nº DM-RR-1836-10

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2) y 146 de la Constitución Política, artículos 12, inciso a) y 43 de la Ley Nº 1581 “Estatuto de Servicio Civil” del 30 de mayo de 1953, artículo 28 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública” y Resolución Nº 11646 de las quince horas, cuarenta minutos del cuatro de octubre del dos mil diez del Tribunal de Servicio Civil.

Considerando:

1º—Que el Tribunal de Servicio Civil mediante resolución Nº 11646 de las quince horas, cuarenta minutos del cuatro de octubre del dos mil diez, declaró con lugar la Gestión de Despido promovida por la Ministra de Salud, para despedir al servidor José Luis Garro Zamora, del puesto de Asistente de Salud, Servicio Civil 3, sin responsabilidad para el Estado, quedando autorizado el Poder Ejecutivo para despedir al indicado servidor. Por tanto:

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado al señor José Luis Garro Zamora, cédula de identidad Nº 3-188-308, de su puesto de Asistente de Salud, Servicio Civil 3.

Artículo 2º—El presente Acuerdo de Despido rige a partir del 01 de noviembre del 2010.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintisiete días del mes de octubre del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud, Dra. María Luisa Ávila Agüero.—1 vez.—O. C. Nº 8667.—Solicitud Nº 43621.—C-31450.—(IN2010105424).

Nº DM-MG-1957-10

LA MINISTRA DE SALUD

Con fundamento en los artículos 140, inciso 20) y 146 de la Constitución Política; 25, párrafo 1 y 28, aparte segundo, inciso b) de la “Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo de 1978.

Considerando:

1º—Que del 7 al 11 de diciembre del 2010, tendrá lugar en Ciudad de Panamá, el “Taller Regional Estrategias para estudiar el tamaño de las poblaciones en más alto riesgo en América Latina”; y este Despacho considera importante la participación del Dr. Roberto Castro Córdoba, cédula Nº 1-508-642, Jefe de la Unidad Vigilancia Epidemiológica, y la Dra. Teresita Solano Chinchilla, cédula Nº 1-430-380, funcionaria de la Dirección Vigilancia de la Salud, en la actividad de cita. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al Dr. Roberto Castro Córdoba, cédula Nº 1-508-642, Jefe de la Unidad Vigilancia Epidemiológica, y la Dra. Teresita Solano Chinchilla, cédula Nº 1-430-380, funcionaria de la Dirección Vigilancia de la Salud, para que asistan y participen en el “Taller Regional Estrategias para estudiar el tamaño de las poblaciones en más alto riesgo en América Latina”; que se llevará a cabo en Ciudad de Panamá, del 7 al 11 de diciembre del 2010.

Artículo 2º—Los gastos del Dr. Roberto Castro Córdoba, y la Dra. Teresita Solano Chinchilla, por concepto de transporte, alimentación, y hospedaje, serán cubiertos por la Oficina Regional para América Latina de UNUSIDA, por lo que no existe gasto a cargo del erario público.

Artículo 3º—Durante los días de vigencia del presente acuerdo en los que se autoriza la participación de los funcionarios en la actividad, devengarán el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige del 7 al 11 de diciembre del 2010.

Dado en el Ministerio de Salud, San José a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil diez.

Publíquese.—Dra. María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud.—1 vez.—O. C. Nº 8667.—Solicitud Nº 43623.—C-31450.—(IN2010105421).

Nº DM-MG-1983-10

LA MINISTRA DE SALUD

Con fundamento en los artículos 140, inciso 20) y 146 de la Constitución Política; 25, párrafo 1 y 28, aparte segundo, inciso b) de la “Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo de 1978.

Considerando:

1º—Que del 19 al 22 de diciembre del 2010, tendrá lugar en Ciudad de México, la “1ª Reunión de Presidentes de Mecanismos Coordinadores de País de América Latina y el Caribe Hispanoparlantes”; y este Despacho considera importante la participación de la Lic. Alejandra Acuña Navarro, cédula Nº 1-539-613, Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica de la Producción Social de la Salud, en la actividad de cita. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la Lic. Alejandra Acuña Navarro, cédula de identidad Nº 1-539-613, Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica de la Producción Social de la Salud, para que asista y participe en la “1ª Reunión de Presidentes de Mecanismos Coordinadores de País de América Latina y el Caribe Hispanoparlantes”; que tendrá lugar en Ciudad de México, del 19 al 22 de diciembre del 2010.

Artículo 2º—Los gastos de viaje de la Lic. Alejandra Acuña Navarro, por concepto de transporte, alimentación y hospedaje, serán cubiertos por Junta Directiva del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Artículo 3º—Que durante los días de vigencia del presente acuerdo en los que se autoriza la participación de la funcionaria en la actividad, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige del 19 al 22 de diciembre del 2010.

Dado en el Ministerio de Salud, San José, a los tres días del mes de diciembre del dos mil diez.

Publíquese.—Dra. María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud.—1 vez.—O. C. Nº 8667.—Solicitud Nº 43624.—C-31450.—(IN2010105420).

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Nº MTSS-083-2010

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, inciso 2 y 28 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública y en los artículos 7, 31, 34 y concordantes, del Reglamento de Gastos de Viajes y Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1º—Que se ha recibido invitación por parte de la Organización Internacional del Trabajo, para que participe en la Decimoséptima Reunión Regional Americana, la cual se realizará entre los días del 14 al 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Santiago, Chile.

2º—Que dicha actividad es de gran interés para el Gobierno de Costa Rica y en especial para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debido a que tiene como objetivo principal participar en la Reunión Regional Americana que congrega cada cuatro años a los protagonistas de la vida política, económica y social de los países de la Región y además para conocer sobre el informe titulado “Década del Trabajo Decente en las Américas: 2006-2015.

3º—Que la participación del señor Olman Chinchilla Hernández, cédula 1-0517-0241, en este evento, responde a las funciones de Representante del sector de los Trabajadores, que acompaña la Delegación Oficial del Estado de Costa Rica.

4º—Que para la Designación de los Delegados de los sectores de trabajadores y empleadores que integran la Delegación que asistirá a la Decimoséptima Reunión Regional Americana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha seguido los procedimientos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Olman Chinchilla Hernández, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Central del Movimiento Trabajadores Costarricense (CMTC) para que participe en la Decimoséptima Reunión Regional Americana, la cual se realizará entre los días del 14 al 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Santiago, Chile.

Artículo 2º—Los gastos del señor Olman Chinchilla Hernández, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Central del Movimiento Trabajadores Costarricense (CMTC, serán cubiertos con recursos de las subpartidas 105.03 y 105.04 del Programa 729 saber de la siguiente forma: - Por concepto de viáticos al exterior US $1.186,80 (Mil Ciento Ochenta y Seis dólares con Ochenta Centavos) por la partida 105.04 del Programa 729 – Por boleto de viaje US $ 1.067,65 (Mil Sesenta y Siete dólares con Sesenta y Cinco Centavos) por la partida 105.03 del Programa 729; así mismo por la subpartida 105.04 del Programa 729 se cubrirán los gastos por concepto de impuestos, tributos o cánones que se . deba pagar en las terminales de transportes o cualquier erogación que por concepto de penalización deba girarse, por los cambios imprevistos y debidamente justificados en los tiquetes aéreos.

Artículo 3º—Que durante los días en que se autoriza al señor Olman Chinchilla Hernández, cédula de identificación 1-0517-0241, para que participe en la Decimoséptima Reunión Regional Americana el cual se realizará del 14 al 17 de diciembre de 2010, en la ciudad de Santiago de Chile, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del 12 al 18 de diciembre de 2010.

Dado en el Despacho de la Señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social a los veintinueve días de noviembre de 2010.

Sandra Piszk, Ministra de Trabajo y Seguridad Social.—1 vez.—O.C. Nº 10426.—Solicitud Nº 38729.—C-39950.—(IN2010105396).

MTSS-085-2010

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, inciso 2), y 28, inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública y en los artículos 7º, 31, 34 y concordantes, del Reglamento de Gastos de Viajes y Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1º—Que se ha recibido invitación por parte de la Organización Internacional del Trabajo, para que participe en la Decimoséptima Reunión Regional Americana, la cual se realizará entre los días del 14 al 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Santiago, Chile.

2º—Que dicha actividad es de gran interés para el Gobierno de Costa Rica y en especial para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debido a que tiene como objetivo principal participar en la Reunión Regional Americana que congrega cada cuatro años a los protagonistas de la vida política, económica y social de los países de la Región y además para conocer sobre el informe titulado “Década del Trabajo Decente en las Américas: 2006-2015”.

3º—Que la participación del señor Álvaro Sojo Mendieta, cédula 2-375-147, en este evento, responde a las funciones de Viceministro del Área Laboral, que acompaña la Delegación Oficial del Estado de Costa Rica.

4º—Que para la Designación de los Delegados de los sectores de trabajadores y empleadores que integran la Delegación que asistirá a la Decimoséptima Reunión Regional Americana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha seguido los procedimientos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Álvaro Sojo Mendieta, Viceministro del Área Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que participe en la Decimoséptima Reunión Regional Americana, la cual se realizará entre los días del 14 al 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Santiago, Chile.

Artículo 2º—Los gastos del señor Álvaro Sojo Mendieta, Viceministro del Área Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, serán cubiertos con recursos de las subpartidas 105.03 y 105.04 del Programa 729 saber de la siguiente forma:-Por concepto de viáticos al exterior US $1.434,00 (mil cuatrocientos treinta y cuatro dólares con cero centavos) por la partida 105.04 del Programa 729-por boleto de viaje US $ 1.357,00 (mil trescientos trece dólares con cero centavos) por la partida 105.03 del Programa 729; así mismo por la subpartida 105.04 del Programa 729 se cubrirán los gastos por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deba pagar en las terminales de transportes o cualquier erogación que por concepto de penalización deba girarse, por los cambios imprevistos y debidamente justificados en los tiquetes aéreos.

Artículo 3º—Que durante los días en que se ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. señor Álvaro Sojo Mendieta, cédula de identificación Nº 2-375-147, para que participe en la Decimoséptima Reunión Regional Americana el cual se realizará del 14 al 17 de diciembre de 2010, en la ciudad de Santiago de Chile, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del 12 al 18 de diciembre de 2010.

Dado en el Despacho de la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, a los treinta días de noviembre de 2010.

Sandra Piszk, Ministra de Trabajo y Seguridad Social.—1 vez.—O. C. Nº 10426.—Solicitud Nº 38730.—C-48450.—(IN2010107526).

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Nº 022-2010-C.—San José, 7 de octubre del 2010

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en lo establecido por los artículos 140, inciso 2, y 146 de la Constitución Política, 25, inciso 1 de la Ley General de Administración Pública y 2 del Estatuto de Servicio Civil,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar en propiedad en el Ministerio de Cultura y Juventud, al señor Greivin Cordero Sandí, cédula de identidad Nº 1-0537-0831 en el puesto de Profesional de Servicio Civil 1-B, Especialidad: Administración Generalista, número 502725, escogido de Nómina de Elegibles Número 2583-10, de la Dirección General de Servicio Civil.

Artículo 2º—Rige a partir del 16 de octubre del 2010.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Cultura y Juventud a. í., Iván Rodríguez Rodríguez.—1 vez.—(IN2010105011).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

N° 100-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 29744-J del veintinueve de mayo de dos mil uno.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar al señor Ricardo Lizano Calzada, cédula de identidad N° 1-0400-1347, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Joaquín Vargas Coto, cédula jurídica N° 3-006-105219, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, 18 de agosto de 2010.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. Nº 8215.—Solicitud Nº 36910.—C-21250.—(IN2010105631).

N° 149-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 29744-J del veintinueve de mayo de dos mil uno.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar a la señora María Gabriela Martínez Moya, cédula de identidad N° 1-0609-0817, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Alicia Morales López, cédula jurídica N° 3-006-606282, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, 2 de noviembre del 2010.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. Nº 8215.—Solicitud Nº 36968.—C-21250.—(IN2010106237).

N° 150-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 29744-J del veintinueve de mayo de dos mil uno.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar al señor Darner Adrián Mora Alvarado, cédula de identidad N° 7-0051-1226, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Árboles Mágicos, cédula jurídica N° 3-006-614807, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, 2 de noviembre de 2010.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. Nº 8215.—Solicitud Nº 36969.—C-21250.—(IN2010105636).

N° 151-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 29744-J del veintinueve de mayo de dos mil uno.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar a la señora Grace Emilia Céspedes Álvarez, cédula de identidad N° 3-0175-0903, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Internacional Ayuda a toda Nación, cédula jurídica N° 3-006-616874, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, 2 de noviembre de 2010.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. Nº 8215.—Solicitud Nº 36970.—C-21250.—(IN2010105637).

N° 155-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 29744-J del veintinueve de mayo de dos mil uno.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar a la señora Katalina Paola Sánchez Rodríguez, cédula de identidad N° 1-1231-0758, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Senderos de Bienestar y Desarrollo Humano Lotus, cédula jurídica N° 3-006-602055, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, 4 de noviembre de 2010.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. Nº 8215.—Solicitud Nº 36971.—C-21250.—(IN2010105638).

N° 156-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 29744-J del veintinueve de mayo de dos mil uno.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar a la señora Alejandra Pantoja Víquez, cédula de identidad N° 1-0825-0728, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación un Paso a la Vez, cédula jurídica número 3-006-511097, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2°—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, 4 de noviembre del 2010.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. Nº 8215.—Solicitud Nº 36972.—C-21250.—(IN2010105639).

N° 171

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en el artículo 28 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, Ley N° 6739 del 28 de abril de 1982, así como lo dispuesto en la Ley N° 8790 Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2010 y el artículo 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1°—Que la “Reunión Regional de Jefes de Oficina de Propiedad Intelectual de América del Sur”, es de interés para el Ministerio de Justicia y Paz, porque ante la “Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual” creada mediante Decreto N° 35631-J-COMEX-MICIT-SP-H, al señor Fernando Ferraro Castro, como Presidente de la comisión citada, le corresponde la promoción de canales de coordinación y cooperación entre entidades y organización competentes, con el fin de asesorar y coadyuvar en la efectiva aplicación de la normativa que regula la Propiedad Intelectual en Costa Rica.

2°—Que la participación del señor Fernando Ferraro Castro, cédula de identidad N° 01-0730-0386, Viceministro de Justicia y Presidente de la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual, es con el fin de representar al Ministerio de Justicia y Paz y a la Comisión citada.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia Y Paz y Presidente de la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual para que participe en la “Reunión Regional de Jefes de Oficina de Propiedad Intelectual de América del Sur”, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, los días 8 y 9 de diciembre de 2010.

Artículo 2º—Los gastos del señor Fernando Ferraro Castro, por concepto de tiquete aéreo, viáticos en el exterior del país, los cuales comprenden alimentación y hospedaje y los gastos terminales, durante los días del 08 al 09 de diciembre, serán cubiertos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Artículo 3º—En caso de que la organización no cubra lo correspondiente a otros gastos menores de traslado dentro de la ciudad, estos serán cubiertos con recursos de la subpartida 105-04, viáticos en el exterior del país, del Programa 779 Actividad Central.

Artículo 4º—Con cargo a la subpartida 10601 “Seguros” del mismo programa presupuestario, se le reconocerá el pago por la suscripción de un seguro viajero, similar a la opción 1 del seguro viajero con asistencia en dólares que ofrece el Instituto Nacional de Seguros.

Artículo 5º—Que el señor Fernando Ferraro Castro devengará el 100% de su salario, durante tiempo en que rija este acuerdo.

Artículo 6º—Rige a partir del 7 al 10 de diciembre del 2010.

Dado en el despacho del Ministro de Justicia y Paz, el dos de diciembre del dos mil diez.

Hernando París R., Ministro de Justicia y Paz.—1 vez.—O. C. Nº 8215.—Solicitud Nº 36980.—C-38250.—(IN2010105656).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 0646-2010

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO  DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990’ y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que el señor Alberto Raven Odio, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-572-508, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa Abbott Vascular Limitada, cédula jurídica número 3-102-610615, presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la instancia interna de la administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa Abbott Vascular Limitada, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Operaciones de PROCOMER N° 34-2010 de fecha 28 de octubre de 2010, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Abbott Vascular Limitada, cédula jurídica número 3-102-610615, (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora de Exportación, de conformidad con el inciso a) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de dispositivos, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos y electromecánicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Zona Franca Coyol S. A., ubicado en la provincia de Alajuela.

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMG constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas) la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Dicha beneficiaria sólo podrá introducir sus productos al mercado local, observando rigurosamente los requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley N° 7210 y sus reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 500 trabajadores, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Asimismo, se obliga a realizar una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos US$150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de julio de 2011, así como a realizar y mantener una inversión mínima total de US $10.000.000,00 (diez millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 20,33%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión nueva inicial en activos fijos y la mínima total de la beneficiaria, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el 01 de julio de 2011. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional dispongan para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. Asimismo, la empresa deberá registrase como patrono en el sistema que la Caja Costarricense de Seguro Social disponga para ello, a partir de la fecha en que se le notifique el ingreso al Régimen de Zonas Francas.

16.—Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y Publíquese

Dado en la Presidencia de la República, San José, 2 de noviembre del 2010.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Comercio Exterior a. í.—Fernando Ocampo Sánchez.—1 vez.—RP2010212759.—(IN2010105884).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Nº 000919.—Programa Presupuestario 326.—San José, a las 14:55 horas del 7 de diciembre del 2010.

Se conoce el oficio AJ-097-2005 DGPN del 31 de marzo del año 2005, emitido por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, por medio del cual se considera la posibilidad de que el Ejecutor de Programa de los diferentes Ministerios que integran el Gobierno Central, pueda delegar la firma de los documentos de la ejecución presupuestaria.

Resultando:

1º—Que mediante el oficio AJ-238-03 del 28 de mayo del 2003, suscrito por la Lic. Daisy López Masís, Coordinadora General de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, se dispuso que conforme al artículo 55 del Reglamento a la Ley N° 8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la firma de las solicitudes de trámite de los documentos presupuestarios, no puede ser delegada, puesto que se le atribuye como un deber al responsable de la unidad financiera y al jefe de programa, subprograma o proyecto. Además se infiere que al no poder el delegado resolver el fondo del asunto (sino que únicamente se limitará a firmar el acto), el cual necesita de un acuerdo publicado para ello, no resulta conveniente que en materia presupuestaria que se refiere propiamente a fondos públicos, se delegue la firma de esos actos, pues debilitaría los controles existentes y además entrabaría los procedimientos administrativos.

2º—Que no obstante lo anterior, mediante oficio Nº 8016 (DAGJ-291-2003) del 15 de julio del 2003, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República emitió criterio vinculante, señalando que resulta viable la delegación de firma de los documentos de ejecución presupuestaria.

3º—Que mediante el oficio DAGJ-2648-2004 del 11 de octubre del 2004, emitido por la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República, se concluyó entre otras cosas que, si opera la delegación de firma en documentos referidos a ejecución presupuestaria, en la cual el titular conserva la competencia y rinde cuentas por ello.

4º—Que mediante el oficio número 20050961 del 01 de marzo del 2005, suscrito por el Lic. Ronald Muñoz Corea, en su condición de Subdirector de la Dirección Jurídica de este Ministerio, se le solicita a la Dirección General de Presupuesto, se pronuncie respecto a la posibilidad de que el Oficial Presupuestal, Ejecutores de Programa y de Proyecto puedan delegar la firma de los actos administrativos relativos a la materia presupuestaria.

5º—Que mediante el oficio AJ-097-2005 DGPN del 31 de marzo del 2005, suscrito por el Lic. José Luis Araya Alpízar, Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, manifiesta que la delegación de firmas, se limita a encargar al delegado, la firma de lo resuelto por el delegante, quien es el que asume la responsabilidad por lo consignado, manteniendo la competencia decisoria del asunto, y que la Dirección General de Presupuesto Nacional considera que es procedente que los ejecutores y subejecutores de programa, proyecto y el Oficial Presupuesta! puedan delegar la firma de los documentos de la ejecución presupuestaria, eso sí, respetando los procedimientos establecidos en el Sistema Integral de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

6º—Que mediante Resolución No. 326 de las 12:40 horas del 26 de marzo del dos mil diez, publicada en La Gaceta Nº 68 del 9 de abril del dos mil diez, se delegó la firma de los actos y documentos referidos a la ejecución presupuestaria y propios del Ejecutor de Programa 326, en la Lic. Roxana Montoya Rojas, portadora de la cédula de identidad número 1-615-401, quien ocupa el cargo de Ejecutora del Programa Presupuestario 326 de este Ministerio.

Considerando:

I.—Que el Ordenamiento Jurídico ha previsto la figura de la delegación, por medio de la cual todo servidor público podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza. Para la implementación de dicha figura, se establecen algunos elementos o requisitos esenciales, los cuales se encuentran establecidos a partir del artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública. Por su parte, el numeral 92 de dicho cuerpo normativo, regula la posibilidad de delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél.

II.—Que la Procuraduría General de la República se ha pronunciado en lo que respecta a la materia que nos ocupa, determinando las diferencias entre la delegación de firma y la delegación de competencia. Así, se trascribe en lo conducente el criterio emitido en el Oficio OJ-050-97 del 29 de setiembre de 1997, el cual señala:

“...Pero, mientras que en la delegación de firmas se encarga la realización de una formalidad atinente al acto mediante el cual se materializa la resolución de un asunto, en la delegación stricto sensu lo que se acuerda es la trasmisión de la potestad decisoria con todas las consecuencias y limitaciones que se prescriben en los artículos 84 y siguientes, (...), cabría afirmar que no existe, de principio, limitación para que un Ministro delegue en un subordinado (y no necesariamente quien sea su inmediato inferior), la firma de las resoluciones que corresponden, siempre entendiendo que con tal proceder quien toma la decisión es el delegante. Amén de ello, debe precisarse que, en caso de los Ministros como órganos superiores de la Administración del Estado (vid. Artículo 21 de la Ley General) dicha “delegación” se circunscribe únicamente a la resolución de asuntos que sean competencia exclusiva y excluyente de ese órgano, es decir, que no impliquen competencias compartidas con el Presidente de la República...”

III.—Que en materia de ejecución presupuestaria tanto la Contraloría General de la República como la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, se han pronunciado considerando viable la delegación de firmas de documentos referidos a la ejecución presupuestaria, para lo que el titular conserva la competencia y rinde cuentas por ello, y deberá constar las firmas de los delegados en el registro de firmas existente para estos fines. Se hace la salvedad que en cualquier momento cabe la revocación de dicha delegación.

IV.—Que con el propósito de aligerar y facilitar la función administrativa desarrollada en el Programa Presupuestario 326 de este Ministerio, el suscrito mediante Resolución Nº 326 de las 12:40 horas del 26 de marzo del dos mil diez, publicada en La Gaceta Nº 68 del 9 de abril del dos mil diez, resolvió delegar la firma de los actos y documentos referidos a la ejecución presupuestaria y propios del Ejecutor del Programa 326, en la Licda. Roxana Montoya Rojas, portadora de la cédula de identidad número 1-615-401.

V.—Que así mismo, el suscrito resolvió que, en ausencia de la señora Roxana Montoya Rojas, por motivos de vacaciones, incapacidades u otras razones por las cuales deba ausentarse temporalmente, se delegaría la firma de los actos y documentos referidos a la ejecución presupuestaria propios del Ejecutor del Programa 326 en la entonces Oficial Mayor, Licenciada Rosaura Montero Chacón, cédula de identidad Nº 1-410-570.

VI.—Que mediante la presente resolución se ha determinado que la persona que en ausencia de la señora Montoya Rojas, por los motivos antes expuestos, será en quien se delegará, la firma de los actos y documentos referidos a la ejecución presupuestaria propios del Ejecutor del Programa 326, será la señora María Luisa Aguirre Murillo, portadora de la cédula de identidad número 1-1209-0119. Por tanto,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, RESUELVE:

1º—Revocar la delegación de firma dispuesta mediante Resolución Nº 326 de las 12:40 horas del 26 de marzo del dos mil diez, publicada en La Gaceta Nº 68 del 9 de abril del 2010.

2º—Delegar la firma de los actos y documentos referidos a la ejecución presupuestaria y propios del Ejecutor de Programa 326 en la Licenciada Roxana Montoya Rojas, portador de la cédula de identidad número 1-615-401, quien ocupa el cargo de Ejecutora del Programa Presupuestario 326 de este Ministerio.

3º—En las ausencias de la Lic. Roxana Montoya Rojas, por motivos de vacaciones, incapacidades u otras razones por las cuales deba ausentarse temporalmente, se delega la firma de los actos y documentos referidos a la ejecución presupuestaria propios del Ejecutor de Programa 326, en la señora María Luisa Aguirre Murillo, portadora de la cédula de identidad número 1-1209-0119.

4º—Rige a partir de su publicación.

Notifíquese y publíquese.—Francisco J. Jiménez Ministro de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—O. C. Nº 10309.—Solicitud Nº 3553.—C-136000.—(IN2010105589).

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA

Y TELECOMUNICACIONES

R-G-614-2010-MINAET.—Expediente Administrativo número 133-92, a nombre de Asociación Pro Mejoras de Buenos Aires Toro Amarillo, cédula jurídica tres-cero cero dos-ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta.

Poder Ejecutivo.—San José, a las catorce horas treinta minutos del seis de octubre del dos mil diez. Se conoce del Recurso de Revocatoria contra la resolución número R-260-2010-MINAET de las siete horas del once de mayo del dos mil diez, presentado por el señor Nelson Palacio Díaz-Granados, en su condición de apoderado especial de la Asociación Pro Mejoras de Buenos Aires Toro Amarillo, cédula jurídica tres-cero cero dos-ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta.

Resultando:

1º—Que mediante la resolución número R-376-94-MIRENEM de las diez horas quince minutos del catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se otorgó concesión de extracción de materiales en el cauce de dominio público Río Toro Amarillo a favor de la Asociación Pro Mejoras de Buenos Aires Toro Amarillo, cédula jurídica tres-cero cero dos -ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta, representada por el señor Eliécer Rojas Sánchez, por un plazo de cinco años a partir de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Que el área se encuentra en la Hoja Topográfica: Hojas Guápiles del I.G.N, ubicada en San Bosco, Distrito Guápiles, Cantón Pococí, provincia de Limón, entre coordenadas generales: 55.3000-55.6000 este, 25.2000 – 25.4000 norte. Área 21 ha 3520.96 m². (Visible a folios 66 a 70 del expediente administrativo).

2º—Que mediante resolución número 027 de las ocho horas quince minutos del diecinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, notificada el quince de mayo de mil novecientos noventa y seis, se comunica la aprobación del estudio de impacto ambiental. (Visible a folios 125 a 126 del expediente administrativo).

3º—Que el día diecinueve de abril del dos mil uno, se recibe en la Dirección de Geología y Minas/Registro Nacional Minero, por parte del señor Sergio Chavarría Solís actuando como Presidente de la Asociación Pro Mejoras de Buenos Aires de Toro Amarillo, una solicitud de prórroga por un plazo de quince años. (Visible a folio 283 a 284 del expediente administrativo).

4º—Que mediante el oficio número DGM-CZA-073-2006 de fecha nueve de noviembre del dos mil seis, la geóloga Ana Sofía Huapaya manifiesta textualmente lo siguiente:

“Referente a la prórroga de plazo y a las recomendaciones de otorgamiento si en caso este procediere, se manifiesta lo siguiente:

Que la Asociación Pro-mejores de Buenos Aires, ha ido cumpliendo poco a poco con la información técnica que se le ha ido solicitando en esta Dirección. Lo más importante es que cuentan con un cálculo de reservas actualizado (utilizando herramientas topográficas e hidrológicas para dicho cálculo) y cuentan con secciones longitudinales y transversales que permite un mejor modelo del depósito, lo que también permitió una mejor alternativa de técnicas de extracción.

Ya se plasmaron las propuestas de metodologías para todos los procesos que implica la explotación de los aluviones, así como un manejo ambiental dentro de cada proceso.

Por tal razón, en estos momentos es de criterio que se apruebe la solicitud de prórroga de la concesión. Según la documentación técnica revisada, se demuestra que en la actualidad la concesión presenta reservas como para 10 años; no obstante en vista de que se trata de un depósito fluvial, los cuales son sumamente dinámicos y cambiantes, es decir que sus condiciones tienden a variar y por ende su factibilidad técnica, económica y financiera, que la documentación aportada no ha sido completa ni satisfactoria durante la etapa de operación del proyecto y por que la Dirección de Geología y Minas no cuenta con estudios propios, para corroborar si las reservas aportadas en el último estudio presentado por el concesionario, es real, es de criterio y como una medida precautoria extender el plazo por 6 años.

Las labores se condicionan a las siguientes recomendaciones:

    Al cabo del segundo semestre del periodo 2006-2007, se deberá de actualizar y presentar el estudio de factibilidad financiera del proyecto, proyectada como mínimo a cinco años. De esta manera se determinaran índices de rentabilidad del proyecto y se determinará cuales son los beneficios desde el punto de vista financiero que el proyecto aporta al Estado.

    Se deberá de cumplir con el reporte anual de la calidad de los materiales que se ofrece al mercado.

    Las labores de extracción deberán ajustarse al Plan de Manejo Integral del río Toro Amarillo (plan de las que la integran las concesiones que se ubican aguas arriba del Río Toro Amarillo). Esta consiste en el mejoramiento de la sección hidráulica orientada principalmente a la protección de ambas márgenes. Previo algún cambio en la metodología, deberá de solicitarse justificadamente ante la Dirección de Geología y Minas.

    Queda totalmente prohibido extraer material del lecho del río, por tal razón el material extraído será el de arrastre.

    La tasa de extracción no podrá excederse de los 700 m³/día, la tasa queda condicionada al cumplimiento del plan de manejo del cauce (diseño de explotación) aprobado, de lo contrario se procederá con las sanciones correspondientes.

    Para verificar el cumplimiento de lo arriba mencionado el concesionario deberá de replantearlas secciones transversales y longitudinales cada seis meses y rendir informe a la Dirección de Geología y Minas, quien analizará sobre los cambios habidos.

    En todo memento se deberá de mantener vigilancia sobre la estabilidad de ambas márgenes y construir las obras de protección que se requieran para evitar los desbordamientos.

    La maquinaria de extracción y beneficiamiento, será la que se menciona en el documento “INFORME GEOLÓGICO MINERO CAUCE DE DOMINIO PÚBLICO CONCESIÓN 133-92.- EVALUACIÓN DE RESERVAS”, en caso de requerirse algún cambio, deberá de ser comunicado previo a la instalación de estas.

    Solo se le está permitido la entrada dentro del cauce a la maquinaria de la concesión. Equipo o maquinaria no autorizada sólo podrá mantenerse en las áreas de despacho.

    Los cargadores podrán ser usados únicamente para labores de cargado y fuera de la superficie húmeda.

    Las áreas de despacho estarán ubicadas fuera del río y del área de protección forestal.

    Se deberá de mantener la bitácora en el proyecto en donde constara las directrices dadas por el geólogo regente.

    Deberán de mantenerse al día y en sitio los registros de producción, venta y almacenamiento del material.

    El acceso a la concesión serán las aprobadas por esta Dirección.

    Respetar un área de protección desde la margen, hacia el centro del cauce, así como el área de protección, tal como lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal.

    No se podrá mantener apilamientos de material dentro de cauce del río, ni desviaciones significativas del flujo de agua, que inestabilice las márgenes del río. Así mismo no se deberá instalar ni permanente ni temporalmente, herramientas de clasificación del material.

    Deberá de mantenerse la pendiente natural del río.

    Mantenerse la concesión amojonada o con puntos de referencias.

    Deberán de presentarse los informes de labores o informes de avance de labores, en el tiempo que lo establece la ley o lo requiera esta Dirección. (Visible a folios 371 a 373 del expediente administrativo).

5º—Que mediante el memorándum DGM/RNM-285 del nueve de abril del dos mil diez, la Dirección de Geología y Minas/Registro Nacional Minero, recomendó al Poder Ejecutivo otorgar la readecuación del plazo de vigencia de la concesión que rola en el expediente 133-92, por un plazo de 5 años, plazo al que debe deducirse el plazo ya computado desde el dos mil seis, fecha en que fue emitido el oficio número DGM-CZA-073-2006 de fecha nueve de noviembre del dos mil seis, y que la Asociación Pro Mejoras de Buenos Aires Toro Amarillo se dio por notificada y continuo laborando, con una tasa de extracción que no podrá excederse de los 700 m³/día.

6º—Que mediante la resolución número R-260-2010-MINAET de las siete horas del once de mayo del dos mil diez, se resuelve acoger la recomendación de readecuación del plazo de vigencia de la concesión que rola en el expediente 133-92, por un plazo de 5 años, plazo al que debe deducirse el plazo ya computado desde el dos mil seis, fecha en que fue emitido el oficio número DGM-CZA-073-2006 de fecha nueve de noviembre del dos mil seis, y que la Asociación Pro Mejoras de Buenos Aires Toro Amarillo se dio por notificada y continuo laborando, con una tasa de extracción que no podrá excederse de los 700 m³/día.

7º—Que el señor Nelson Palacio Díaz Granados en su condición de representante de la Asociación Pro Mejoras de Buenos Aires de Toro Amarillo, La Rita de Pococí, presenta formal Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio ambas con Nulidad Concomitante contra la resolución 260-2010-MINAET de las siete horas del once de mayo del dos mil diez, en el cual solicita revocar y/o anular la resolución, en cuanto al tema de la readecuación para que en su lugar se conceda la prórroga solicitada al amparo de la ley vigente es en tiempo, sea la Ley 6797 del cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y dos, y atendiendo la recomendación que con sustento técnico hizo la geóloga Ana Sofía Huapaya en oficio DGM-CZA-073-2006, como en derecho corresponde.

8º—Que la Dirección de Geología y Minas/Registro Nacional Minero, mediante el memorándum número DGM/RNM-763-2010 de fecha trece de setiembre del dos mil diez, manifiesta lo siguiente:

“1-   Por resolución 376-94 de las 10:15 horas del 14 de diciembre de 1994, se otorgó concesión de extracción de materiales en el cauce de dominio público Río Toro Amarillo a favor de la Asociación Pro Mejoras de Buenos Aires Toro Amarillo, cédula jurídica 3-002-129450, por un plazo de 5 años contados a partir de la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Por resolución 027 de las 8:15 horas del 19 de abril de 1996, notificada el 15 de mayo de 1996, se comunica la aprobación del estudio de impacto ambiental.

2-     El informe técnico de aprobación de la prórroga es de noviembre del dos mil seis, la Asociación con esa aprobación ha laborado sin que se haya elaborado resolución correspondiente.

3-     El 9 de julio del 2004, la concesionaria manifiesta expresamente su decisión de no ser cubierto por la reglamentación del decreto ejecutivo N° 29300-MINAE, razón por lo que no es posible aplicarle lo dispuesto por dicho Reglamento, pese a que éste otorga la posibilidad de que el plazo de vigencia de la concesión sea mayor. Esta posibilidad es hasta el 28 de junio del 2002, fecha en la que se publica la ley 8246, que modifica el plazo de vigencia de las concesiones en los cauces de dominio público, artículo 36.

4-     En virtud de que el concesionario ya había disfrutado desde el 2006 de la prórroga (presentó informes de labores, pagó canon, pagó impuestos municipales entre otros actos), lo que se recomendó y aplicando el principio de la norma más favorable, (artículo 36 del Código de Minería), fue readecuar el plazo de vigencia original descontando el plazo transcurrido desde el 2006.

5-     Olvida el recurrente que con la readecuación del plazo que se recomendó, el concesionario tiene la posibilidad de solicitar una prórroga de vigencia por 5 años, tal como lo establece el artículo 36 de reiterada cita.”

9º—En la presente resolución se encuentra incorporado el criterio de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 356 de la Ley General de la Administración Pública.

Considerando:

I.—Con fundamento en el artículo primero del Código de Minería, el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales, existiendo la potestad de otorgar, a través del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, concesiones o permisos para el reconocimiento, exploración, y beneficio de los recursos mineros, sin que se afecte de algún modo el dominio estatal sobre esos bienes, procurando con ello, y por medio de sus políticas, la protección, conservación y manejo de los recursos naturales; garantizando la protección efectiva de la biodiversidad del país al promover el conocimiento y uso sostenible, para el disfrute intelectual, espiritual y el desarrollo económico de las generaciones presentes y futuras.

II.—Cuando el concesionario solicitó la concesión de extracción, la normativa vigente era el Código de Minería, Ley 6797 del cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y dos, ley que ya había sufrido dos variaciones en los años mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos ochenta y nueve, pero aún no se había reformado el artículo 36 del Código de Minería, sino hasta la promulgación de la Ley Nº 8246 del veinticuatro de abril del dos mil dos, dicho artículo establece que: “El MINAE podrá otorgar concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público por un plazo máximo de diez años, prorrogable hasta cinco años mediante resolución debidamente fundamentada..”, por lo tanto este artículo no puede ser aplicado en el caso de marras, por no estar vigente dicha norma al momento de la solicitud de la prórroga de concesión, y no puede achacársele responsabilidad al administrado ni perjudicar sus intereses y derechos por el tiempo transcurrido entre la solicitud de la prórroga y la respuesta positiva o negativa por parte de la Administración Pública.

III.—La Ley vigente al momento de la solicitud de prórroga de concesión e incluso del otorgamiento de la concesión era el Código de Minería, la Ley Nº 6797 del cuatro de octubre del mil novecientos ochenta y dos. Normativa que regulaba en su Título IV, las concesiones de explotación sin clasificación como se encuentran reguladas en el Código de Minería vigente y su Reglamento. El artículo 33 de dicha normativa establece como uno de los derechos de los concesionarios a obtener una prórroga, y en su artículo 30 establece literalmente lo siguiente: “La concesión de explotación se otorgará por un término no mayor de veinticinco años. Sin embargo, mediante negociación entre la Dirección de Geología y Minas e Hidrocarburos y el titular de la concesión se podrá dar una prórroga hasta por diez años, siempre que el titular haya cumplido con todas sus obligaciones durante el período de explotación.”

IV.—Que es función de la Administración Pública cumplir su cometido con estricto apego a la normativa legal vigente. La Administración está obligada a respetar los principios fundamentales del servicio público, para asegurar la continuidad, eficiencia y adaptación a todo cambio en el régimen legal o en las necesidades sociales que satisfagan, así como la igualdad de trato a los usuarios. Dentro de los derechos constitucionales y de respeto obligatorio de todo trámite administrativo, se encuentra la irretroactividad de la ley, el cual sugiere que las normas legales rigen a partir de su vigencia sin poder aplicarse a situaciones pasadas, sobre todo por razones de seguridad jurídica. La base que funda la realidad jurídica del principio de irretroactividad, consiste en la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico. El efecto retroactivo está prohibido por razones de orden público. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus diferentes trámites y cumplen con sus deberes jurídicos, por ende dar un efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas, por lo que en aplicación al principio de irretroactividad de la ley, lo procedente era aplicar a la presente concesionaria la normativa que estaba vigente al momento de su solicitud de prórroga como en derecho corresponde, y la aprobación o no de la prórroga depende de los análisis y estudios técnicos que el ente competente hubiese realizado.

V.—Que mediante oficio del ente técnico número DGM-CZA-073-2006 del nueve de noviembre del dos mil seis, la geóloga Ana Sofía Huapaya, se pronuncio de forma positiva en cuanto a la solicitud de prórroga, al manifestar que “en estos momentos es de criterio que se apruebe la solicitud de prórroga de la concesión”.

VI.—Que la readecuación del plazo de vigencia de las concesiones, es un proceso que se aplicó a las concesiones que fueron otorgadas antes de la vigencia del Decreto Ejecutivo número 29300-MINAE y se acogieron al mismo, sin embargo en el caso que aquí nos ocupa la concesionaria manifestó el nueve de julio del dos mil cuatro, su decisión de no ser cubierto por la reglamentación del Decreto Ejecutivo número 29300-MINAE, razón por lo cual lo aplicable en este caso es una prórroga de vigencia como lo establece la normativa vigente al momento de la solicitud de la prórroga, y no como se concedió en la resolución recurrida una readecuación del plazo.

VII.—Que la Dirección de Geología y Minas/Registro Nacional Minero, recomendó mediante el memorándum DGM/RNM-285-2010 del nueve de abril del dos mil diez, al Poder Ejecutivo una readecuación del plazo de la concesión, pensando siempre en el beneficio de la concesionaria al considerar que con la readecuación del plazo de la concesión, la concesionaria se vería beneficiada con un plazo mayor y además por considerar que la concesionaria ya había disfrutado de la prórroga desde el dos mil seis desde el momento en que le fue notificada el oficio número DGM-CZA-073-2006 al continuar laborando, aplicando el supuesto de la norma más favorable para el administrado, sin embargo, lo correcto era otorgar o no otorgar al concesionario lo solicitado, ya que la Administración no puede abogarse la potestad de otorgar algo que no se le está solicitando, de igual forma no cabe el supuesto de la aplicación de la norma más favorable en este caso, ya que la concesionaria había manifestado expresamente a cual normativa deseaba acogerse, de igual forma debe dejarse claro que no es achacable responsabilidad al funcionario ni deben de ser perjudicados sus intereses con el hecho que desde que se le notificó el oficio número DGM-CZA-073-2006, que como bien lo reconoce la Dirección de Geología y Minas/Registro Nacional Minero en el memorándum número DGM/RNM-763-2010, es el informe técnico de aprobación de prórroga, no se haya emitido la correspondiente resolución de prórroga hasta la fecha.

VIII.—Siendo que la demora acontecida en el expediente número 133-92 no es achacable a la concesionaria, y por haber esta cumplido con las obligaciones del canon anual de superficie, la presentación de informes de labores, pago de impuestos municipales, entre otros actos, los cuales según constan en el expediente fueron aprobados por la Dirección de Geología y Minas/Registro Nacional Minero, y la garantía ambiental, así como en estricto apego del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, de que no se pueden dictar actos contrarios a la reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, siendo en este caso el fundamento técnico el oficio número DGM-CZA-073-2006 del nueve de noviembre del dos mil seis, suscrito por la geóloga Ana Sofía Huapaya, lo procedente es aplicar el artículo 30 del Código de Minería, vigente al momento de la solicitud de la prórroga en el año dos mil uno y otorgar una prórroga a la concesión por diez años, sin embargo, por haber continuado con las labores de extracción la concesionaria, debe deducirse el plazo ya computado desde el año dos mil seis, por lo que el plazo de vigencia vencería en la fecha del dos mil dieciséis, a partir de la notificación de la presente resolución.

IX.—Se concede a la concesionaria la prórroga solicitada, sin embargo, siendo que la normativa vigente a la fecha de su solicitud establece un plazo máximo prorrogable de diez años y habiendo ya la concesionaria disfrutado de cuatro años, se le debe descontar el plazo ya disfrutado, y además se le solicita a la Dirección de Geología y Minas realizar un nuevo estudio de la realidad física de la concesión, por tratarse de un depósito fluvial cuyas condiciones tienden a variar, con el fin de que se establezcan las medidas de control adecuadas para dar seguimiento como en derecho corresponde, a la presente concesión.

X.—Que habiendo la concesionaria cumplido con todos los requisitos establecidos en los artículos Código de Minería, lo procedente es revocar la resolución número R-260-2010-MINAET de las siete horas el once de mayo del dos mil diez, y dictar la presente resolución de prórroga de la concesión, en amparo del criterio técnico emitido mediante el oficio DGM-CZA-073-2006.

XI.—De las obligaciones del concesionario. El concesionario del expediente número 133-92, deberá seguir cumpliendo durante la ejecución de las labores de explotación con cada una de las recomendaciones técnicas señaladas en el oficio DGM-CZA-073-2006 del nueve de noviembre del dos mil seis, la geóloga Ana Sofía Huapaya, que a la letra dicen:

    Al cabo del segundo semestre del periodo 2006-2007, se deberá de actualizar y presentar el estudio de factibilidad financiera del proyecto, proyectada como mínimo a cinco años. De esta manera se determinaran índices de rentabilidad del proyecto y se determinará cuales son los beneficios desde el punto de vista financiero que el proyecto aporta al Estado.

    Se deberá de cumplir con el reporte anual de la calidad de los materiales que se ofrece al mercado.

    Las labores de extracción se deberán ajustarse al Plan de Manejo Integral del río Toro Amarillo (plan de las que la integran las concesiones que se ubican aguas arriba del río Toro Amarillo). Esta consiste en el mejoramiento de la sección hidráulica orientada principalmente a la protección de ambas márgenes. Previo algún cambio en la metodología, deberá de solicitarse justificadamente ante la Dirección de Geología y Minas.

    Queda totalmente prohibido extraer material del lecho del río, por tal razón el material extraído será el de arrastre.

    La tasa de extracción no podrá excederse de los 700 m³/día, la tasa queda condicionada al cumplimiento del plan de manejo del cauce (diseño de explotación) aprobado, de lo contrario se procederá con las sanciones correspondientes.

    Para verificar el cumplimiento de lo arriba mencionado el concesionario deberá de replantearlas secciones transversales y longitudinales cada seis meses y rendir informe a la Dirección de Geología y Minas, quien analizará sobre los cambios habidos.

    En todo memento se deberá de mantener vigilancia sobre la estabilidad de ambas márgenes y construir las obras de protección que se requieran para evitar los desbordamientos.

    La maquinaria de extracción y beneficiamiento, será la que se menciona en el documento “informe geológico minero cauce de dominio público concesión 133-92.- evaluación de reservas”, en caso de requerirse algún cambio, deberá de ser comunicado previo a la instalación de estas.

    Solo se le está permitido la entrada dentro del cauce a la maquinaria de la concesión. Equipo o maquinaria no autorizada sólo podrá mantenerse en las áreas de despacho.

    Los cargadores podrán ser usados únicamente para labores de cargado y fuera de la superficie húmeda.

    Las áreas de despacho estarán ubicadas fuera del río y del área de protección forestal.

    Se deberá de mantener la bitácora en el proyecto en donde constara las directrices dadas por el geólogo regente.

    Deberán de mantenerse al día y en sitio los registros de producción, venta y almacenamiento del material.

    El acceso a la concesión serán las aprobadas por esta Dirección.

    Respetar un área de protección desde la margen, hacia el centro del cauce, asó como el área de protección, tal como lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal.

    No se podrá mantener apilamientos de material dentro de cauce del río, ni desviaciones significativas del flujo de agua, que inestabilice las márgenes del río. Así mismo no se deberá instalar ni permanente ni temporalmente, herramientas de clasificación del material.

    Deberá de mantenerse la pendiente natural del río.

    Mantenerse la concesión amojonada o con puntos de referencias.

Deberán de presentarse los informes de labores o informes de avance de labores, en el tiempo que lo establece la ley o lo requiera esta Dirección.

En el mismo sentido, deberá continuar con el cumplimiento de las demás directrices que le gire la Dirección de Geología y Minas, como órgano encargado de vigilar la actividad minera del país, así como con las siguientes obligaciones que le imponen el Código de Minería y su reglamento:

1.  Solicitar la inscripción de la resolución de otorgamiento de la concesión.

2.  Presentar un informe de labores anual.

3.  Pago de canon anual de superficie.

4.  El amojonamiento del área concesionada.

5.  Contar con un Reglamento de Seguridad e Higiene aprobado por el Ministerio del Trabajo.

6.  Cumplir con el proyecto técnico aprobado.

7.  Cumplir con las normas ambientales y demás directrices que le gire la SETENA y la DGM.

8.  Mantener al día la Bitácora del Colegio de Geólogos de Costa Rica.

9.  Mantener vigente el contrato con el geólogo o ingeniero en minas regente.

10.  Mantener al día los siguientes documentos:

    Un plano, a escala conveniente de los trabajos, que permita determinar cualitativa y cuantitativamente la evolución de la explotación, y en el caso de cauces de dominio público, los cambios en la dinámica del río.

    Un diario de respaldo al plano de los trabajos donde se consignen los hechos relevantes ocurridos en los frentes de explotación y en los cauces de dominio público, los cambios en la dinámica del río.

    Un registro del personal empleado.

    Un registro de producción, venta, almacenamiento y exportación de los materiales. Estos documentos quedarán a disposición de la DGM y del Registro Nacional Minero, quien podrá consultarlos en todo momento.

11.  Informar semestralmente al RNM sobre cambios en la propiedad de las acciones en caso de personas jurídicas.

12.  Solicitar la autorización y registrar ante el RNM los contratos de beneficiamiento de materiales cuando esta actividad sea realizada por un tercero.

13.  Explotar racional y efectivamente la concesión de acuerdo al Plan de Explotación aprobado.

14.  Mantener en el sitio de la explotación copia certificada de la resolución de otorgamiento de la concesión.

15.   Cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento al Código de Minería y en la resolución de otorgamiento de la concesión.

16.   Deberá iniciar los trabajos formales de extracción, dentro del plazo que se determine en la resolución de otorgamiento del título. Asimismo deberá mantener las operaciones en forma regular y no podrá interrumpir la extracción por períodos mayores de seis meses, siempre que las condiciones físicas del cauce lo permitan.

17.   Pago de los impuestos Municipales y Nacionales que le correspondan.

18.   Dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha en que se notifica al interesado la resolución de otorgamiento del permiso de exploración o concesión de explotación, éste debe solicitar formalmente al Registro Nacional Minero su inscripción en el libro respectivo, caso contrario la tramitación quedará sin efecto, la solicitud se tendrá por no presentada y los antecedentes serán archivados.

19.   El titular de la concesión está obligado a rendir un informe anual elaborado, refrendado y dirigido por un geólogo o ingeniero en minas regente de la actividad, miembro activo del Colegio de Geólogos de Costa Rica y al Colegio de Ingenieros de Costa Rica respetando el Programa de Explotación Geológico-Minero autorizado por la Dirección de Geología y Minas, el cual debe presentarse en original y dos copias y contendrá como mínimo y con los requerimientos exigidos por el artículo 75 del Reglamento al Código de Minería.

20.   De conformidad con lo indicado en el artículo 85 del Reglamento al Código de Minería, el concesionario, tiene la obligación de conservar en el sitio donde se realiza la actividad minera la bitácora geológica, cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Uso de Bitácora en Actividades Geológicas. El incumplimiento a lo anterior, será causal de cancelación de conformidad con los artículos 62 ó 63 del Código de Minería, según corresponda. Los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas, que realicen inspección en el área de permiso o concesión, tienen la obligación de asentar en la bitácora día y hora de la visita, así como de consignar aspectos técnicos de relevancia para la actividad desarrollada.

21.   De conformidad con lo indicado en el artículo 86 del Reglamento al Código de Minería, la presente concesión debe ser dirigida por un geólogo o ingeniero en minas debidamente inscrito al Colegio de Geólogos de Costa Rica y Colegio de Ingenieros, respectivamente. El permisionario o concesionario debe presentar ante el RNM el contrato con el Geólogo o Ingeniero en Minas, previo a iniciar labores, el cual debe incorporarse al expediente administrativo correspondiente y mantenerse vigente. El incumplimiento a lo anterior, será causal de cancelación de conformidad con los artículos 62 ó 63 del Código de Minería, según corresponda. Por tanto,

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGIA

Y TELECOMUNICACIONES, RESUELVEN:

1º—Revocar la resolución número R-260-2010-MINAET de las siete horas del once de mayo del dos mil diez, en todos sus extremos y en su lugar conceder a la concesionaria lo solicitado desde un inicio lo cual consiste en la prórroga de la concesión a nombre de la Asociación Pro Mejoras Buenos Aires Toro Amarillo, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta, representada en este acto por el señor Nelson Palacios Días Granados de conformidad con el oficio DGM-CZA-073-2006, por un plazo de diez años según lo establece el artículo 30 del Código de Minería, plazo al cual se le debe deducir el ya computado desde el año dos mil seis, por lo que el plazo de vigencia vencería en la fecha del dos mil dieciséis, a partir de la notificación de la presente resolución, con una tasa de extracción que no podrá excederse de los 700 m³/ día.

2º—La presente prórroga de la concesión queda sujeta al cumplimiento de las recomendaciones de otorgamiento indicadas por la geóloga Ana Sofía Huapaya, mediante oficio DGM-CZA-073-2006, al pago de las obligaciones que la legislación impone y al acatamiento de las instrucciones que le gire la Dirección de Geología y Minas y las demás que establece el Código de Minería y su Reglamento, así como el resto de la legislación aplicable.

3º—Contra la presente resolución caben los recursos reposición o revisión de conformidad con los artículos 342 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública.

4º—Notifíquese la presente resolución al medio indicado por el Licenciado Nelson Palacio Díaz Granados, en su condición de apoderado de la concesionaria en San José, Avenida Segunda, entre calles 38 y 40, Edificio Casa Canadá Anexo 2, y el facsímile 22-58-85-65.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre Argüello.—1 vez.—(IN2010104534).

DOCUMENTOS VARIOS

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA

Nº DGME 110-2010

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 inciso 24) de la Ley General de Migración y Extranjería número 8764, el criterio de la Procuraduría General de la República número C229-2009 del 25 de agosto de 2009, los artículos 1, 2, 7, 31, 34 y 36 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-92-2009, de las nueve horas del 19 de noviembre de 2009, así como lo dispuesto en la Ley N° 8790 o Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2010.

Considerando:

I.—Que la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Migración, ha girado cordial invitación para participar en la “Capacitación sobre trata de personas, trabajo infantil forzado y turismo sexual que involucra a personas menores de edad”, a celebrarse en la ciudad de Guatemala, en la República de Guatemala, lo cual es de interés para el Ministerio de Gobernación y Policía y por ende para la Dirección General de Migración y Extranjería.

II.—Que para efectos de participación en la citada reunión a que hace referencia el Considerando Primero anterior, se ha designado a la Licenciada Sandra Chávez Esquivel, cédula número 1-0967-0542, en calidad Encargada de la Unidad de Trata y Tráfico Ilícito de Personas, de la Dirección General de Migración y Extranjería; Órgano del Ministerio de Gobernación y Policía de conformidad con el artículo 12 de la Ley General de Migración y Extranjería número 8764. Dicha cita tendrá lugar en la República de Guatemala, a celebrarse los días del 06 al 08 de diciembre de 2010. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la Licenciada Sandra Chávez Esquivel cédula número: 1-0967-0542, en calidad de Encargada de la Unidad de Trata y Tráfico Ilícito de Personas, para que participe en la reunión citada en el Considerando Primero del presente Acuerdo, que se realizará en la República de Guatemala, a celebrarse los días del 06 al 08 de diciembre de 2010.

Artículo 2º—Los gastos por conceptos de tiquetes aéreos, impuestos, hospedaje, alimentación, transporte hotel aeropuerto hotel y transporte interno serán cubiertos por la entidad organizadora. Los gastos de la Licenciada Sandra Chávez Esquivel por concepto de gastos menores, hasta un 8% de la tarifa diaria, por un monto de $13,60 (trece dólares sesenta centavos) diarios, serán cubiertos con recursos del Presupuesto Ordinario y Extraordinario asignados a la Dirección General de Migración y Extranjería, lo anterior calculado según la tarifa de Reglamento, por un monto de $170,00 diarios (ciento setenta dólares) para viajes a Guatemala.

Artículo 3º—Que durante los días en que participe la Licenciada Sandra Chávez Esquivel en la actividad a la que se refiere este acuerdo, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—El presente Acuerdo rige del 05 al 09 de diciembre del año 2010.

Dado en la Dirección General de Migración y Extranjería, el 03 de diciembre de 2010.—Kathya Rodríguez Araica, Directora General.—1 vez.—O.C. Nº 030-010.—Solicitud Nº 33869.—C-38250.—(IN2010105658).

Nº DGME-109-2010

LA DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 inciso 24) de la Ley General de Migración y Extranjería número 8764, el criterio de la Procuraduría General de la República número C229-2009 del 25 de agosto de 2009, los artículos 1, 2, 7, 31, 34 y 36 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-92-2009, de las nueve horas del 19 de noviembre de 2009, así como lo dispuesto en la Ley N° 8790 o Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2010.

Considerando:

I.—Que la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Migración, ha girado cordial invitación para participar en el “Taller Retos en Materia de Legislación Sobre Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en los Países de la Conferencia Regional Sobre Migración y de Protección de Personas y Tráfico de los Derechos Humanos de las Víctimas” a celebrarse en el Salvador, lo cual es de interés para el Ministerio de Gobernación y Policía y por ende para la Dirección General de Migración y Extranjería.

II.—Que para efectos de participación en el citado taller a que hace referencia el Considerando Primero anterior, se ha designado al Licenciado Ronald Villalobos Rodríguez, cédula número 3-0269-0726, en calidad de Subjefe de la Policía Profesional de Migración de la Dirección General de Migración y Extranjería; Órgano del Ministerio de Gobernación y Policía de conformidad con el artículo 12 de la Ley General de Migración y Extranjería número 8764. Dicha cita tendrá lugar en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador a celebrarse los días del 01 al 03 de diciembre de 2010. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al Licenciado Ronald Villalobos Rodríguez cédula número 3-0269-0726, en calidad de Subjefe de la Policía Profesional de Migración, para que participe en la reunión citada en el Considerando Primero del presente Acuerdo, que se realizará en la ciudad de San Salvador República de El Salvador, los días del 01 al 03 de diciembre de 2010.

Artículo 2º—Reconocer los gastos en que incurra el Licenciado Ronald Villalobos Rodríguez, siendo la tarifa máxima establecida para viajar a El Salvador, de ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América ($180.00 USD) diarios. Por gastos de hospedaje, hasta un 60%, correspondiendo a ($108 USD) ciento ocho dólares diarios; alimentación desglosada de la siguiente manera: hasta un 8% diario, se destinara para desayuno, para un total de ($14.40 USD) catorce dólares con cuarenta centavos diarios; hasta un 12% diario, para almuerzo correspondiendo a ($21.60 USD) veintiún dólares con sesenta centavos diarios y, hasta un 12% diario para cena, correspondiendo a ($21.60 USD) veintiún dólares con sesenta centavos diarios, finalmente, hasta un 8% para gastos menores de viaje que corresponden a la suma de ($14.40 USD) catorce dólares con cuarenta centavos diarios. Los gastos por concepto de impuestos de salida, transporte y gastos en tránsito -si los hubiere-, de Aeropuerto Hotel Aeropuerto de los días del 01 al 03 de diciembre de 2010, serán cubiertos con recursos del Presupuesto Ordinario y Extraordinario asignados a la Dirección General de Migración y Extranjería. Los tiquetes aéreos serán donados por la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Migración.

Artículo 3º—Que durante los días en que participe el Licenciado Ronald Villalobos Rodríguez en la actividad a la que se refiere este acuerdo, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—El presente Acuerdo rige del 01 al 04 de diciembre del 2010.

Dado en el Ministerio de Gobernación y Policía, el 1º de diciembre de 2010.—Kathya Rodríguez Araica, Directora General.—1 vez.—O. C. Nº 030-010.—Solicitud Nº 33868.—C-42500.—(IN2010105659).

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Acuerdo Nº 013-2010.—San José, 7 de diciembre de 2010

Con fundamento en lo que establece el artículo 140, inciso 2) de la Constitución Política y 2º del Estatuto de Servicio Civil.

ACUERDA:

Artículo 1º—Nombrar en propiedad en el Consejo Nacional de Vialidad y con sujeción a las disposiciones del Régimen de Servicio Civil, a los siguientes funcionarios:

Nombre

Cédula Nº

Nº puesto

Clase puesto

Rafael Moya Acuña

1-0880-0928

503534

Profesional de Servicio Civil 3

Pablo Bonilla Prado

1-0368-0076

015637

Conductor de Servicio Civil 2

 

Artículo 2º—Rigen a partir del 1º y 16 de setiembre de 2010.

Publíquese.—Ing. Carlos Acosta Monge, Director Ejecutivo.—1 vez.—O. C. Nº 185-010.—Solicitud Nº 30359.—C-17000.—(IN2010105504).

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES

Resolución Nº 024-2010.—Consejo Nacional de Concesiones.—San José, a las doce horas del dieciocho de noviembre del dos mil diez. Conoce este Consejo Nacional de Concesiones el procedimiento presentado por la Sociedad Concesionaria Autopistas del Sol S. A., para la fiscalización del tránsito de vehículos exentos del pago de peaje en la ruta Nº 27: San José-Caldera, que se encuentran debidamente identificados o asignados a la institución que pertenecen, así como a los que por la naturaleza de sus funciones no cuentan con ningún tipo de distintivo que permita a la Sociedad Concesionaria establecer el control correspondiente, previa autorización de las entidades titulares de los vehículos, y llevar el registro correspondiente por vehículo con su correspondiente categoría, entidad, y otras particularidades. Lo anterior permitirá además que se pueda realizar la respectiva fiscalización a través de la Supervisora del Proyecto Concesión Carretera San José-Caldera que determine la cantidad de estos vehículos que circulan en el trayecto de la autopista concesionada, todo ello a efecto de la debida y oportuna comprobación del tráfico y los ingresos que deben ser reportados mensualmente a este Consejo por parte de la Sociedad Concesionaria.

Resultando:

1º—La Secretaría Técnica mediante los oficios DTS-OF-1236-2009 del 7 de setiembre del 2009 y DST-OF-1530-2009 del 28 de octubre del 2009 definió de conformidad con el Ordenamiento Jurídico y el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos de la Carretera San José- Caldera, los vehículos que tienen derecho de paso por la ruta dada en concesión a la empresa Autopistas del Sol S. A.

2º—Que mediante oficio SJ-C/DE 08-040/10 la Sociedad Concesionaria Autopistas del Sol S. A. (en adelante la Sociedad Concesionaria), presentó ante la Gerencia del Proyecto el 19 de agosto del 2010, un procedimiento que permita el paso de los vehículos exentos del pago de peaje, tanto de los que se encuentran debidamente identificados a la Institución que pertenecen, así como a los que no cuentan con ningún tipo de distintivo que les permita determinar que cuentan con este privilegio, para 10 cual se indica en lo que interesa para esta resolución, 10 siguiente:

“Desde el inicio de la operación se le explicó a los cuerpos del estado e instituciones que para permitir el control de los exentos por parte del concesionario debían entregar un tickete en el momento del paso por las casetas del peaje con las características de seguridad que el concesionario exigiera.

Lógicamente, al ser un elemento con el que se podría hacer fraude este concesionario solicitó unas características de seguridad que evitaran este fraude, a lo que la mayoría de los cuerpos del estado respondieron que el tickete resultaba más caro y que preferían pasar sin entregar nada, lógicamente. Esto da lugar a situaciones conflictivas y de abuso de poder de las que hemos ido informando oportunamente.

Para tratar de resolver esto nos permitimos sugerirle la siguiente solución que permitiría simplificar la gestión y evitar las molestias da los vehículos exentos.

Solo son vehículos exentos aquellos que:

1-  Opción 1

    Pertenezcan a alguna de las instituciones referidas por el CNC

    Lleven placa y lago de esa institución

    Lleven luces y sirenas fifas en el techo del vehículo.

2-  Porten una tarjeta especial de exento. También se considera exento aquel que se encuentre circulando entre dos vehículos de la opción 1 en comitiva.

Esta tarjeta especial de exento será una tarjeta magnética convencional que gestionaría el concesionario y que se entregaría a aquellos vehículos exentos que, por la naturaleza de sus funciones, no cumplan alguna de las tres condiciones mencionadas en el punto 1 y siempre por indicación del CNC.

Esta tarjeta contendría la siguiente información: Institución, número único de tarjeta especial de exento, marca, modelo y color del vehículo.

El procedimiento para el uso de la misma sería el siguiente:

    El conductor se dirige a cualquier vía

    Entrega la tarjeta al cobrador

    El cobrador comprueba marca, modelo, color y placa del vehículo

    El cobrador verifica la institución si es posible (no válido para OIJ y otros policías con vehículos particulares)

    Si las características no coinciden, se devuelve la tarjeta al usuario y se toma nota de ello, debiendo el usuario abonar en efectivo.

    Si las características coinciden, el cobrador desliza la tarjeta por el lector.

    Si la tarjeta es válida, el sistema permite el paso.

    Si no es válida, no se permite el paso, debiendo el usuario abonar en efectivo.

En cuanto a la financiación del dispositivo, proponemos realizar un cobro simbólico de dos dólares por cada tarjeta.” (ver folio 042 de expediente administrativo llevado al efecto)

3-  Mediante oficio SJC-1722/09-2010 del 8 de setiembre del 2010, suscrito por la Gerencia del Proyecto San José-Caldera, se le solicitó a la Supervisora del Proyecto, Consorcio CACISA- Cano Jiménez analizar la propuesta de la Sociedad Concesionaria plasmada en el oficio SJ-C/DE 08-040110. En dicho documento se indicó:

“... se consideró necesario que esa Supervisora revise el procedimiento propuesto por el Concesionario y presente las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes. Asimismo, es indispensable que esa Supervisora complemente el procedimiento, a fin de incorporar las acciones que sean necesarias para la verificación de los registros de tráfico e ingresos que presente el Concesionario en los informes mensuales, a efecto de comprobar los vehículos que pasaron exentos del pago de peaje utilizado este mecanismo (tarjeta magnética). Esto tomando en cuenta que la verificación del tránsito en las estaciones de peaje, por parte de esa Supervisora, se realiza con base en videos, de manera que para el auxiliar que hace los conteos será difícil contabilizar, en forma separada, estos vehículos exentos, en razón de que no poseen ningún tipo de distintivo que los identifique como tales.” (ver folio 049 del expediente administrativo).

4-  La Secretaría Técnica mediante oficio DST-OF-1024-2010 del 20 de setiembre del 2010, le solicitó a la Gerencia del Proyecto dar seguimiento al oficio SJC-1722/09-2010 de marras, para que a la brevedad recomiende la forma más eficiente y efectiva en que se fiscalizará el proceso descrito por la Sociedad Concesionaria para el control de los vehículos exentos del pago del peaje, que no tienen ningún distintivo de ser identificados como vehículos de uso oficial por las labores propias de sus funciones, de forma tal que se pueda dar cumplimiento a 10 establecido en el oficio DST-OF-1236-2009 del 7 de setiembre de la Secretaría Técnica en su punto 1.b.ii) referente a este tipo de vehículos. (ver folio 057).

5-  Mediante oficio SJC-1924/10-2010 del 4 de octubre del 2010, suscrito por la Gerente del Proyecto, dirigido a la Dirección Jurídica de este Consejo se adjunta copia del oficio SSJC-154-Sep-2010 en el que la Supervisora del Proyecto, CACISA- Cano Jiménez se refiere al sistema propuesto por la Sociedad Concesionaria para la implementación del control en estudio, el cual indica:

“Para el caso Nº 2, propuesto para vehículos exentos, que no portan luces, ni lagos, ni placas y que por lo tanto no es posible que sean identificados por el cobrador, consistente en una tarjeta magnética, en reemplazo del cupón que se había propuesto antes, consideramos que es una buena medida de control. No obstante el costo propuesto por el Concesionario de la tarjeta magnética de dos dólares ($2) es bajo, este debe ser asumido por el Concesionario, para evitar que sea la causa para que algunas de las entidades no accedan a su colocación, más bien se puede advertir que en caso de necesidad la reposición de esta tarjeta tendrá un costo que puede ser el indicado por Autopistas del Sol.

Además basados en la experiencia en otros países recomendamos que la tarjeta vaya adherida de forma permanente en el parabrisas de los carros, la cual será pegada directamente por funcionario autorizado de Autopistas del Sol previa verificación del vehículo, con esto se agiliza el paso por la estación de peaje y se evitan posibles fraudes con complicidad o por descuido del cobrador al ser portada por un particular que se desplace en un vehículo que no tiene derecho a la exención.

El resto del procedimiento se encuentra adecuado y por lo tanto damos recomendación de aprobación para su implementación.” (ver folios 074 y 073).

6-  Asimismo, la Gerencia del Proyecto mediante oficio SJC-1968/10-2010 del 7 de octubre del 2010 dirigido a la Secretaria Técnica enumeró las recomendaciones dadas por la empresa Supervisora mediante su oficio SSJC-154-Sep-2010 e indicó que queda a la espera de la aprobación del procedimiento a fin de coordinar las acciones necesarias con la Sociedad Concesionaria y la Supervisora del Proyecto para su implementación y fiscalización correspondiente. (ver folio 077).

7-  La Sala Constitucional en recientes Votos ordenó al Consejo Nacional de Concesiones en coordinación con la Sociedad Concesionaria que se tomen las acciones necesarias para que no se cobre peaje a los vehículos de emergencia indicados en los artículos 42 y 43 del Reglamento de Operación y Servicio del Contrato de Concesión San José-Caldera.

8-  En fecha 21 de octubre del 2010 en las instalaciones del Consejo Nacional de Concesiones se llevó a cabo una reunión con todas las partes involucradas en el presente asunto para dar una solución técnica y legal al problema de la fiscalización del paso de vehículos exentos. Participaron en dicha reunión representantes de la Supervisora Cacisa-Cano Jiménez, la Gerencia del Proyecto San José-Caldera, un representante de la Sociedad Concesionaria Autopistas del Sol S. A. y representantes del Consejo Nacional de Concesiones. (ver folio 093).

Considerando:

1º—De la competencia. Como parte de las funciones que le corresponden al Consejo Nacional de Concesiones como Administración Concedente, de conformidad con los artículos 8º y 16 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos (LGCOPSP), número 7762 con sus reglamentos y reformas, se encuentra la fiscalización permanente de toda construcción y explotación de obras y servicios concesionados, de acuerdo con el programa de construcción y mantenimiento de las obras o del reglamento de servicios de conformidad con el cartel de licitación y el contrato de concesión (artículo 16 de la Ley Nº 7762 y sus reformas). Respecto a este tema el reglamento a la ley establece en su artículo 3º que “la relación jurídica que se origine entre la respectiva administración concedente y el concesionario, se regirá por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo costarricense”, situación que también es avalada por las partes contratantes en la cláusula 9.1 del contrato de Concesión.

En ese mismo orden de ideas, las potestades de fiscalización y control por parte de la administración concedente se ven amparadas en la emisión de las providencias necesarias para que el concesionario se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión para la ejecución de las obras o la explotación de los servicios concesionados. (art. 48.2 del reglamento a la LGCOPSP).

De conformidad con la normativa de cita, se procede al análisis del procedimiento que permita el paso de los vehículos identificados o no, exentos del pago de peaje en la carretera San José-Caldera, para garantizar que cuentan con este privilegio.

2º—Objeto de la resolución. El objeto de la presente resolución, es aprobar el procedimiento idóneo, eficiente y oportuno para fiscalizar el paso de los vehículos exentos del pago de peaje tanto los que se encuentran identificados a la Institución a que pertenecen, como los que por la naturaleza de las funciones que realizan no es conveniente que visiblemente exhiban sus distintivos, de manera que no están identificados como vehículos policiales.

Para los efectos correspondientes la Sociedad Concesionaria Autopistas del Sol remitió el procedimiento descrito en el resultando primero de esta resolución, para 10 cual la Gerencia del Proyecto solicitó el criterio técnico de la Supervisora del Proyecto Consorcio CACISA- Cano Jiménez, que es actualmente la encargada de la supervisión y verificación del control del tráfico de los vehículos que se encuentran exentos del pago de peaje, ejercido por la Sociedad Concesionaria, la cual luego de analizar la propuesta de la Sociedad Concesionaria respondió mediante oficio SSJC-154-Sep-2010, indicando que:

“Para el caso Nº 2, propuesto para vehículos exentos, que no portan luces, ni lagos, ni placas y que por lo tanto no es posible que sean identificados por el cobrador, consistente en una tarjeta magnética, en reemplazo del cupón que se había propuesto antes, consideramos que es una buena medida de control. No obstante el costo propuesto por el Concesionario de la tarjeta magnética de dos dólares ($2) es bajo, este debe ser asumido por el Concesionario, para evitar que sea la causa para que algunas de las entidades no accedan a su colocación, más bien se puede advertir que en caso de necesidad la reposición de esta tarjeta tendrá un costo que puede ser el indicado por Autopistas del Sol.”

3º—Instituciones beneficiadas con la exención del pago de peaje de conformidad con el ordenamiento jurídico y el Reglamento de Operación y Servicio del Contrato de Concesión y Protocolo para el Paso de los Vehículos por las Casetas de Peaje de la Vía Concesionada San José-Caldera.

1-  Vehículos en emergencia: De conformidad con el artículo 42 del Reglamento de Operación y Servicios del Contrato de Concesión se establece que estarán exentos del pago de peaje: “los vehículos pertenecientes a la Policía Administrativa (Fuerza Pública), Policía Judicial (Organismo de Investigación Judicial) y los cuerpos de socorro nacionales (Cruz Roja, Caja Costarricense del Seguro Social, Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y Comisión Nacional de Emergencias)”. Respecto a este tipo de vehículos, la discusión se ha centrado en la imposibilidad de la Sociedad Concesionaria para determinar qué vehículos se encuentran atendiendo una emergencia o no, por lo que se ha decidido, en coordinación con las distintas Entidades beneficiadas, la instauración de un procedimiento para el paso expedito y sin pago de peaje de los vehículos que se encuentran atendiendo una emergencia, para 10 cual se dispuso de carriles de emergencia en todas las estaciones de peaje y personal para la agilización del tráfico.

2-  Vehículos en funciones policiales o de emergencia identificados. Los vehículos policiales que gozan del beneficio serán aquellos destinados en forma exclusiva a los servicios de vigilancia, seguridad ciudadana, mantenimiento de orden público, la protección de los bienes, vidas de los habitantes y demás funciones policiales. Para estos efectos los vehículos exonerados son los asignados a: Organismo de Investigación Judicial, Ministerios de Seguridad Pública, Gobernación y Policía (Guardia Civil, Guardia de Asistencia Rural, la Policía Guardacostas y la Policía de Migración), Policía Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia, Policía de Tránsito dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Policía Municipal dependiente de las Municipalidades.

Dichos vehículos deberán estar debidamente identificados con el rótulo respectivo del cuerpo policial al cual han sido asignados, portando las placas metálicas oficiales y señales rotativas luminosas fijas. Respecto a este tipo de vehículos, en coordinación con las distintas Entidades beneficiadas, se dispuso la instauración de un procedimiento para el paso expedito y sin pago de peaje de los vehículos que cumplen todos los requisitos anteriormente establecidos, para 10 cual se dispuso de carriles de emergencia en todas las estaciones de peaje y personal para la agilización del tráfico.

3-  Vehículos de emergencia y policiales no identificados o identificados parcialmente. De conformidad con el voto de la Sala Constitucional 2010-14505 de las 9:50 del 31 de agosto del 2010 en su parte dispositiva ordena a la Sociedad Concesionaria Autopistas del Sol S. A. que coordine 10 necesario para establecer un mecanismo de identificación y control que permita que no se cobre peaje a los vehículos de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, de conformidad con el oficio DST-OF-1236-2009 del 7 de setiembre del 2009. En concordancia con el voto de marras, es importante aclarar que únicamente se exonerará a aquellos vehículos que se encuentren destinados a labores de investigación asignados a diferentes unidades especializadas del Organismo de Investigación Judicial, Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda y la Policía Especial del Ministerio de la Presidencia que portan placas particulares y que no cuentan con ningún distintivo que permita identificar la institución para la cual labora.

Con fundamento en tales disposiciones de la Sala Constitucional, se dispuso que a cada vehículo de emergencia no identificado o identificado parcialmente, se le hará entrega de una tarjeta magnética para regular su paso por la respectiva estación de peaje, de acuerdo a 10 establecido en el considerando 4 de este mismo documento, de forma tal que cuando esté pasando por la vía concesionada, entregue la tarjeta magnética de acuerdo con el procedimiento indicado en el segundo resultando de la presente resolución, a efecto de que la Administración pueda fiscalizar y supervisar el registro de cobro e ingresos que reporta el Concesionario.

La Institución o unidad a cargo de estos vehículos deberá enviar a la Secretaria Técnica del CNC una lista con la descripción de todos los vehículos que estén en esta condición para que sean ingresados a la base de datos, ya que de conformidad con el procedimiento aprobado ésta será la única manera en que dichos vehículos puedan garantizarse transitar sin el pago del peaje respectivo. De no estar inventariado el vehículo no podrá obtener la exención y no será permitido su paso hasta que cancele el peaje correspondiente quedando librada la Sociedad Concesionaria de cualquier responsabilidad. Todo 10 anterior de conformidad con el procedimiento descrito en segundo resultando de la presente resolución.

4º—Sobre los costos de la emisión del dispositivo de control. De acuerdo con el Contrato de Concesión y el oficio de la Secretaria Técnica del CNC, DST-OF-1236-2009 del 7 de setiembre del 2009, los costos de emisión de los sistemas de exención de pago de las Entidades beneficiadas, debe ser cubierto por las propias instituciones beneficiarias. En acuerdo entre la Secretaria Técnica del CNC y la Sociedad Concesionaria Autopistas del Sol, considerando la importancia de regular y facilitar el desplazamiento de los vehículos de las entidades beneficiadas, se dispuso que Autopistas del Sol implemente un sistema de control mediante tarjetas magnéticas y asuma el costo de un tope de dos mil unidades. En caso de que la cantidad de vehículos exentos sea mayor, el costo será cubierto por el Consejo Nacional de Concesiones en una primera emisión.

En caso de pérdida, robo o reemplazo le corresponde a cada Institución cancelar el costo de la reposición o de la nueva tarjeta magnética. Estas solicitudes deben ser remitidas a la Sociedad Concesionaria para el respectivo trámite.

5º—Supervisión del Procedimiento. De conformidad con el Contrato para la Prestación de Servicios de la Supervisión del Proyecto de Concesión Carretera San José- Caldera, suscrito entre este Consejo y el Consorcio Cacisa- Cano Jiménez, le corresponde a esta empresa o a quienes ocupen dicho cargo o a quien la Secretaría Técnica del CNC designe, la correcta supervisión y control del procedimiento implementado por el concesionario, a fin de que cada uno de los vehículos que transiten por la vía concesionada sean debidamente censados, para su correcta contabilidad, previo al envío de los informes mensuales que normalmente la Supervisora remite al CNC, sobre la cantidad de vehículos que pasan exentos por dicha vía.

En este sentido la Concesionaria Autopistas del Sol deberá controlar el paso de los vehículos exentos del pago mediante dos mecanismos de control: 1- Los vehículos en emergencia y los Vehículos en funciones policiales identificados, deberán ser registrados por la Sociedad Concesionaria y reportados en el informe mensual que debe ser entregado a la Administración, el que será revisado por la Supervisora de Proyecto a través del procedimiento de fiscalización de tráfico. 2- Los Vehículos de emergencia no identificados o identificados parcialmente, deberán presentar al cobrador la tarjeta magnética, la información de la cantidad de vehículos que transitaron con este mecanismo deberá ser reportado en detalle por la Concesionaria Autopistas del Sol en sus informes mensuales, los que serán revisados por la Supervisora y remitida al Consejo Nacional de Concesiones mensualmente.

6º—Denuncias por mal uso, costo del dispositivo y prohibición de exoneración. La responsabilidad de velar por el uso adecuado, eficiente y efectivo de las tarjetas magnéticas le corresponde a las instituciones beneficiadas con dicha exención de pago y de sus Departamentos de Auditoría Interna. Respecto a este punto el Consejo Nacional de Concesiones se reserva el derecho de denunciar cualquier anomalía o mal uso por parte de las Instituciones beneficiadas en la utilización de dicho instrumento que para los efectos confeccionará la Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S. A., so pena de anular la tarjeta magnética indebidamente utilizada, liberando de responsabilidad a la Sociedad Concesionaria.

De igual forma se le hace saber a las autoridades beneficiadas que el costo de los primeros 2000 dispositivos correrá inicialmente por cuenta de la Sociedad Concesionaria, sin embargo en caso de reposición por pérdida éste deberá ser cancelado por la Institución beneficiada.

Queda terminantemente prohibido a la Sociedad Concesionaria exonerar del pago de peaje a todos aquellos vehículos que pertenezcan a las Instituciones beneficiadas que no cumplen el procedimiento estipulado en la presente resolución. Por tanto:

De conformidad con lo anteriormente expuesto,

EL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES, RESUELVE:

1º—Aprobar el procedimiento presentado por la Sociedad Concesionaria Autopistas del Sol S. A. y descrito en el segundo resultando con las disposiciones establecidas en los considerandos de la presente resolución, para la supervisión, control y fiscalización del tránsito de vehículos en emergencia, vehículos en funciones policiales identificados y vehículos de emergencia no identificados o identificados parcialmente, que gocen del beneficio de exención del pago de peaje en la carretera San José-Caldera.

2º—Ordenar a la Gerencia del Proyecto San José- Caldera y a la Supervisora CACISA -Cano Jiménez o a quienes ocupen dichos cargos o a quien la Secretaría Técnica del CNC designe, vigilar y controlar utilizando las mejores prácticas para ello que el procedimiento aprobado se ponga en funcionamiento de inmediato.

3º—Instruir a la Secretaría Técnica para que publique la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta y un diario de circulación nacional, a fin de dar el mayor conocimiento y publicidad del instrumento, a las partes e instituciones beneficiadas.

4º—A todas las partes involucradas, se les otorga un plazo máximo de tres meses, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para la implementación plena de la presente resolución. Notifíquese.—Francisco J. Jiménez, Presidente.—1 vez.—O. C. Nº 01-2010.—Solicitud Nº 34854.—C-275400.—(IN2010105576).

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

AVISO

La Dirección General de Aviación Civil, avisa que el señor Ernesto Gutiérrez Sandí, mayor de edad, casado una vez, Licenciado en Ciencias Económicas, portador de la cédula de identidad uno-trescientos cuarenta y tres-ciento noventa y ocho, vecino de San José, Santa Ana, en calidad de apoderado general de la compañía Taca International, cédula de persona jurídica Nº 3-012-024492, ha solicitado para su representada ampliación al Certificado de Explotación de vuelos regulares internacionales de pasajeros, carga y correo, para operar la ruta Salvador, El Salvador-Liberia, Guanacaste y viceversa, con una frecuencia de cuatro (4) vuelos semanales, explotando derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad del aire. Todo lo anterior conforme a la Ley General de Aviación Civil Nº 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas y el Reglamento para el Otorgamiento de Certificados de Explotación Decreto Nº 3326-T del 25 de octubre de 1973, el RAC 119 Reglamento de Certificado de Operador Aéreo (COA, Certificados operativos y autorizaciones de operación), publicado en La Gaceta Nº 75 del 19 de abril, 2006 y demás disposiciones nacionales e internacionales concordantes. El Consejo Técnico de Aviación Civil en el artículo décimo de la sesión ordinaria número 59-2010, celebrada el día 22 del mes de noviembre del 2010, señaló que la solicitud reúne los requisitos formales exigibles, por lo cual se emplaza a los interesados a fin de que apoyen o se opongan a dicha solicitud en forma escrita y con la prueba correspondiente, dentro del término de 15 días hábiles siguientes contados a partir del día de la publicación del presente aviso. La audiencia pública se celebrará a las 9:00 horas del tercer día hábil siguiente al vencimiento del emplazamiento.—Lic. Jorge Fernández Chacón, Director General.—1 vez.—O. C. Nº 21472.—Solicitud Nº 29783.—C-26350.—(IN2010105588).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN

DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media inscrito en el tomo 1, folio 97, título N° 860, emitido por el Colegio El Rosario, en el año dos mil , a nombre de Portuguez Artavia Andrea Paola. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 31 de julio del 2010.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—MSc. Guisela Céspedes Lobo, Asesora.—RP2010212069.—(IN2010104777).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 10, título N° 63, emitido por el Colegio Nocturno de Hatillo, en el año mil novecientos noventa, a nombre de Masís Redondo Guido Alberto. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 30 de setiembre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010212085.—(IN2010104778).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 132, título N° 1342, emitido por el Colegio Técnico Profesional Ingeniero Mario Quirós Sasso, en el año mil novecientos noventa y nueve, a nombre de Mora Cordero Jéssica María. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 2 de diciembre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010212147.—(IN2010104779).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 15, título N° 79, emitido por el Liceo Pacífico Sur, en el año mil novecientos noventa y tres, a nombre de Chavarría Flores Frannia. Se solicita la reposición del título por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los cinco días del mes de noviembre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—M.Ed. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010105480).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversifícala Rama Académica Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 134, título N° 695, emitido por el Liceo Samuel Sáenz Flores, en el año mil novecientos ochenta y dos, a nombre de Rita Olga Campos Briceño. Se solicita la reposición del título indicado por cambio de nombre, cuyo nombre y apellidos correctos son: Jimena Campos Briceño. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los siete días del mes de diciembre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010212455.—(IN2010105119).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 10, título N° 19, emitido por el Colegio Nocturno Sinaí, en el año dos mil seis, a nombre de Ceciliano Infante Joseph Jesús. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, siete de diciembre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010105345).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 129, título N° 1077, emitido por el Liceo Miguel Araya Venegas, en el año dos mil uno, a nombre de Barahona Obando Natalia Marta. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010105486).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 21, título N° 146, emitido por el Colegio Técnico Profesional Ingeniero Mario Quirós Sasso, en el año mil novecientos setenta y cinco, a nombre de Quirós Sanabria Zeidy. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, cinco de noviembre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010212792.—(IN2010105866).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 82, título N° 912, emitido por el Colegio Madre del Divino Pastor, en el año mil novecientos noventa y ocho, a nombre de Jiménez Céspedes Mauricio. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, siete de diciembre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010212611.—(IN2010105867).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 67, título N° 362, emitido por el Liceo de Miramar, en el año mil novecientos noventa y nueve, a nombre de Peña Matarrita Maciel. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, trece de diciembre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación, Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010105903).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 55, título N° 282, emitido por el Colegio Técnico Profesional José Figueres Ferrer, en el año mil novecientos noventa y nueve, a nombre de Castillo Durán Luis Alonso. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, diez de diciembre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010213273.—(IN2010106401).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, Rama Académica Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 21, título Nº 264, emitido por el Colegio María Auxiliadora de Alajuela, en el año mil novecientos ochenta y uno, a nombre de Arrieta Chacón Maritza. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 13 de diciembre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010106616).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 120, título Nº 877, emitido por el Colegio Nocturno Pbro. Enrique Menzel, en el año dos mil, a nombre de Badilla Dondi Karla. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 7 de diciembre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010213475.—(IN2010106800).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 46, título Nº 83, emitido por el American Center High School, en el año dos mil seis, a nombre de Porras Marín Maríamanda. Se solicita la reposición del título indicado por cambio de nombre, cuyo nombre y apellidos correctos son: Porras Marín Amanda. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 10 de diciembre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010213479.—(IN2010106801).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 20, título Nº 72, emitido por el Colegio Invu Las Cañas, en el año dos mil cinco, a nombre de Hernández Campos Marcial Vinicio. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 14 de diciembre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—RP2010213532.—(IN2010106802).

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN

EDICTO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante este Consejo se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Diplomado en Secretariado Administrativo Bilingüe. Conforme información que consta en los archivos de este órgano el título a reponer se encuentra inscrito tomo 5, folio 356, título N° 30493, emitido por el Colegio Universitario de Cartago (CUC), inscrito en dicha institución tomo 9, folio 73, título N° 15-05-156, en el año dos mil cuatro, a nombre de Karla Badilla Dondi, cédula de identidad 3-0375-0612. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los ocho días del mes de diciembre del dos mil diez.—Ricardo Ramírez Gättgens, Secretario General.—RP2010213476.—(IN2010106816).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO INMOBILIARIO

Se avisa a los usuarios del plano catastrado L-1055776-2006, que por las consideraciones que aparecen en la resolución de las trece horas del dieciocho de noviembre del año dos mil diez, se restablecieron los efectos jurídicos del citado plano.—División Catastral.—Lic. Marlon Aguilar Chaves, Subdirector.—1 vez.—O.C. Nº 10-826.—Solicitud Nº 44614.—C-8500.—(IN2010105487).

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Cambio de Nombre Nº 68935

Que Luis Carlos Gómez Robleto, cédula de identidad 1-694-253, en calidad de apoderado especial de GLO S.p.A., solicita a este Registro se anote la inscripción de cambio de nombre de GLO S.p.A. por el de GLO S.R.L., domiciliado en Poggio Rusco, Mantova, Italia, Vía Pinzone, 2, presentada el día 5 de noviembre de 2010 bajo expediente 68935. El nuevo nombre afecta a las siguientes marcas: 1998-0002821 Registro Nº 119162 G GLO en clase 12 marca mixto. Publicar en La Gaceta Oficial por única vez, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 7978. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—11 de noviembre del 2010.—Adriana Broutin Espinoza, Registradora.—1 vez.—RP2010211197.—(IN2010103056).

Cambio de nombre por fusión Nº 68915

Que Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-335-794, en calidad de apoderado especial de Pernod Ricard México S. A. de C.V., solicita a este Registro se anote la inscripción de cambio de nombre por fusión de JDC S. A. de C.V. por el de Pernod Ricard México S. A. de C.V., con domicilio en Bosques de Las Lomas, Cuajimalpa de Morelos 05120 México D.F. México, presentada el día 4 de noviembre de 2010 bajo expediente 68915. El nuevo nombre afecta a las siguientes marcas: 1900-3153233 Registro Nº 31532 MARIACHI en clase 33 Marca Denominativa, 1900-7536333 Registro Nº 75363 OLMECA en clase 33 Marca Denominativa, 1900-8014533 Registro Nº 80145 MARIACHI TEQUILA en clase 33 Marca Mixta y 1992-0003942 Registro Nº 81977 OLMECA en clase 33 Marca Mixta. Publicar en el Diario Oficial La Gaceta por única vez, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 7978. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—10 de noviembre del 2010.—Lic. Thomas Montenegro Montenegro, Registrador.—1 vez.—(IN2010104093).

Cambio de nombre por fusión Nº 68771

Que Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-335-794, en calidad de apoderado especial de Monsanto Company, solicita a este Registro se anote la inscripción de cambio de nombre por fusión, de D&PL Technology Holding Company LLC por el de Monsanto Company, con domicilio en 800 north Lindbergh Boulevard, ST. Louis, Estado de Missouri, Estados Unidos de América, presentada el día 29 de octubre del 2010 bajo expediente 68771. El nuevo nombre afecta a la siguiente marca: 1900-7051131 Registro Nº 70511 DELTAPINE en clase 31 Marca Denominativa. Publicar en el Diario Oficial La Gaceta por única vez, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 7978. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—8 de noviembre del 2010.—Lic. Thomas Montenegro Montenegro, Registrador.—1 vez.—(IN2010104094).

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Patente de invención

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El señor Cristian Calderón Cartín, cédula 1-800-402, mayor, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de Abbott Laboratories, de E.U.A., Abbott GMBH & CO. KG, de R.F. Alemania, solicita la Patente de Invención denominada ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA LA PROTEÍNA RGM A Y SUS USOS. Proteínas aisladas, particularmente anticuerpos monoclonales, que se unen y neutralizan la proteína RGM A. Específicamente, estos anticuerpos la capacidad de inhibir la unión de RGM A a su receptor y/o sus receptores. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es C07K 16/22, cuyos inventores son Müller, Bernhard, K., Schmidt, Martin, Barlow, Eve, H., Leddy, Mary, R., Hsieh, Chungming, Bardwell, Phillip, D. La solicitud correspondiente lleva el número 11691, y fue presentada a las 11:50:15 del 27 de setiembre de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 1º de diciembre de 2010.—Lic. Randall Abarca, Registrador.—(IN2010104650).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

El señor Ernesto Gutiérrez Blanco, cédula Nº 1-848-886, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Specialty Fertilizer Products, LLC, de E.U.A., John Larry Sanders, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada FERTILIZADOR DE DOBLE SAL QUE PROPORCIONA RENDIMIENTOS MEJORADOS DE LOS CULTIVOS. La presente invención se refiere a materiales fertilizantes de componentes múltiples y a los métodos de uso, en donde los materiales fertilizantes incluyen primer y segundos productos fertilizantes respectivamente, que incluyen un fertilizante amoniacal (por ejemplo, urea) en combinación con una sal parcial de calcio de un copolímero seleccionado, y un fertilizante de fósforo (por ejemplo, DAP) en combinación con una sal parcial de sodio de un copolímero seleccionado. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es C05C 3/00, cuyo inventor es John Larry Sanders. La solicitud correspondiente lleva el número 11711, y fue presentada a las 13:50:00 del 1º de octubre de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 10 de noviembre del 2010.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—RP2010212056.—(IN2010104771).

El señor Federico Rucavado Luque 1-839-188, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Eli Lilly and Company, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada ANTAGONISTAS DE LA TRAYECTORIA HEDGEHOG DE FTALAZINA DISUSTITUIDA. La presente invención se refiere a nuevos antagonistas de la trayectoria de hedgehog de ftalazina 1,4-disustituida, útiles en el tratamiento de cáncer. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es A61K  31/502, cuyos inventores son Philip Arthur Hipskind, Takako Wilson. La solicitud correspondiente lleva el número 11741, y fue presentada a las 14:12:00 del 15 de octubre del 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 3 de noviembre del 2010.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—RP2010212261.—(IN2010105114).

El señor Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, abogado, cédula 4-155-803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Provin Internacional, S. A. de C.V., de México, solicita el Modelo Industrial denominado CLORADOR DE AGUA QUE INCLUYE CARTUCHERAS.

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Un modelo industrial de clorador de agua que incluye cartucheras tal como se ha referido e ilustrado. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Octava Edición es 15/99, cuyo inventor es Luis Abaroa Lance. La solicitud correspondiente lleva el número 11764, y fue presentada a las 13:25:00 del 27 de octubre de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 2 de diciembre del 2010.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—RP2010212535.—(IN2010105115).

El señor Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, cédula número 1-800-402, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Glaxo Group Limited, de Reino Unido, solicita la patente de invención denominada FARMACOFOROS DUALES-ANTAGONISTAS MUSCARÍNICOS DE PDE4 . La presente invención se refiere a nuevos compuestos de la fórmula (I) y a sus sales farmacéuticamente aceptables, a composiciones farmacéuticas y a su uso como cromóforos duales que tienen actividad inhibitoria contra receptores de PDE4 y receptores muscarínicos de acetilcolina (maChRs), siendo así de utilidad para tratar enfermedades respiratorias. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la clasificación internacional de patentes novena edición es A01N 43/90, cuyos inventores son Callahan, James, Francis, Lin, Guoliang, Wan, Zehong, Yan, Hongxing. La solicitud correspondiente lleva el número 11665, y fue presentada a las 10:55:30 del 1º de setiembre de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 10 de noviembre de 2010.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—(IN2010105553).

El señor Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, cédula número 1-800-402, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Glaxo Group Limited, de Reino Unido, solicita la patente de invención denominada CONSTRUCCIONES DE UNIÓN DE ANTÍGENOS. La invención se refiere a construcciones de unión de antígenos que comprenden un supercóntigo proteínico que están unidos a uno o más dominios de unión de epitopos, en la que la construcción de unión de antígenos tiene al menos dos sitios de unión de antígenos al menos uno de los cuales proviene de un dominio de unión de epitopos y al menos uno de los cuales proviene de un dominio VH/VL pareado, procedimientos de preparar dichas construcciones y sus usos. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es C07K 16/46, cuyos inventores son Ashman, Claire, Batuwangala, Thil, Burden, Michael Neil, Clegg, Stephanie Jane, De Wildt, Rudolf Maria, Ellis, Jonathan Henry, Hamblin, Paul Andrew, Hussain, Farhana, Jespers, Laurent, Lewis, Alan, Orecchia, Martin Aníbal, Shah, Radha, Steward, Michael. La solicitud correspondiente lleva el número 11538, y fue presentada a las 11:51:15 del 29 de junio de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional..—San José, 17 de noviembre de 2010.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—(IN2010105554).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Registro de la Propiedad, Industrial de Costa Rica.—San José, a las ocho horas diez minutos del diecinueve de noviembre del dos mil diez.

El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes hace saber que por resolución de las nueve horas cuarenta minutos del nueve de noviembre del dos mil diez, fue inscrito el Modelo Industrial denominado CAJA PROTECTORA PARA APARATOS ELÉCTRICOS a favor de Bticino S.P.A., domiciliada en Italia, cuyo creador es Fabrizi Fabrizio; se le ha otorgado el número de inscripción de modelo industrial 362, estará vigente hasta el nueve de noviembre del dos mil veinte, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Sétima Edición es 13-03.—Randall Abarca Aguilar, Registrador.—1 vez.—RP2010212291.—(IN2010105125).

Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica.—San José, a las catorce horas quince minutos del ocho de noviembre de dos mil diez.

El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes hace saber que por resolución de las ocho horas dos minutos del veintiuno de octubre del dos mil diez, fue inscrito el Diseño Industrial denominado EXHIBIDOR DE CHUPETAS a favor de Colombina S. A., domiciliada en Colombia, cuya creadora es: Nadya Gómez Castillo; se le ha otorgado el número de inscripción de diseño industrial 357, estará vigente hasta el veintiuno de octubre de dos mil veinte, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Sétima Edición es 20-02.—Randall Abarca Aguilar, Registrador.—1 vez.—RP2010212292.—(IN2010105126).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Asociaciones civiles

AVISOS

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-561799, denominación: Asociación Deportiva, Cultural y Artística Santa Paula. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones ) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento Tomo: 2010, asiento: 275331.—Dado en el Registro Nacional, a las 8 horas 33 minutos y 11 segundos, del 2 de diciembre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº RP2010212013.—(IN2010104772).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-317684, denominación: Asociación Administradora del Acueducto Rural y Alcantarillado Sanitario de San Gabriel de Aserrí. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2010, asiento: 306658.—Dado en el Registro Nacional, a las 11 horas 6 minutos y 25 segundos, del 11 de noviembre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº RP2010212018.—(IN2010104773).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-405565, denominación: Asociación Cristiana Operación Movilización Costa Rica. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2010, asiento: 284930.—Dado en el Registro Nacional, a las 10 horas 37 minutos y 39 segundos, del 26 de noviembre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº RP2010212027.—(IN2010104774).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción, el estatuto de la entidad denominada: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Bijagua de Upala de Alajuela, con domicilio en la provincia de Alajuela. Sus fines, entre otros están: Administrar, operar, dar mantenimiento, desarrollo y conservar en buenas condiciones el acueducto. Su presidente Juan Félix Solano Rojas, es el representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y demás limitaciones del estatuto. Por encontrarse dicha organización dentro de las prescripciones establecidas en la ley de Asociaciones y sus reformas Nº 218 del 8 de agosto de 1939, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en el trámite; tomo: 2010 asiento 291245.—Curridabat, 30 de noviembre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº RP2010212153.—(IN2010104775).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación Costarricense de Profesionales de Enfermería Especialistas en Cuidado Crítico, con domicilio en la provincia de San José. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Fomentar las oportunidades educativas de capacitación y actualización de los profesionales en enfermería especialistas en cuidado crítico. Cuya representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es la Presidenta: Tatiana Guevara Elizondo. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 2010 asiento: 284992.—Curridabat, 26 de noviembre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº RP2010212193.—(IN2010104776).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-056381, denominación: Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2010, asiento: 332997.—Dado en el Registro Nacional, a las 9 horas 11 minutos y 32 segundos, del 30 de noviembre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010212258.—(IN2010105116).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-056415 denominación: Asociación de la Iglesia de Dios Sétimo Día. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley Nº 218 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2010, asiento: 321842.—Dado en el Registro Nacional, a las 14 horas 55 minutos y 54 segundos, del 22 de noviembre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010212314.—(IN2010105117).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Coral Capella Pax Mundi, con domicilio en la provincia de San José. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Contribuir mediante su actividad artística con las distintas instancias que promueven los valores de la paz, la tolerancia, la fraternidad, la solidaridad y la cooperación entre las personas y pueblos del mundo. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo con límite de suma fijándose dicho límite en un millón de colones moneda nacional y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente, Oscar Luis Santos Basso. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo 2010, asiento 269287 y adicional tomo 2010, asiento 312972).—Curridabat, primero de diciembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010212325.—(IN2010105118).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-199514 denominación: Asociación Ballet Folklórico Nacional de Costa Rica. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo 2010 asiento 242359).—Curridabat, cinco de octubre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—(IN201010105418).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación de Vivienda Jireth, con domicilio en la provincia de Cartago, cuyos fines entre otros serán los siguientes: promover y fomentar actividades para la creación de un proyecto habitacional para beneficio de sus asociados. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente Henry Johan Ramírez Fernández, Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo 2010, asiento 264628.—Curridabat, 26 de noviembre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010212854.—(IN2010105857).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación Templo Internacional de Restauración de Costa Rica, con domicilio en la provincia de Alajuela. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: procurar que los miembros de la asociación desarrollen un espíritu de unidad para la adoración de dios. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Harry J. Torres-Zaragoza. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 2010, asiento: 260461.—Curridabat, primero de diciembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010212881.—(IN2010105858).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Deportiva de Powerlifting, que traducido al español será: Asociación Deportiva de Fuerza, con domicilio en la provincia de Cartago, cuyos fines entre otros serán los siguientes: promocionar, controlar y desarrollar el deporte de levantamiento de potencia modalidad press de banca. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente Hugo Antonio Velásquez Ormeño. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo 2010, asiento 263892.—Curridabat, nueve de noviembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010212992.—(IN2010105859).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación Ministerio Internacional Luz a Toda Nación, con domicilio en la provincia de San José. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: propiciar el desarrollo de iglesias y misiones para difundir y enseñar los principios bíblicos a toda la nación. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es la presidente: Edwin Castro Fonseca. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 2010, asiento: 313143.—Curridabat, diecinueve de noviembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010213057.—(IN2010105860).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-542742, denominación: Asociación Cristiana Mateo Veintiocho Diecinueve Veinte. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley Nº 218 del 8 de Agosto de 1939 ( Ley de Asociaciones ) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Dado en el Registro Nacional, a las 10 horas 38 minutos y 8 segundos, del 22 de noviembre del 2010. Documento tomo: 2010, asiento: 178265.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010213065.—(IN2010105861).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Pro Agricultores del Caribe, con domicilio en la provincia de Limón; cuyos fines principales entre otros son los siguientes: contribuir con el desarrollo social, económico, ecológico-ambiental y agro-empresarial de los asociados. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Catalino Esteller Vindas. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 2010 asiento: 254437.—Curridabat, dos de noviembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010213101.—(IN2010105862).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación de Vecinos Residencial La Concha Verde, con domicilio en la provincia de Guanacaste. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Mantenimiento de las calles internas y servidumbres. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Lee Williams-Demming. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 2010, asiento: 286124.—Curridabat, veintiséis de noviembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010213102.—(IN2010105863).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Iglesia de Dios Columna de Fuego, con domicilio en la provincia de Puntarenas. Cuyos fines entre otros serán los siguientes: Velar por los proyectos de la asociación que van encaminados a promover el desarrollo espiritual y social de la comunidad. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Dagoberto Rojas Herrera, Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo 2010, asiento 271590.—Curridabat, primero de diciembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010213117.—(IN2010105864).

REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR

Y DERECHOS CONEXOS

AVISOS

Reynaldo Guerrero Gallardo, mayor, casado, escritor, pasaporte ecuatoriano Nº 0902606953, vecino de San José, Rohrmoser, 1 kilómetro al norte del Triángulo, Boulevar, 200 este casa Nº 79, solicita la inscripción de los derechos morales y los derechos patrimoniales sobre la obra literaria individual publicada titulada: “JESÚS Y SÓCRATES. DOS FORMAS DE VIVIR Y UNA FORMA DE MORIR”. La obra consiste en un estudio socio-histórico que compara la cultura griega frente a la cultura hebrea, a través de los conceptos de virtud, moral y los usos sociales de la época antigua en ambas sociedades y en sus respectivos tiempos históricos. El ISBN es 74-7653-050. Publíquese por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta, para que terceros quienes crean tener derechos puedan oponerse a la inscripción solicitada dentro de los treinta días hábiles siguientes a esta publicación, conforme al artículo 113 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Expediente 6505.—Curridabat, 15 de noviembre de 2010.—Vera V. León Ovares, Registradora.—1 vez.—Nº RP2010212200.—(IN2010104783).

Yolanda Murillo Amaya, mayor, casada, socióloga, cédula de identidad Nº 9-005-531, con domicilio en San José, Montes de Oca, La Paulina, del Súper AM PM, 100 metros norte y 75 sureste, solicita la inscripción, en su calidad de hija y heredera única de quien en vida se llamare José Neri Murillo Porras, del ejercicio de los derechos morales y los derechos patrimoniales en la obra literaria, individual, póstuma y publicada que se titula AGUAS CRISTALINAS, de conformidad con los artículos 4.e, 15 y 109 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos Nº 6683. La obra es un libro que consiste de una novela costarricense, de contenido espiritual donde se comparan las diferentes religiones y se nombran los grandes maestros espirituales de la humanidad como Buda, Mahoma y Jesús. El I.S.B.N. es 978-9977-88-146-1. Publíquese por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta, para que terceros quienes crean tener derechos puedan oponerse a la inscripción solicitada dentro de los treinta días hábiles siguientes a esta publicación, conforme al artículo 113 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos Nº 6683. Expediente Nº 6455.—San José, 24 de noviembre del 2010.—Lic. Andrés Hernández Osti, Registrador.—1 vez.—RP2010212972.—(IN2010105883).

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

AVISOS

Hace saber: que ante este despacho se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación para el ejercicio del Notariado de la Licenciada Franchesca Ureña Leiva, portadora de la cédula de identidad número 1-1147-0738, carné 18538, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de la gestionante, a efecto de que los comuniquen a esta Dirección, dentro de los quince días siguientes a esta publicación. Expediente 10-000805-0624-NO.—San José, 8 de noviembre del 2010.—Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, Director Ejecutivo.—1 vez.—Nº RP2010212209.—(IN2010104784).

La Dirección Nacional de Notariado, hace saber: que ante este Despacho se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación para el ejercicio del notariado de la Lic. Stefanny Zamora Mata, portadora de la cédula de identidad Nº 1-1197-0123, carné Nº 18400, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de la gestionante, a efecto de que los comuniquen a esta Dirección, dentro de los quince días siguientes a esta publicación. Expediente Nº 10-000460-0624-NO.—San José, 29 de noviembre del 2010.—Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, Director Ejecutivo.—1 vez.—RP2010212643.—(IN2010105880).

La Dirección Nacional de Notariado, hace saber: que ante este Despacho se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación para el ejercicio de la función notarial de la Lic. Rocío Pizarro Machado, cédula de identidad Nº 1-0675-0392, carné de abogada Nº 18674. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de la gestionante, a efecto de que los comuniquen a esta Dirección dentro de los quince días siguientes a esta publicación. Expediente Nº 10-000885-624-NO.—San José, 8 de diciembre del 2010.—Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, Director Ejecutivo.—1 vez.—RP2010212921.—(IN2010105881).

La Dirección Nacional de Notariado, hace saber: que ante este Despacho se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación para el ejercicio de la función notarial, del Lic. Miguel Ángel Orozco Velásquez, cédula de identidad Nº 2-0411-0354, carné de abogado Nº 18673. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quiénes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta del gestionante, a efecto de que los comuniquen a esta Dirección dentro de los quince días siguientes a esta publicación. Expediente Nº 10-000887-624-NO.—San José, 7 de diciembre del 2010.—Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, Director Ejecutivo.—1 vez.—RP2010213076.—(IN2010105882).

AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE AGUA

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Exp. 7339P.—Corporación Jayalia S. A., solicita concesión de 3 litros por segundo del pozo IS-395, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Francisco (Cartago), Cartago, Cartago, para uso agropecuario-riego-ornamentales. Coordenadas 202.650/543.500 hoja Istarú. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 1º de diciembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010104535).

Exp. 14336P.—Almodine Services S. A., solicita concesión de: 6 litros por segundo del pozo RG-359, efectuando la captación en finca de Almodine Services S. A., en Atenas, Atenas, Alajuela, para uso industria y turístico. Coordenadas 218.400/494.150 hoja Río Grande. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de noviembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010104567).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Exp. 7931P.—Francisco Javier Ruiz Bolaños solicita concesión de: 0,5 litro por segundo del pozo BA-494, efectuando la captación en finca de su propiedad en Tambor, Alajuela, Alajuela, para uso consumo humano-doméstico. Coordenadas 225.530/510.155 hoja Barva. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 8 de diciembre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010104700).

Exp. 6414P.—Agnell de Nosara S. A., solicita concesión de: 0,63 litros por segundo del pozo sin número, efectuando la captación en finca de su propiedad en Nicoya, Nicoya, Guanacaste, para uso turístico-otro. Coordenadas 218.550 / 355.050 hoja Garza. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 9 de junio del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010212329.—(IN2010105120).

Exp. 6654P.—Bananera Calinda S. A., solicita concesión de: 2,80 litros por segundo del pozo GM-53, efectuando la captación en finca de su propiedad en Duacari, Guácimo, Limón, para uso consumo humano, doméstico e industria-otro. Coordenadas 256.450 / 579.850 hoja Guácimo. 5,05 litros por segundo del pozo GM-61, efectuando la captación en finca de su propiedad en Duacari, Guácimo, Limón, para uso agroindustrial-bananeras. Coordenadas 256.050 / 579.650 hoja Guácimo. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 8 de diciembre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010212341.—(IN2010105121).

Exp. 9473A.—Compañía Agrícola Ganadera El Piñar S. A. solicita concesión de 8 litros por segundo del río Tabarcia, efectuando la captación en finca de su propiedad en Tabarcia, Mora, San José, para uso agropecuario abrevadero. Coordenadas 204.000 / 511.250 hoja Abra. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 6 de diciembre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010212452.—(IN2010105122).

Exp. 6644P. Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S. A., solicita concesión de: 10 litros por segundo del Pozo CH-12, efectuando la captación en finca de su propiedad en Puerto Viejo, Sarapiquí, Heredia, para uso agroindustrial-bananeras. Coordenadas 282.500 / 541.850 hoja Chirripó Atlántico. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 26 de noviembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN20100105426).

Exp. 6643P. Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S. A., solicita concesión de: 10 litros por segundo del pozo CHR-11, efectuando la captación en finca de su propiedad en Puerto Viejo, Sarapiquí, Heredia, para uso agroindustrial-bananeras. Coordenadas 279.800 / 541.200 hoja Chirripó Atlántico. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 26 de noviembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN20100105428).

Exp. 14362A.—Sociedad de Usuarios de Agua de Cerro Frío Quebrada Grande, solicita concesión de: 9,69 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de él mismo en San Miguel, Tilarán, Guanacaste, para uso agropecuario y agropecuario-riego. Coordenadas 265.990 / 438.600 hoja Tilarán. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 06 de diciembre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010105533).

Exp. 14361A.—Xinia Vásquez Quesada, solicita concesión de: 35 litros por segundo del río Tabacón, efectuando la captación en finca de Xinia Monserrat Vásquez Quesada, en Fortuna (San Carlos), San Carlos, Alajuela, para uso turístico. Coordenadas 274.100/457.300 hoja Fortuna. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 06 de diciembre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010105534).

Exp. 14360A.—Leovigildo Villegas Corrales, solicita concesión de: 35 litros por segundo del río Tabacón, efectuando la captación en finca de Leovigildo Villegas Corrales en Fortuna (San Carlos), San Carlos, Alajuela, para uso turístico. Coordenadas 274.100/457.300 hoja Fortuna. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 06 de diciembre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010105535).

Expediente: 14363A.—Sua de Aguas Termales de la Palma de la Fortuna de San Carlos, solicita concesión de 100 litros por segundo del río Tabacón, efectuando la captación en finca de Sua de Aguas Termales de la Palma de la Fortuna de San Carlos en Fortuna (San Carlos), San Carlos, Alajuela, para uso turístico. Coordenadas 284.100/457.300 hoja Fortuna. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 6 de diciembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010105536).

Expediente 9512A.—Rodrigo Villalobos Salas, solicita concesión de: 1,2 litros por segundo de la quebrada sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela, para uso agropecuario-pisicultura. Coordenadas 268.950/468.550 hoja Fortuna. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 11 de octubre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010105537).

Expediente 14359A.—Querencia San Luis S. A., solicita concesión de: 0,3 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Querencia San Luis S. A. en Monte Verde, Puntarenas, Puntarenas, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 252.500/447.000 hoja Juntas. 0,8 litros por segundo de la Quebrada Cambronero, efectuando la captación en finca de Querencia San Luis S. A., en Monte Verde, Puntarenas, Puntarenas, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 252.700/446.500 hoja Juntas. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 6 de diciembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010105538).

Expediente 14268A.—Compañía Romar JJMF S. A., solicita concesión de: 10 litros por segundo del Río Ron Ron, efectuando la captación en finca de Compañía Romar JJMF S. A., en Quesada, San Carlos, Alajuela, para uso industria y agropecuario-riego. Coordenadas 253.250/487.500 hoja Quesada. 3 litros por segundo de la quebrada sin nombre, efectuando la captación en finca de Compañía Romar JJMF S. A., en Quesada, San Carlos, Alajuela, para uso industria y agropecuario-riego. Coordenadas 253.750/487.200 hoja Quesada. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 11 de octubre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010105539).

Expediente 14371A.—Finca Venecia S. A., solicita concesión de: 0,34 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Finca Venecia S. A., en Piedras Blancas, Osa, Puntarenas, para uso consumo humano e industria. Coordenadas 311.357/541.052 hoja Cahuita. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 9 de diciembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010212873.—(IN2010105868).

Expediente 9507A.—Alfa Equipo Pesado S. A., solicita concesión de: 5 litros por segundo de la quebrada sin nombre, efectuando la captación en finca de Quebradores del Sur de Costa Rica S. A., en Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José, para uso industria-otro. Coordenadas 150.360/572.740 hoja San Isidro. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 9 de diciembre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010212966.—(IN2010105869).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

ACUERDOS

PROPUESTA DE PAGO 40054 del 04/08/2010

DETALLE DE FACTURAS POR ORDEN DE CÉDULA

PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

La Dirección Ejecutiva del Tribunal Supremo de Elecciones acuerda girar a la orden de los interesados los presentes montos, para atender el pago de las cuentas correspondientes a las respectivas partidas del presupuesto.

                                                                                                                                                                  Monto

Acreedor                                          Nombre                                                                                     líquido

500460423              Walter Porras Fernández -NI-                                                               ¢24.750,00

603190176              Natacha Garro López -NI-                                                                   ¢619.873,67

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                             ¢1.156.000,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                 ¢900.000,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                   ¢53.000,00

3101003105           Corp Inv Costarricense S. A. -NI-                                                  ¢1.310.544,05

3101003105           Corp Inv Costarricense S. A. -NI-                                                     ¢224.664,62

3101013086           Compañía Inversionista Las Brisas S                                        ¢22.081.487,40

3101076436           Mundo de Limpieza S. A.                                                                    ¢190.810,02

3101076436           Mundo de Limpieza S. A.                                                                    ¢347.274,24

3101076436           Mundo de Limpieza S. A.                                                                    ¢360.630,94

3101076436           Mundo de Limpieza S. A.                                                                    ¢187.629,85

3101076436           Mundo de Limpieza S. A.                                                                    ¢231.697,88

3101076436           Mundo de Limpieza S. A.                                                                    ¢347.274,24

3101076436           Mundo de Limpieza S. A.                                                                    ¢347.274,24

3101115465           Guilá Imprenta y Litografía S. A.                                                      ¢392.000,00

3101146846           Ciesa Compañía Internacional Electr                                               ¢507.620,40

3101340590           Soluciones Litográficas de San José                                                ¢258.000,00

3102074245           Colchonería Alfonso Santamaría Ltda                                               ¢41.100,00

4000001902           Instituto Nacional De Seguros                                                    ¢10.257.522,80

4000042139           Instituto Costarricense de Electric                                               ¢1.603.991,48

                                    TOTAL                                                                                               ¢41.443.145,83

Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo.—Carlos Umaña Morales, Contador.—1 vez.—O. C. Nº 4016.—Solicitud Nº 14-2010.—C-42800.—(IN2010105402).

PROPUESTA DE PAGO 40055 del 11/08/2010

DETALLE DE FACTURAS POR ORDEN DE CÉDULA

PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

La Dirección Ejecutiva del Tribunal Supremo de Elecciones acuerda girar a la orden de los interesados los presentes montos, para atender el pago de las cuentas correspondientes a las respectivas partidas del presupuesto.

                                                                                                                                                                  Monto

Acreedor                                                              Nombre                                                                 líquido

104170617              Madrigal Hernández Juan Rafael                                                 ¢18.201.828,59

3004045260           Cooperativa de Electrificacion Rura                                                   ¢22.335,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                   ¢63.920,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                 ¢551.770,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                 ¢118.190,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                 ¢329.050,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                   ¢45.920,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                      ¢7.670,00

3007045087           Junta Administrativa del Servicio                                                    ¢104.089,00

3101009059           RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S. A.-                                 ¢66.719,65

3101009059           RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S. A.-                           ¢3.912.658,57

3101009059           RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S. A.-                               ¢143.163,60

3101020660           CONTROL ELECTRONICO S. A.                                                   ¢587.559,00

3101024334           SOLIS GAMBOA E HIJOS S. A. -NI-                                             ¢324.625,00

3101027972           Agencias Básicas Mercantiles A B M                                              ¢166.461,75

3101027972           Agencias Básicas Mercantiles A B M                                              ¢828.211,23

3101027972           Agencias Básicas Mercantiles A B M                                              ¢396.900,00

3101042028           EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE HERED                     ¢142.052,00

3101042028           EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE HERED                        ¢35.612,00

3101052978           LA CASA DEL FONTANERO S. A.                                              ¢714.498,40

                                                                                                                                                                  Monto

Acreedor                                                              Nombre                                                                 líquido

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢360.630,94

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢197.624,67

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢347.274,24

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢197.624,67

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢347.274,24

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢367.309,29

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢380.666,00

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢190.810,02

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢380.666,00

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢367.309,29

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢197.624,67

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢367.309,29

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢355.065,65

3101076436           MUNDO DE LIMPIEZA S. A.                                                          ¢190.810,02

3101077363           SERVICIO DE CUIDO RESPONSABLE SECUR                     ¢390.291,06

3101121078           INCOGUA S. A. -NI-                                                                           ¢139.606,16

3101176412           ALAVISA DE CAÑAS S A L                                                            ¢271.088,61

3101197288           C R Soluciones GLN S. A. -L-                                                     ¢59.220.779,94

3101197288           C R Soluciones GLN S. A. -L-                                                     ¢60.952.695,46

3101197288           C R Soluciones GLN S. A. -L-                                                     ¢50.544.040,37

3101197288           C R Soluciones GLN S. A. -L-                                                     ¢66.841.425,00

3101238000           Kitachi S. A. -NI-                                                                                   ¢178.750,00

3101238000           Kitachi S. A. -NI-                                                                                   ¢269.464,78

3101356346           HONTORIA DEL PINAR S. A.                                                        ¢367.500,00

3101397585           Grupo Comercial Tectronic S. A.                                                       ¢645.000,87

3102002511           Golfito Trading Company Ltda.-NI                                                  ¢745.228,75

3102074245           COLCHONERIA ALFONSO SANTAMARIA LTDA              ¢396.067,00

3102074245           COLCHONERIA ALFONSO SANTAMARIA LTDA              ¢178.960,15

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                            ¢1.611.971,62

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢34.107,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢27.653,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢18.850,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢13.703,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢17.599,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢17.635,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                               ¢153.836,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢13.691,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢13.091,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢17.587,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢21.208,00

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                    ¢3.786.441,68

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                    ¢3.966.051,18

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                    ¢2.280.901,00

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                    ¢3.486.286,30

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                        ¢225.780,00

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                        ¢565.117,00

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                        ¢562.147,60

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                        ¢868.191,80

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                        ¢352.966,60

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                        ¢243.900,00

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                        ¢654.115,70

4000042139           INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC                    ¢4.529.715,65

                                    TOTAL                                                                                             ¢295.634.677,06

Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo.—Carlos Umaña Morales, Contador.—1 vez.—O. C. Nº 4016.—Solicitud Nº 14-2010.—C-117800.—(IN2010105403).

PROPUESTA DE PAGO 40057 del 17/08/2010

DETALLE DE FACTURAS POR ORDEN DE CÉDULA

PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

La Dirección Ejecutiva del Tribunal Supremo de Elecciones acuerda girar a la orden de los interesados los presentes montos, para atender el pago de las cuentas correspondientes a las respectivas partidas del presupuesto.

                                                                                                                                                                  Monto

Acreedor                                          Nombre                                                                                     líquido

99002                        Tesorería Nacional-Impuesto d/Renta                                               ¢12.470,34

99002                        Tesorería Nacional-Impuesto d/Renta                                               ¢67.937,59

99002                        Tesorería Nacional-Impuesto d/Renta                                                ¢32.757,29

99002                        Tesorería Nacional-Impuesto d/Renta                                                      ¢224,55

103510839              FREDDY VALVERDE VARGAS   -NI-                                        ¢184.405,83

103901081              MANUEL ARNULFO JIMENEZ QUESADA                         ¢3.896.368,73

106430524              Jorge Hidalgo Muñoz     -NI-                                                              ¢279.841,00

202901304              CARLOS A. RODRIGUEZ ARIAS   -NI-                                      ¢325.851,78

203190535              ORLANDO VILLALOBOS GONZALEZ  -NI-                          ¢166.950,00

205110252              MOLINA QUESADA MARLENY                                                 ¢152.000,00

401110906              JORGE VILLEGAS PANIAGUA  -NI-                                         ¢110.000,00

501660614              LUZ MARINA JIMENEZ LEDEZMA  -NI-                                  ¢286.000,00

501850621              JORGE MANUEL ESPINOZA DE LA O                                       ¢95.850,00

501990032              MARUJA CASTILLO PORRAS                                                   ¢1.352.106,00

3002204044           Asociación de  Acueductos de Golfit                                                   ¢5.396,00

3002204044           Asociación de  Acueductos de Golfit                                                   ¢6.901,00

3004045117           Cooperativa de Electrificación Rura                                                   ¢55.965,96

                                                                                                                                                                  Monto

Acreedor                                          Nombre                                                                                     líquido

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                 ¢208.270,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                   ¢65.000,00

3007042032           Junta Administrativa de la Imprenta                                                 ¢106.000,00

3101000046           COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ                  ¢12.910.226,00

3101000046           COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ                     ¢4.089.383,20

3101003937           HACIENDA SANTA ANITA S.A.  -NI-                                     ¢1.356.075,00

3101016273           Compañia Leogar S.A.                                                                          ¢615.570,68

3101020826           ELVATRON S.A.                                                                                  ¢353.890,84

3101024094           Compañia Técnica y Comercial SATEC                                                ¢9.520,00

3101032779           Diser S.A.                                                                                             ¢1.272.490,80

3101033964           INVERSIONES DE GRECIA S.A.  -NI-                                         ¢723.240,00

3101052993           MUEBLES METALICOS ALVARADO S.A.                              ¢216.000,00

3101064694           Distribuidora Santa Barbara de Pava                                           ¢3.554.483,52

3101073972           COPIAS DINAMICAS, S.A.  -L-                                                        ¢45.000,00

3101073972           COPIAS DINAMICAS, S.A.  -L-                                                        ¢63.000,00

3101073972           COPIAS DINAMICAS, S.A.  -L-                                                        ¢45.000,00

3101073972           COPIAS DINAMICAS, S.A.  -L-                                                      ¢485.100,00

3101073972           COPIAS DINAMICAS, S.A.  -L-                                                      ¢441.000,00

3101086562           EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.                             ¢34.950,00

3101089260           Inversiones La Rueca S.A.                                                               ¢2.606.800,00

3101089260           Inversiones La Rueca S.A.                                                               ¢2.586.024,00

3101099048           M & RG Diseño y Producción Gráfica                                            ¢268.200,00

3101102844           GRUPO NACION G N S.A.                                                              ¢628.028,10

3101155155           Megom de Puriscal S.A.     -NI-                                                          ¢575.750,00

3101156127           IMPORTACIONES S M H S.A.                                                        ¢192.841,02

3101159784           DISTRIBUIDORA DE LIBRO TECNICO, S.A                            ¢194.289,02

3101175001           El Mar es de Todos S.A.    -NI-                                                       ¢1.483.005,22

3101183093           Fesa Formas Eficientes S.A.                                                                ¢197.381,00

3101209082           Librería América S. A.                                                                          ¢316.834,00

3101225050           DENTAL NORTE LEON S.A.                                                          ¢922.109,93

3101276712           Inversiones Jaudamar S.A.     -NI-                                                  ¢1.321.040,00

3101349248           T D M Ambiental S.A.                                                                             ¢56.000,00

3101364473           Mayoristas de Llantas S.A.                                                             ¢2.109.450,00

3101525142           Mobilite S.A.                                                                                          ¢166.800,00

3101552021           A & CH La Rosa Azul de Saron S.A.                                               ¢366.985,25

3102038255           SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA.                             ¢291.037,56

3102038255           SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA.                             ¢291.037,56

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢76.519,00

4000042138           Instituto Costarricense de Acueduct                                                  ¢17.515,00

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                ¢5.200,62

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                ¢8.970,44

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                ¢1.659,40

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA             ¢14.604,19

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                   ¢441,26

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                ¢3.038,97

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                   ¢621,05

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                   ¢589,60

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                   ¢647,07

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                      ¢37,42

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                ¢1.074,06

4000042152           BANCO POPULARY DE DESARROLLO COMUNA                   ¢200,09

                                    TOTAL                                                                                               ¢48.329.956,94

Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo.—Carlos Umaña Morales, Contador.—1 vez.—O. C. Nº 4016.—Solicitud Nº 14-2010.—C-111800.—(IN2010105404).

RESOLUCIONES

Nº 7235-E10-2010.—San José, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre del dos mil diez.

Liquidación de gastos y diligencias de pago de la contribución del Estado al partido Acción Ciudadana, correspondiente al ciclo electoral 2006-2010. Exp. Nº 477-B-2010.

Resultando:

1º—Mediante resolución número Nº 4129-E8-2009 de las 15:20 horas del 03 de setiembre de 2009, este Tribunal fijó el monto máximo de la contribución del Estado a los partidos políticos correspondiente a las elecciones celebradas el 07 de febrero de 2010, en la suma de ¢17.174.926.340,00 (diecisiete mil ciento setenta y cuatro millones novecientos veintiséis mil trescientos cuarenta colones netos) (folios 111-112).

2º—Que por resolución Nº 2124-E10-2010 de las 11:00 horas del 26 de marzo de 2010, este Colegiado determinó que al partido Acción Ciudadana (PAC) le corresponde, por concepto de contribución estatal, un monto máximo de ¢3.741.080.303,65 (tres mil setecientos cuarenta y un millones ochenta mil trescientos tres colones con sesenta y cinco céntimos) por su participación en el pasado proceso eleccionario (folios 113-118).

3º—Mediante oficio Nº DGRE-710-2010 de fecha 21 de octubre de 2010, el señor Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, remitió a este Tribunal el informe sobre los resultados de la liquidación de gastos presentada por el partido Acción Ciudadana, así como el informe Nº DFPP-IF-PAC-06/2010 del 20 de octubre de 2010, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, denominado “Informe relativo al resultado de la revisión efectuada sobre la liquidación de gastos presentada por el partido Acción Ciudadana ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para justificar el aporte estatal que le corresponde por su participación en la campaña político electoral 2006-2010” (folios 1-82).

4º—Por auto de las 13:40 horas del 22 de octubre de 2010, este Tribunal dio audiencia al partido Acción Ciudadana por el plazo de 8 días hábiles, para que se manifestara, si así lo estimaba conveniente, sobre el referido informe (folio 83).

5º—Mediante escrito presentado en la Secretaría de este Tribunal el 03 de noviembre de 2010, el señor Maynor Sterling Araya, en su condición de Tesorero Nacional del partido Acción Ciudadana solicita, con base en los argumentos que expone, que le sean reconocidos al Partido la totalidad de los gastos objetados (folios 97 a 110).

6º—Por resolución de las 15:30 horas del 10 de noviembre de 2010, la Magistrada Instructora previno al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para que informara si la publicación efectuada por el partido Acción Ciudadana el 30 de octubre de 2010 en el diario La Prensa Libre, páginas 6 a 9, cumplió con lo establecido en el artículo 135 del Código Electoral (folio 123).

7º—En constancia extendida a las 14:00 horas del 11 de noviembre de 2010, el señor Ronald Chacón Badilla, jefe del citado Departamento, indicó que la publicación efectuada por el Partido cumplió con lo establecido en la referida norma (folios 129-130).

8º—En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Bou Valverde; y,

Considerando:

I.—Sobre la contribución estatal al financiamiento de los partidos políticos. El artículo 96 de la Constitución Política regula, como marco general, las cuestiones atinentes a la contribución estatal al financiamiento de los partidos políticos. El Tribunal Supremo de Elecciones, en su jurisprudencia, ha resaltado la importancia y el significado democrático de dicha contribución. En esa línea, en la sentencia 2887-E8-2008 de las 14:30 horas del 26 de agosto de 2008, se señala:

“IV.—Finalidad de la contribución estatal de los partidos políticos. La previsión constitucional sobre contribución estatal es coherente con el rol asignado por la Constitución Política a los partidos políticos, definido en el artículo 98 constitucional, y responde a la idea de garantizar un régimen de partidos pluralista, en tanto el sistema democrático costarricense descansa en un sistema de partidos y los partidos políticos constituyen los intermediarios entre la pluralidad de los intereses ciudadanos y el entramado estatal.

El financiamiento público se justifica en la aspiración democrática a promover una ciudadanía participativa. Como regla de principio, una democracia supone competitividad efectiva entre los actores políticos, por lo que el financiamiento público constituye un factor crucial de equidad en la justa electoral, pues brinda apoyo económico a los partidos en los gastos electorales o permanentes para garantizar los principios de libertad de participación e igualdad de condiciones.

Entre las razones por las cuales se suele establecer alguna proporción de financiamiento público destacan cinco necesidades del sistema democrático: la de promover la participación política de la ciudadanía en el proceso postulativo y electivo; la de garantizar condiciones de equidad durante la contienda electoral; la de paliar la incidencia del poder económico en la deliberación política; la de fomentar un sistema de partidos políticos vigoroso, pluralista y con presencia permanente en la vida colectiva de las diferentes fuerzas políticas; y la de evitar el tráfico de influencias y el ingreso de dinero de procedencia ilegal.”.

En atención a lo dispuesto en el artículo 96 constitucional, en los artículos 89 al 119 del Código Electoral y en los numerales 31, 41, 42, 69 y 71 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos (en adelante RFPP), a este Tribunal le corresponde, mediante resolución debidamente fundamentada, distribuir el monto del aporte estatal entre los diversos partidos políticos que superen los umbrales de votación requeridos, en estricta proporción al número de votos obtenidos por cada uno de ellos, una vez que se produzca la declaratoria de elección de diputados.

De acuerdo con el artículo 69 del RFPP, la evaluación de las liquidaciones de gastos presentadas por los partidos políticos constituye una competencia de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, la cual ejerce a través de su Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, tomando como insumo el respaldo de la certificación y los informes emitidos por un contador público autorizado, debidamente registrado ante la Contraloría General de la República, contratado al efecto por cada partido.

Una vez efectuada esa revisión, la Dirección debe rendir un informe al Tribunal, a fin de que éste proceda a dictar la resolución que determine el monto que, en definitiva, corresponde girar al partido político evaluado, tal como lo preceptúa el artículo 103 del Código Electoral.

II.—Hechos probados: De relevancia para la resolución del presente asunto se tienen los siguientes:

1.  En resolución número 4129-E8-2009 de las 15:20 horas del 3 de setiembre del 2009, este Tribunal fijó el monto global de la contribución estatal a los partidos políticos correspondiente a las elecciones celebradas el 07 de febrero de 2010 en la suma de ¢17.174.926.340,00 (diecisiete mil ciento setenta y cuatro millones novecientos veintiséis mil trescientos cuarenta colones netos) (folios 111-112);

2.  Por sentencia número 0506-E10-2010 de las 12:00 horas del 28 de enero de 2010 este Colegiado autorizó, por concepto de anticipo de la contribución estatal a los gastos del partido Acción Ciudadana correspondiente a las elecciones celebradas el 7 de febrero de 2010, el giro de ¢228.000.000,00 (doscientos veintiocho millones de colones netos) (folios 119-122).

3.  Por sentencia número 2124-E10-2010 de las 11 horas del 26 de marzo de 2010, este Tribunal determinó que, de conformidad con el resultado de las elecciones celebradas el 07 de febrero de ese año, el partido Acción Ciudadana podría recibir, por concepto de contribución estatal, un monto máximo de ¢3.741.080.303,65 (tres mil setecientos cuarenta y un millones ochenta mil trescientos tres colones con sesenta y cinco céntimos) (folios 113-118).

4.  La Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, por intermedio del oficio número DGRE-710-2010 del 21 de octubre de 2010, producto del análisis del informe DFPP-IF-PAC-06/2010 del 20 de octubre de 2010 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y la documentación presentada por el partido Acción Ciudadana para justificar el aporte estatal por su participación en el ciclo político electoral 2006-2010, determinó: a) que al haber definido el Partido estatutariamente una reserva del 20% para cubrir los gastos de capacitación y organización, de los ¢3.741.080.303,65 (tres mil setecientos cuarenta y un millones ochenta mil trescientos tres colones con sesenta y cinco céntimos), aprobados como monto máximo a recibir por concepto de contribución estatal, correspondía asignar la suma global de ¢748.216.060,73 (setecientos cuarenta y ocho millones doscientos dieciséis mil sesenta colones con setenta y tres céntimos) por esos conceptos; b) que por no haber fijado el Partido en sus Estatutos qué proporción de los recursos destinaría a cada rubro, corresponde prorratear el porcentaje total (20%) por iguales partes, definiendo un 10% para cada uno, lo que significa, a su vez, que al proceder a dividir en forma paritaria el monto total de la reserva pertinente, se debe asignar la suma de ¢374.108.030,37 (trescientos setenta y cuatro millones ciento ocho mil treinta colones con treinta y siete céntimos) para cubrir gastos de “capacitación” y una suma igual para los de “organización” (folios 08 y 23,37); c) que el 80% restante fue destinado por el Partido para cubrir “gastos electorales de campaña”, lo que equivale a la suma de ¢2.992.864.242,92 (dos mil novecientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos colones con noventa y dos céntimos) (folios 9 y 37);

5.  Según el informe de la Dirección, el partido Acción Ciudadana presentó una liquidación de gastos que asciende a la suma de ¢4.238.108.764,79 (cuatro mil doscientos treinta y ocho millones ciento ocho mil setecientos sesenta y cuatro colones con setenta y nueve céntimos) (folios 07, 34);

6.  La Dirección tuvo como erogaciones válidas y justificadas, posibles de redimir con cargo a la contribución estatal, un total de ¢3.099.866.758,49 (tres mil noventa y nueve millones ochocientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho colones con cuarenta y nueve céntimos) distribuidos de la siguiente manera: a) ¢456.691.202,21 (cuatrocientos cincuenta y seis millones seiscientos noventa y un mil doscientos dos colones con veintiún céntimos) correspondientes a gastos permanentes desglosados de la siguiente forma: ¢454.367.823,73 (cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientos sesenta y siete mil ochocientos veintitrés colones con setenta y tres céntimos) por gastos de “organización” y ¢2.323.378,48 (dos millones trescientos veintitrés mil trescientos setenta y ocho colones con cuarenta y ocho céntimos) por gastos de “capacitación” y, b) ¢2.643.175.556,27 (dos mil seiscientos cuarenta y tres millones ciento setenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis colones con veintisiete céntimos) que corresponden propiamente a gastos electorales de campaña, en el total admitido (folios 07, 08, 09, 15, 28);

7.  Del monto de ¢2.992.864.242,92 previsto por el Partido (80% definido estatutariamente) para gastos de campaña, la revisión realizada permitió validar erogaciones por un monto de ¢2.643.175.556,27 que reconoce la Dirección y ¢89.610.400,00 (¢39.610.400.00 y ¢50.000.000,00), que reconoce este Tribunal en fase de aprobación, para un total aprobado de ¢ 2.732.785.956,27 (dos mil setecientos treinta y dos millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis colones con veintisiete céntimos) razón por la cual se genera un “remanente no reconocido”, por la suma de ¢260.078.286,65 (doscientos sesenta millones setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis colones con sesenta y cinco céntimos) (folios 23, 45,49, 138, 139, 141,145 y 147);

8.  Al sumar dicho remanente al monto definido por concepto de gastos permanentes de capacitación y organización (¢748.216.060,73), de acuerdo con la previsión estatutaria, el monto a que tiene derecho el Partido para cubrir dichos rubros se eleva a ¢1.008.294.347.38 (mil ocho millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y siete colones con treinta y ocho céntimos), correspondiendo un monto de ¢504.147.173,69 (quinientos cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ciento setenta y tres colones con sesenta y nueve céntimos) para cada categoría.

9.  En aplicación del transitorio IV del Código Electoral, fueron validados gastos permanentes de capacitación por ¢2.323.378,48 y de organización por ¢454.367.823,73, por lo queda a favor del Partido la suma total de ¢551.603.145.17 (quinientos cincuenta y un millones seiscientos tres mil ciento cuarenta y cinco colones con diecisiete céntimos), como reserva para gastos futuros de esa naturaleza, cuyo reconocimiento queda sujeto a posteriores liquidaciones trimestrales, según lo establece el numeral 107 del Código Electoral, distribuida de la siguiente manera: a) ¢49.779.349,96 (cuarenta y nueve millones setecientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve colones con noventa y seis céntimos) como reserva para “organización” y b) ¢501.823.795.21 (quinientos un millones ochocientos veintitrés mil setecientos noventa y cinco colones con veintiún céntimos) como reserva para “capacitación”.

10.  El partido Acción Ciudadana realizó tres emisiones de certificados de cesión por un monto total de ¢5.400.000.000,00, (cinco mil cuatrocientos millones de colones) desglosados en ¢3.000.000.000,00 (tres mil millones de colones) de la emisión serie A, ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones) de la serie B y ¢ 400.000.000,00 (cuatrocientos millones de colones) de la serie C (folio 48);

11.  Por resolución número 0506-E10-2010 de las 12:00 horas del 28 de enero de 2010, este Tribunal autorizó girar a favor del partido Acción Ciudadana la suma de ¢228.000.000,00 (doscientos veintiocho millones de colones netos) como anticipo de la contribución del Estado a los gastos correspondientes a las elecciones del 07 de febrero de 2010 (folios 119,122).

12.  La publicación realizada por el partido Acción Ciudadana en el diario La Prensa Libre del 30 de octubre de 2010, páginas 6 a 9, cumplió con lo establecido en el artículo 135 del Código Electoral (folios 129-130).

13.  Que por oficio Nº PAC-421-2010 del 7 de setiembre de 2010, el señor Maynor Sterling Araya, Tesorero Nacional del partido Acción Ciudadana aportó al expediente la factura original Nº 011903 expedida el 5 de febrero de 2010 por la Sociedad Periodística Extra LTDA., a nombre del partido Acción Ciudadana por un monto de ¢39.610.400,00 (treinta y nueve millones seiscientos diez mil cuatrocientos millones) (folios 137-138).

14.  Que dicho documento coincide en un todo con la “copia fiel de la factura original” aportada inicialmente por dicho Partido con su liquidación. (folios 134, 135, 137 y 138)

15.  Que mediante escritura número cincuenta y nueve-dos, autorizada por el notario público Manuel Antonio Porras Vargas el 9 de noviembre de 2010, los señores Alberto Cañas Escalante y Margarita Bolaños Arquín, en su condición de presidente (en ese momento) y secretaria del partido Acción Ciudadana, por una parte, y el Banco Lafise Sociedad Anónima, representado por el señor Gilberto José Serrano Gutiérrez, por otra, convinieron en celebrar un contrato de “Línea de Crédito Revolutiva” por un monto de ¢250.000.000 (doscientos cincuenta millones de colones exactos) a un plazo de un año, contado a partir de la firma del contrato de crédito. Que dentro de las cláusulas que componen dicho convenio se estableció: “TERCERA: DEL USO DE LA LINEA O PLAN DE INVERSIÓN: La DEUDORA utilizará y destinará los recursos de esta línea de crédito revolutiva para capital de trabajo para financiamiento de actividades de campaña política para las elecciones del año dos mil diez (…). SETIMA: DE LOS INTERESES CORRIENTES: (…) Dichos intereses corrientes se acumularán día a día y deberán ser pagados junto con el capital al vencimiento de la presente facilidad crediticia (…). VIGÉSIMA: GARANTÍA: Que en garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consignadas, del pago del capital adeudado, intereses corrientes, moratorios a los tipos dichos, de las costas personales y procesales de la eventual ejecución y demás responsabilidades pecuniarias o no aquí contraídas, en virtud de la línea de crédito indicada y de cada uno de los desembolsos y/o subpréstamos que con cargo a ella se realicen, la DEUDORA otorga a favor del BANCO ACREEDOR las siguientes garantías: A) Certificados de cesión: CESIÓN: Como “medio de repago” del principal e intereses, se establece la cesión irrevocable (la cual se realiza en este acto de parte del Partido Acción Ciudadana y es aceptada expresamente por el Banco Lafise Sociedad Anónima) por un monto de trescientos millones de colones, cesión debidamente aprobada mediante acuerdo firme de la DEUDORA, representados mediante “certificados de cesión” de “bonos de deuda política”, Bonos identificados como “BONOS DE CONTRIBUCION POSTERIOR CAMPAÑA ELECTORAL DOS MIL NUEVE-DOSMIL DIEZ serie A” (folios 149-160).

IV.—Hecho no probado: No se tiene por acreditado que el partido Acción Ciudadana adeude suma alguna a la Caja Costarricense del Seguro Social.

V.—Sobre el principio de comprobación del gasto aplicable a las liquidaciones formuladas por los partidos para acceder al aporte estatal: En materia de contribución estatal al financiamiento de las elecciones existe un régimen jurídico especial, de origen constitucional, que asigna al Tribunal Supremo de Elecciones el mandato de revisar los gastos que liquiden los partidos políticos con derecho a acceder a la contribución estatal, con el objeto de determinar cuáles de ellos pueden ser reconocidos. De conformidad con el diseño normativo vigente únicamente se pueden aceptar gastos por rubros autorizados, efectivamente realizados y cubiertos con recursos propios del Partido que reclama el reembolso. Conviene recordar que este Tribunal en la sesión N° 11437 del 15 de julio de 1998, estando en vigencia el anterior Código Electoral, definió como regla general que en el proceso de revisión y análisis de la documentación aportada por los partidos políticos para poder recibir el aporte estatal, lo determinante es la verificación del gasto. Partiendo de lo allí establecido, este Tribunal en diversas oportunidades, ha señalado:

“II.—Por otra parte y siempre con relación al financiamiento estatal a los partidos políticos, este Tribunal, en el articulo vigésimo cuarto de la sesión 11437 de 16 de julio de 1998, al evacuar una consulta de la CGR, acordó:

“Para recibir el aporte del Estado, - dispone el inciso 4) del articulo (sic) 96 de la Constitución Política - los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.” (...). Lo esencial, bajo esta regla constitucional, es la comprobación del gasto. Todas las disposiciones del Código Electoral y de los reglamentos emitidos por el Tribunal y la Contraloría General de la República en esta materia, son reglas atinentes a esa comprobación que, sin duda alguna, es el principal objetivo. Por lo tanto, como regla general, puede establecerse que si el órgano contralor, con la documentación presentada dentro de los plazos legales y los otros elementos de juicio obtenidos por sus funcionarios conforme a los procedimientos de verificación propios de la materia, logra establecer, con la certeza requerida, que determinados gastos efectivamente se hicieron y son de aquellos que deben tomarse en cuenta para el aporte estatal, pueden ser aprobados aunque la documentación presentada o el procedimiento seguido en su tramite adolezca de algún defecto formal” (ver referencia de cita en resoluciones Nº 2435-E-2007 de las 17:00 horas del 14 de setiembre de 2007 y 4114-E8-2009 de las 10:30 horas del 3 de setiembre de 2009).

No obstante que el actual sistema de financiamiento estatal estableció un mecanismo de comprobación y liquidación de los gastos más sencillo y expedito para los partidos políticos, pues pasó de varias liquidaciones mensuales a una única liquidación final refrendada por un contador público autorizado, esa circunstancia no elimina, en aplicación del principio constitucional de comprobación del gasto, la obligación que tienen las agrupaciones partidarias de comprobar fehacientemente sus gastos, como condición indispensable para recibir el aporte estatal.

VI.—Sobre el resultado final de la revisión de la liquidación de gastos presentada por el partido Acción Ciudadana correspondiente al ciclo electoral 2006-2010: De acuerdo con el informe brindado por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos sobre el resultado de la revisión de la documentación aportada por el partido Acción Ciudadana para justificar el aporte estatal, contenido en oficio número DGRE-710-2010 del 21 de octubre del 2010, esta Magistratura procede a analizar los siguientes aspectos:

a)  Sobre los gastos objetados por el partido Acción Ciudadana: En este considerando se analizarán aquellos gastos electorales que, habiendo sido rechazados por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos con base en el informe técnico elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, fueron objetados por el Partido. A efecto de facilitar su análisis se abordan las objeciones en el mismo orden que utiliza el Partido en su memorial, exponiendo previamente las razones principales que llevaron a la Dirección competente para tener por no justificados los gastos reclamados, así como los argumentos planteados por las autoridades partidarias para objetar el rechazo.

a.1. Gastos objetados correspondientes a la cuenta 90-0700 “Servicios Especiales”. De este rubro se rechazan gastos por la suma de ¢600.508.050.96 (seiscientos millones quinientos ocho mil cincuenta colones con noventa y seis céntimos), del monto total certificado por el contador público autorizado contratado por el Partido y se reconocen erogaciones por ¢561.279.521,59 (quinientos sesenta y un millones doscientos setenta y nueve mil quinientos veintiún colones con cincuenta y nueve céntimos) (folio 35). Las principales razones que da la Dirección para rechazar un porcentaje importante de los gastos deducidos, se detallan a continuación: 1) en esta cuenta aparecen reportados gastos por ¢377.096.991,00 que, por su naturaleza y monto, debieron incorporarse en la cuenta de “honorarios profesionales” y, en consecuencia, cumplir con los requisitos establecidos para ese tipo de erogaciones (folios 38,39); 2) falta de documentación de respaldo que permita comprobar la realización de gastos por la suma de ¢151.370.009,72 (folio 39) y 3) luego de aplicar la verificación pertinente (comprobaciones documentales y de campo) no se logró comprobar gastos por la suma de ¢31.407.275.00 (folio 39).

En defensa del reconocimiento de los gastos que fueron rechazados, el Partido sostiene:

“lo existente aquí, es una diferencia de criterios de definición técnica contable, que dependiendo del concepto que se aplique así será la documentación necesaria justificante, ya que si se contratan Servicios Especiales no son necesarios los contratos, pero si se entiende como Honorarios Profesionales, entonces si es necesario presentar los contratos y otro tipo de documentos, de acuerdo al Art. 52 del RFPP”. Agrega que, “en términos generales, las funciones especiales que se contrataron fueron para Coordinar tanto a nivel nacional, provincial, cantonal y distrital, desarrollando (sic) actividades de búsqueda de electores, simpatizantes, transporte, alimentación, alquiler de vehículos, empadronamiento de votantes, búsqueda de miembros de mesa, fiscales, encuentros ciudadanos, etc., etc.; funciones que no son ni profesionales ni técnicas, y cuya remuneración no se ajusta a ningún arancel de honorarios vigentes, que son establecidos por Colegios Profesionales.// Estos son gastos operativos funcionales necesarios para la preparación y ejecución de la actividades requeridas para la participación en el proceso electoral, como lo establece el Art. 94 del Código Electoral y que sí se ajustan plenamente al concepto de Servicios Especiales, ya que cumplen todos los requisitos que establece el mismo Manual de Cuentas del RFPP” (folios 100-101, subrayado no es del original).

Sobre el particular conviene aclarar que este Tribunal, mediante resolución de las 13:40 horas del 22 de octubre de 2010, puso en conocimiento de las autoridades del Partido el resultado de la revisión de la liquidación de los gastos electorales deducidos para justificar el aporte estatal, detallando las razones que mediaron, en cada caso, para el rechazo de aquellos que no se ajustaron a la normativa legal y reglamentaria correspondiente. El Partido, a partir del conocimiento del detalle de la citada información, tenía la oportunidad de plantear sus objeciones, de manera concreta, dentro del plazo otorgado por este Tribunal. La representación partidaria contesta en tiempo la audiencia pero, en el rubro que nos ocupa, formula su impugnación en términos generales, sin referencia a casos concretos, lo que impide a este Tribunal abocarse al análisis específico. No obstante lo anterior y frente al argumento general que expone el Partido sobre una discrepancia de criterios contables para la retribución de los gastos electorales por concepto de “Servicios Especiales” y “Honorarios Profesionales”, conviene señalar que el RFPP precisa y define, con meridiana claridad, que los gastos por “servicios especiales” no deben estar sustentados en labores de índole profesional ni técnica, condición que sí resulta indispensable para admitir gastos por concepto de “honorarios profesionales”. Lo anterior obliga a recordar que la validación de unos y otros sólo resulta posible cuando se encuentren debidamente justificados, conforme a los criterios establecidos para cada categoría, y se verifique el cumplimiento de los demás requisitos legales y reglamentarios aplicables a cada una.

Pese a que el Partido apela al espíritu de la resolución de este Tribunal número 4114-E8-2009 e insiste en que los gastos rechazados responden a actividades operativas y funcionales, es lo cierto que con su liquidación no aportó los documentos necesarios para verificar, con la certeza requerida, la naturaleza de los mismos; además de incumplir con otros requisitos esenciales para su reconocimiento. En virtud de lo anterior, al no aportarse elementos de juicio que permitan modificar lo resuelto, se declara sin lugar la objeción planteada y se mantiene el criterio de la Dirección General del Registro Electoral.

a.2. Gastos objetados correspondientes a la cuenta 90-1400 “Honorarios Profesionales”: Producto de la revisión efectuada, la Dirección rechazó gastos por un monto de ¢32.706.949,46 (treinta y dos millones setecientos seis mil novecientos cuarenta y nueve colones con cuarenta y seis céntimos) del total certificado por el CPA (folio 41). Las principales razones del rechazo son las siguientes: 1) respaldo con medio de pago (cheque) que se encuentra anulado (folio 41); 2) ausencia de medios de comprobación del gasto tales como justificante, medio de pago y el respectivo contrato (folio 42); 3) gastos realizados por concepto de honorarios profesionales, en los que no se adjunta el informe emitido por el proveedor del servicio y el detalle de las actividades realizadas a favor de la agrupación política (folios 60, 61, 81).

En este caso el Partido acepta que, efectivamente, el cheque Nº 3687 fue anulado y por lo tanto “es correcta la objeción”; sin embargo, argumenta que los restantes ¢9.179.820,62 son gastos correspondientes a honorarios que se respaldaron con “los contratos y las facturas originales, que cumplen con todos los requisitos exigidos, además de que el Contador Público comprobó la existencia del trabajo realizado, aunque somos conscientes de que no se adjuntaron los informes correspondientes (folio 101, subrayado no es del original).

Sobre el particular se debe tener en cuenta que, para el reconocimiento de erogaciones por concepto de “honorarios profesionales”, los Partidos están en la obligación de cumplir con una serie de requisitos básicos, entre ellos, los establecidos en el numeral 58 del RFPP que al efecto dispone:

“Artículo 58.—Honorarios profesionales. Los gastos por concepto de honorarios por servicios profesionales prestados a un partido político, requerirán para su reconocimiento:

1.  Que las respectivas facturas indiquen el nombre del Partido y de los funcionarios o autoridades de éste que recibieron los servicios.

2-  Que se adjunte un informe sobre los servicios prestados.

3-  En el caso de honorarios por autenticación de firmas, se deberán indicar en la factura u otro documento de igual valor, los asuntos que requirieron el trámite de autenticación y el período durante el cual se prestaron los servicios.

4-  Que se ajusten al arancel de honorarios vigente.”

En el presente caso, si bien el Partido aportó los contratos suscritos con proveedores y las correspondientes facturas de pago, no presentó los informes relativos al servicio prestado tal y como lo exige el reglamento de cita. Esta situación es reconocida por el mismo Partido quien, apelando nuevamente a lo señalado en la resolución 4114-E8-2009, antes citada, considera que con la documentación presentada resulta posible el reconocimiento de los gastos. En ese sentido resulta de interés señalar que dicha resolución debe ser interpretada en armonía con el principio de comprobación del gasto, que obliga a los Partidos a aportar los comprobantes esenciales de acuerdo con los procedimientos, medios de control y regulaciones inherentes, que permitan al Tribunal tener certeza no sólo de la veracidad del gasto sino también de que el servicio contratado fue recibido por la entidad contratante, situación que en este caso se echa de menos. En virtud de lo anterior, al no aportarse elementos de juicio que permitan reconsiderar el rechazo de los gastos objetados, debe declararse sin lugar la objeción planteada y mantener lo establecido por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.

a.3. Gastos objetados correspondientes a la cuenta 90-1600 “Teléfono, luz y agua”. Conforme al examen efectuado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, contra esta cuenta el Partido liquidó gastos por un monto de ¢ 24.322.124,00 (veinticuatro millones trescientos veintidós mil ciento veinticuatro colones exactos), de los cuales se rechazó la suma de ¢8.581.949,46 (folio 35). Las razones para la no aceptación de esos gastos son varias, destacando entre ellas las siguientes: 1) se omitió la presentación de justificantes que respalden los gastos a que se refieren los registros contables; documentación necesaria para la efectiva demostración del gasto (folios 61-64 y 78); 2) no se aportó el contrato que formaliza, por escrito, la adquisición de bienes o servicios (folios 61-64 y 79).

En relación con esta cuenta el Partido sostiene que los pagos fueron hechos a Instituciones del mismo Estado tales como: Acueductos y Alcantarillados, Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Instituto Costarricense de Electricidad “donde con sólo hacer la solicitud y el depósito correspondiente se estableció el servicio, sin necesidad de que se firmara un contrato y en el caso particular del ICE, el pago se rebaja directamente de la cuenta corriente del Partido” (folio 101).

Respecto de esta objeción, conviene aclarar que los contratos a los que se refiere el informe, no son los que erróneamente señala el Partido. No se ha solicitado la producción de contratos con las instituciones prestadoras de servicios públicos, sino de los contratos de arrendamiento con base en los cuales se reclaman servicios públicos pagados a nombre de terceros. Lo anterior por cuanto, para que opere el reconocimiento de aquellos gastos asociados al arrendamiento de bienes por consumo de electricidad, agua o teléfono, cuyos respectivos hidrómetros, medidores de energía eléctrica o derechos telefónicos aparecen registrados a nombre de terceros, la agrupación necesariamente debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 60 del RFPP que al efecto señala:

“Artículo 60.—Arrendamientos y servicios asociados. Corresponderá el reconocimiento de gastos derivados del arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, para lo cual en el caso de gastos por concepto de servicios correspondientes a un inmueble arrendado, deberán indicarse en el respectivo contrato los números de teléfono, de medidor de energía eléctrica, hidrómetro, o cuenta por servicio de Internet que se utilizarán en esos locales, así como los nombres de los abonados al respectivo servicio” (el subrayado no es del texto).

Como se ha señalado, es ineludible para las organizaciones partidarias, por disponerlo así el artículo 96 inciso 4) de la Constitución Política, comprobar los gastos cuyo reembolso reclaman con cargo a la contribución estatal, para lo cual deben aportar toda la información y comprobantes de sus gastos de acuerdo a los procedimientos, medios de control y regulaciones inherentes. En el rubro objeto de análisis se echa de menos la documentación necesaria para establecer la conexión entre los documentos que se presentan y una obligación contractual asumida por el Partido. Por ello, considerando que la documentación omitida resultaba esencial para la justificación de un gasto asociado al arrendamiento de bienes, al no haberse producido elementos de juicio que permitan modificar las razones del rechazo, procede declarar sin lugar la objeción planteada y mantener lo resuelto por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.

a.4  Gastos objetados correspondientes a la cuenta 90-2300 “Intereses”. Esta cuenta fue liquidada por una cantidad de ¢282.357.971,09 (doscientos ochenta y dos millones trescientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y un colones con nueve céntimos) y de la misma se objetaron gastos por la suma de ¢177.026.831,38 (ciento setenta y siete millones veintiséis mil ochocientos treinta y un colones con treinta y ocho céntimos) (folio 40). Las razones para el rechazo indican que: 1) ¢55.837.642,00 corresponden a gastos generados por intereses moratorios en virtud de la cancelación de una planilla adicional a la Caja Costarricense del Seguro Social (folio 40); 2) se trata de intereses no cancelados por lo que se incumple el deber de demostrar el gasto (folio 12).

El Partido sostiene que la suma de ¢107.600.000,00 (que coincide con los rubros objetados por intereses generados con préstamos otorgados por el Banco Lafise S. A. y Financiera Acobo S. A.), que le fue objetada del total liquidado, corresponde a “gastos por interés sobre los créditos obtenidos en Instituciones Bancarias, a las cuales se les entregaron en garantía Certificados de Cesión y se hicieron los contratos y escrituras que se comunicaron y entregaron en su debida oportunidad a la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos tal y como está reglamentado.” Agrega el Partido que: “Desde el momento en que se nos otorgaron los créditos a esta fecha, ya prácticamente está agotado el periodo (sic) del crédito y consumido los intereses, porque si estos se pagan hasta la fecha en que había que presentar la documentación el 24 de mayo, quedaría al descubierto todo este período que han transcurrido desde esa fecha y hasta que se haga efectivo el pago. Precisamente, para que los partidos no quedaran con esas deudas y los bancos pudieran recuperar esos intereses, es que se dieron en garantía Certificados de Cesión, a fin de que los hicieran efectivos a la hora de cobrarlos por medio de la Deuda Política.” (folios 102-104).

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos rechazó el gasto sometido a liquidación por falta de demostración, al no existir comprobante de pago efectuado; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconocer los intereses reclamados en la respectiva liquidación trimestral una vez que el Partido los cancele. Ese criterio es compartido por la Dirección al señalar que: “Estos gastos serán reconocidos en el momento en que la agrupación política realice el desembolso respectivo” (folios 12 y 40).

Para el caso en estudio conviene señalar que este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que:

“El contrato de crédito es un instrumento de financiamiento al que pueden acudir los partidos políticos; sin embargo, por su naturaleza jurídica -acuerdo privado entre partes-, las condiciones bajo las cuales se pacte el préstamo -garantía, forma de pago, intereses y otros- es un asunto que responde a los intereses de las partes, en cuyo caso, el Banco puede exigir del partido las garantías que considere suficientes para respaldar el crédito y corresponde al partido decidir si puede cumplir con éstas o no.

Sobre el particular, se debe tomar en cuenta que, según lo ha establecido este Tribunal, la única limitación que existe en este tipo de contratos es que cumplan con la normativa electoral (ver resolución número 2476-E-2003 de las 09:45 horas del 15 de octubre del 2003)” (subrayado no es del original, ver resolución 2749-E-2005 de las 7:19 horas del 10 de noviembre de 2005).

El RFPP permite a las agrupaciones partidarias respaldar sus operaciones crediticias en el Sistema Bancario Nacional a través de la cesión del derecho a la contribución estatal por medio de certificados (art.29); asimismo, esa normativa contempla la posibilidad de reconocer aquellos intereses que se generen por dichos créditos. En ese sentido el numeral 57 de ese cuerpo normativo señala:

Artículo 57.—Intereses. Se reconocerá el gasto por concepto del pago de intereses en que incurran los partidos políticos, originados en operaciones crediticias con entidades pertenecientes al Sistema Bancario Nacional, siempre que el dinero de dicho crédito hubiese sido depositado en la cuenta del partido político, y el principal haya sido destinado a las actividades comprendidas dentro de los gastos reconocibles de conformidad con la normativa electoral. Lo anterior, indistintamente del momento en que se suscriba el referido crédito y en el entendido, de acuerdo con el cual, tales gastos por concepto de intereses deben ser presentados en la liquidación correspondiente al período en que éstos se realicen (subrayado no es del original).

La misma norma contempla, como presupuesto de admisibilidad para el reconocimiento del gasto por intereses corrientes, el pago efectivo de los mismos, requisito que en el caso de la liquidación de los intereses objetados echó de menos la Dirección, de conformidad con la revisión efectuada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, señalando al efecto que: “a la fecha límite de inclusión de gastos que habrían de presentarse en la liquidación (24 de marzo 2010), el pago de intereses no se había realizado (¢107.600.000,00), lo que viene a constituir a esa fecha un pasivo y no un gasto, ante lo cual no resulta dable su reconocimiento con recursos del aporte estatal” (folio 40).

El deber que tienen los partidos políticos de cancelar, de previo a la liquidación, los gastos cuyo reembolso se pretenda con cargo al aporte estatal, ha sido objeto de estudio por parte de este Tribunal. Así se desprende de la resolución Nº 6774-E10-2010 de las 15:30 horas del 8 de noviembre de 2010 en la que se apuntó:

“a.2)    Siempre en esta materia, pero específicamente en lo que a gastos electorales se refiere, este Tribunal ha sostenido que todas aquellas erogaciones efectuadas por los partidos, presentadas a liquidación con cargo a la contribución estatal, deben haber sido cubiertas previamente por las agrupaciones políticas con fondos propios o certificados de cesión, de manera que, en caso de resultar procedente el reconocimiento, el dinero de la contribución estatal actúe como rembolso de las erogaciones hechas y sufragadas por el partido y no como previsión para gastos futuros o para honrar deudas pendientes de pago, producto de actividades contractuales realizadas. // En nuestro diseño normativo de financiamiento a los procesos electorales, para el flujo del dinero que se entrega a los partidos políticos como contribución estatal, se establece un mecanismo de reembolso que presupone la existencia de un gasto sufragado por el partido con fondos propios o certificados de cesión. // En conclusión: solo resulta posible el rembolso de aquellos gastos electorales clasificados como justificables, con dineros de la contribución estatal, cuando los partidos políticos, con derecho a ella, demuestren en debida forma haberlos efectuado y cancelado con fondos propios o certificados de cesión” (subrayado no es del original).

El Partido argumenta que, para no quedar con deudas pendientes por períodos descubiertos entre la fecha del crédito y el pago efectivo de los intereses, entregó certificados de cesión a efecto de que las entidades bancarias receptoras pudiesen recuperar los intereses generados haciéndolos efectivos a la hora de cobrarlos por medio de la contribución estatal. Que dichos intereses deben ser reconocidos “en virtud de que esa deuda se paga con Certificados de Cesión girados a dos años y al Partido político no se le cobra en forma efectiva mensualmente, sino que el Banco los descuenta de los Certificados de Cesión dados en garantía”. A esos efectos cita lo dispuesto por este Tribunal en la resolución Nº 2749-E-2005 (folios 102-104).

El argumento que expone el Partido en términos generales, ha llevado a este Tribunal a analizar la documentación crediticia presentada por el Partido, a efecto de determinar si los certificados entregados lo fueron a título de garantía o como medio de pago, ya que cada caso merece un trato diverso. Así, al revisar los documentos correspondientes a la línea abierta de crédito otorgada al Partido por el Banco Lafise por un monto de ¢250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones de colones exactos) a un año plazo, contado a partir de la firma del contrato de crédito (9 de noviembre de 2009), que vencería por ende el 9 de noviembre de 2010, se observa que en el contrato, cláusula tercera, se fija como uso de la línea o plan de inversión: que los recursos desembolsados con cargo a la misma se utilizarán “para capital de trabajo para financiamiento de actividades de campaña política para las elecciones del año dos mil diez”. Asimismo, del documento se desprende que la agrupación deudora entregó certificados por un monto total de ¢300.000.000,00 (Trescientos millones de colones). También se verifica que el Banco realizó dos desembolsos con cargo a la mencionada línea de crédito por ¢49.994.345,00 (cuarenta y nueve millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco colones) y ¢ 194.994.345.00 (ciento noventa y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco colones ), para un monto total de ¢244.988.690.00 (doscientos cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa colones), el día 11 de noviembre de 2009; desembolsos que fueron girados mediante sendas transferencias bancarias al Partido en la cuenta cliente del Banco de Costa Rica número 15201001022545903 y en la cuenta cliente del Banco Nacional de Costa Rica número 15108010010034420, respectivamente (folio 167).

Pese a que en el contrato de crédito se indica que, como garantía de cumplimiento, se entregan los referidos certificados y se firman pagarés por cada desembolso, en cuanto a los primeros se aclara que “como medio de repago del principal e intereses se establece la cesión irrevocable (la cual se realiza en este acto de parte del Partido Acción Ciudadana y es aceptada expresamente por el Banco Lafise Sociedad Anónima por un monto de trescientos millones de colones (…) Se estima la cesión para efectos fiscales en la suma de doscientos cincuenta millones de colones.” (subrayado no es del texto). Asimismo, en el mismo instrumento notarial, en cuanto a la forma de pago de los intereses, se define que: “Dichos intereses corrientes se acumularan día a día y deberán ser pagados junto con el capital al vencimiento de la presente facilidad crediticia (subrayado no es del original). La escritura pública en la que se formaliza el contrato de crédito referido viene a aclarar el punto medular en lo que al tema de discrepancia interesa. En efecto, del texto transcrito en relación con la forma de pago establecida para los intereses (vencidos de manera conjunta con el capital) se desprende que, si bien por un lado se indica que el Partido entregaba los certificados descritos en el contrato “como garantía”, en realidad lo que se estaba haciendo era una entrega de forma anticipada para cubrir el pago, tanto de capital como de intereses corrientes –que son los que aquí interesan por ser los únicos que se pueden reconocer con cargo a la contribución estatal- pago que el Banco procedería a aplicar a la operación en el momento en que pudiera hacer efectivo el canje correspondiente. El contrato de crédito suscrito es claro al señalar que la entrega de los certificados se hace en forma definitiva e irrevocable, como medio de repago de lo adeudado, incluyendo los intereses causados.

En uso de la autonomía de la voluntad, las partes de un contrato de crédito pueden pactar las condiciones del mismo, entre ellas las garantías, forma de pago, tasa de interés, periodicidad de su pago, según las regulaciones del ente que financia y los intereses del prestatario. Sin embargo, para el reconocimiento de los gastos que deriven de este tipo de financiamiento con cargo a la contribución estatal, los Partidos deben comprobar estos gastos adecuadamente conforme a los procedimientos, medios de control y regulaciones atinentes establecidas en el ordenamiento jurídico de la materia. En el presente caso, se infiere de lo expuesto que el Partido entregó los certificados como medio de pago anticipado, tanto del capital como de los intereses de los desembolsos girados con cargo a la línea de crédito establecida en su favor.

El Partido reclama el reconocimiento de los intereses corrientes generados del 11 de noviembre de 2009 al 1° de marzo de 2010 (periodo incluido dentro de los límites establecidos por el artículo 92 inciso a) del Código Electoral para reconocer gastos de campaña), por un monto total de ¢50,000,000.00 (cincuenta millones de colones exactos), que sería la única suma que, en todo caso, se podría reconocer en este momento (detalle a folios 139, 141, 145, 147 en relación al folio 66).

En virtud de lo expuesto, se acepta el reclamo formulado por el Partido en cuanto al rubro de intereses corrientes por un monto de ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones).

En cuanto a la petición formulada por el Partido para que se le reconozcan los gastos por los intereses que se generaron en virtud del crédito por un monto de ¢200.000.000 (doscientos millones de colones) otorgado por la Financiera “Acobo Sociedad Anónima” y que, según la liquidación presentada por el partido, ascienden a la suma de ¢ 57.600.000.00 (cincuenta y siete millones seiscientos mil colones), se mantiene el rechazo pero por la siguiente razón: de conformidad con lo dispuesto por el art. 57 del RFPP, para el reconocimiento de los gastos por concepto del pago de intereses en que incurran los partidos políticos, es indispensable que sus operaciones crediticias hayan sido realizadas con entidades crediticias pertenecientes al Sistema Bancario Nacional, requisito que se echa de menos en el caso del crédito obtenido con la citada financiera, ya que la misma es una empresa financiera no bancaria de acuerdo a la clasificación de la SUGEF, y no se encuentra incluida dentro de las entidades que conforman el Sistema Bancario Nacional según lo establecido en el artículo 1° de su Ley Orgánica.

En virtud de lo expuesto, se acoge parcialmente la pretensión del partido Acción Ciudadana, en cuanto al reconocimiento del gasto de intereses por ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones exactos), correspondiente a intereses generados por el préstamo concedido a la agrupación política por el Banco Lafise S. A., manteniéndose incólume en lo demás el rechazo contenido en el informe de la Dirección.

a.5   Gastos objetados correspondientes a la cuenta 90-3300 “Integración y funcionamiento de Comités”. De conformidad con la revisión efectuada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, dicha cuenta fue liquidada por un monto de ¢258.421.988,00 (doscientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos veintiún mil novecientos ochenta y ocho colones exactos), y se rechazaron gastos por la suma de ¢13.932.199,61 (trece millones novecientos treinta y dos mil ciento noventa y nueve colones con sesenta y un céntimos) (folio 35). Como causas para el rechazo destacan: 1) justificante o comprobante no indica el medio de pago utilizado por la agrupación política para sufragar los gastos, lo que impide verificar si la cancelación de esos bienes o servicios se realizó haciendo uso de recursos propios y de los medios de pago autorizados (folios 74,76,78); 2) gastos no redimibles con recursos de la contribución estatal, pues su naturaleza no se ajusta a la normativa, ni se enmarca dentro del Manual de Cuentas contenido en el RFPP (folios 74-76, 79); 3) el justificante aportado por la agrupación no detalla la descripción de los bienes o servicios adquiridos o no fue posible determinarlos debido al mal estado de los documentos de soporte (folios 74-76, 79).

En defensa de sus intereses el Partido aduce que: “Del total de gastos, existe un monto de ¢6.023.431,95 que se giraron a nombre de María Eugenia Quesada Fonseca, éste se objeta porque no se indica el medio de pago. Al respecto, aceptamos haber cometido un error porque en el Asiento de Diario no se hace la referencia a los cheques girados por concepto de Fondos de Trabajo para lo que nosotros denominamos “Programa Solidaridad”, con el objetivo de difundir nuestra propuesta en zonas de muy escasos recursos. Los cheques fueron: Ck-3703 del 28-12-2009, por ¢2.000.000,00; Ck 3712 del 4-01-2010 por ¢2.000.000,00; Ck-3764 del 14-01-2010 por ¢2.000.000,00 y el Ck-3822 del 29-01-2010 por ¢4.000.000,00. Como se puede notar el gasto fue real por lo que corresponde su reconocimiento, aunque el procedimiento puramente contable, no fue el más idóneo” (folio 104, subrayado no es del original).

Tal y como lo ha señalado este Tribunal, para el reconocimiento de la contribución estatal, los partidos están en la obligación ineludible de comprobar sus gastos y demostrar que el pago efectuado fue realizado a través de un medio autorizado y que, además, permita acreditar que el desembolso provino de recursos de la agrupación política (artículos 33 y 65 del RFPP). En el presente caso, de los justificantes o comprobantes aportados por el Partido no se colige cuál fue el medio de pago utilizado (cheque, transferencia, certificado de cesión, caja chica).

En su defensa el Partido sostiene que, si bien el procedimiento puramente contable no fue el más idóneo, el gasto es real y debe reconocerse porque las cancelaciones se hicieron a través de los cheques números Ck-3703 del 28-12-2009, Ck 3712 del 4-01-2010 y Ck-3764 del 14-01-2010. Contrario a lo expuesto por el Partido, en el sentido de que se trata de un asunto “puramente contable”, lo que se echa de menos en la revisión contable es la relación preexistente entre los documentos que comprueban el gasto y el medio de pago utilizado, es decir, no se logra establecer con la certeza requerida esa vinculación. Si bien al contestar la audiencia, el Partido indica cuáles fueron los medios de pago, dicha manifestación no resulta suficiente para acreditar el ligamen exigido por la normativa aplicable pues, como se indicó, no existe respaldo alguno que así lo valide. Téngase en cuenta, además, que el monto que se desprende de la sumatoria de los cheques que se aducen como medio de pago, supera la cifra de los gastos objetados. En ese sentido conviene repasar lo dispuesto en el artículo 42 del RFPP que literalmente señala:

“Artículo 42.—Deber de demostración de los gastos. Es responsabilidad de los partidos políticos demostrar en debida forma sus gastos y únicamente a ellos corresponderá comprobar su efectiva existencia y clasificación dentro de los gastos justificables definidos por el Código Electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones, como objeto de reconocimiento estatal. Para tales efectos, deben presentar ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos -y registrar en la herramienta informática dispuesta para ese efecto- las liquidaciones previstas en la normativa electoral, con la indicación específica y expresa de la documentación que respalda cada gasto, la cual se aportará junto con la liquidación.//La liquidación deberá estar debidamente refrendada por un contador público autorizado en su condición de profesional responsable y fedatario público; y será el medio por el cual los partidos políticos, con derecho a la contribución estatal, comprobarán cada uno y en su totalidad los gastos en que hayan incurrido.” (subrayado no es del original).

Por lo antes expuesto, siendo que no existen razones de hecho o de derecho que permitan jurídicamente variar las razones del rechazo, se declara sin lugar la objeción y se mantiene lo resuelto por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.

a.6   Gastos objetados correspondientes a la cuenta 91-0100 “Periódicos”. A partir de la revisión efectuada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos se tiene que dicha cuenta fue liquidada por un monto de ¢53.752.853,00 (cincuenta y tres millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres colones exactos) y de la misma se rechazaron gastos por la suma de ¢6.627.372,00 (seis millones seiscientos veintisiete mil trescientos setenta y dos colones exactos) (folio 36). Dentro de los motivos para tal rechazo están: 1) justificante o comprobante no indica el medio de pago utilizado por la agrupación política (folios 76,78); 2) se omitió la presentación de justificantes que respalden los gastos a que se refieren los registros contables o el justificante aportado no cumple los requerimientos estipulados en la normativa vigente (folios 76,78) y 3) en la factura emitida por el medio de comunicación colectiva no se consigna información que permita determinar el día en que se realizó la transmisión de la pauta publicitaria, ni tampoco se adjunta documentación de la cual se pueda derivar ese dato (folios 76, 78 y 80). Como argumento para el reconocimiento parcial del gasto el Partido sostiene:

“En esta cuenta se objetan gastos por ¢6.627.372,00. Desglosados de la siguiente forma: ¢ 3,193,813,00 porque no se indica el beneficiario o el medio de pago: En el formulario 3.12 “Registro de Propaganda por prensa escrita”, en el reglón 23 se establece claramente que el pago se hizo por Transferencia Electrónica de Fondos (N°-884), a favor del Grupo Nación, por concepto de publicación del día jueves 28 de enero en la página 11-A.// ¢1.486.007,00 porque no se indica el beneficiario, el medio de pago usado o el día de la publicación. Al respecto, debemos indicar que según documento BC0008013809, con la Transferencia Electrónica de Fondos 521, del 4 de noviembre del 2009, se comprueba un pago al Grupo Nación por un total de ¢3,525,638, por concepto de publicación hecha en La Nación y el Financiero.// ¢ 1,731,272,00 porque no se indica el medio de pago o se omite la presentación de justificante. En este caso, el pago se hizo mediante Transferencia Electrónica de Fondos N°-543 del 11-11-09, a favor del Diario Extra, según muestra el mismo Auxiliar.// Como se puede notar, estos pagos son a medios de comunicación serios, de mucho prestigio, con años de funcionar y muy reconocidos, por lo que no podríamos haberles hecho un pago sin haber recibido un servicio.”

En el caso de los gastos que se objetan, si bien el Partido pretende justificar la erogación a partir de información consignada en los comprobantes de transferencias bancarias efectuadas, no resulta posible a partir de esos datos y de la información aportada con la liquidación de gastos, llegar al convencimiento de la existencia de un gasto redimible. La información contenida en las transferencias bancarias, por sí sola, no tiene la virtud de suplir la presentación de los justificantes del gasto requeridos por la normativa vigente.

Una regla que se impone en materia de liquidación es que todo gasto reembolsable a través del financiamiento del Estado debe estar respaldado mediante justificantes o comprobantes que, en relación con los medios de pago, permitan demostrar efectivamente la realización del gasto. Cabe señalar que la regla general contenida en el artículo 50 es la presentación de “justificantes”, los cuales son extendidos por los proveedores de bienes y servicios, y solo por excepción, en casos muy calificados, se aplica lo establecido en el artículo 51, que permite la presentación de “comprobantes”, extendidos en este caso por el propio Partido, cuando “resulte imposible la acreditación del gasto mediante justificantes”. Aún en este caso excepcional, los documentos deben cumplir con una serie de requisitos para su aceptación para los efectos de obtener reconocimiento de contribución estatal.

En el caso que nos ocupa, el Partido pretende suplir un justificante con un comprobante, sin acreditar que le hubiese resultado imposible obtener el documento requerido del proveedor, siendo éste una empresa reconocida y el bien contratado un servicio de aquellos que generan necesariamente la emisión de un documento contable típico, cual es la factura cancelada por aquel, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 50 del RFPP. Por su trascendencia para dilucidar el punto que nos ocupa, se transcriben a continuación las normas referidas:

“Artículo 50.—justificante y sus requisitos. Para efectos de este Reglamento, se entenderá como justificante todo documento proporcionado por los distintos proveedores de bienes o servicios. Por regla general, todo gasto reembolsable a través del financiamiento del Estado, deberá ser respaldado mediante justificantes, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.  Ser documento original, debidamente autorizado por la Administración Tributaria, excepto en los casos en que esa instancia apruebe regímenes especiales.

2.  Estar debidamente fechado, cancelado y extendido a nombre del partido.

3.  Tener consignado el nombre y cédula o documento de identificación de la persona física o jurídica que suministró los bienes o servicios.

4.  Detallar los bienes o servicios suministrados a la agrupación política que los paga.

5.  Haber sido pagado por el partido político empleando los medios estipulados en este Reglamento.

6.  Indicar el recibido conforme de los bienes y servicios por parte de un funcionario o representante del partido autorizado para ese propósito, quien consignará su nombre, firma y número de cédula.

7.  Señalar el código de la cuenta contable respectiva de conformidad con el Cuadro y el Manual de Cuentas dictado por el Tribunal Supremo de Elecciones, anexo a este Reglamento.

Artículo 51.—Comprobantes y sus requisitos. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por comprobante todo documento emitido por el propio partido político para demostrar sus gastos. Los comprobantes sólo serán aceptados en casos muy calificados en los que, por la naturaleza de la erogación, resulte imposible la acreditación de gastos por medio de justificantes, en los términos del artículo anterior, en criterio del Tribunal Supremo de Elecciones. Los documentos comprobantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.  Ser documento original, debidamente fechado, prenumerado de acuerdo a un consecutivo y con el membrete del partido.

2.  Consignar el nombre y firma de la persona que recibió el pago, su número de identificación, número de teléfono y dirección.

3.  Detallar claramente los bienes o servicios adquiridos por el partido y la fecha en que se adquirieron.

4.  Indicar el recibido conforme de los bienes o servicios por parte de un funcionario del partido autorizado quien consignará su nombre, firma y número de cédula.

5.  Señalar el código de la cuenta contable respectiva de conformidad con el Cuadro y el Manual de Cuentas dictado por el Tribunal Supremo de Elecciones, anexo a este Reglamento.” (subrayado no es del original).

Adicionalmente, para el reconocimiento de los gastos generados por la contratación de propaganda en medios escritos, la citada normativa reglamentaria exige:

“Artículo 61.—Propaganda. Para efecto de que sean reconocidos los gastos en que incurran los partidos políticos por concepto de propaganda en medios de comunicación colectiva, deberán observarse las siguientes regulaciones:

1.  Las empresas contratadas para prestar servicios de propaganda, deberán estar debidamente inscritas en el Tribunal Supremo de Elecciones.

2.  En el caso de medios escritos, las agrupaciones políticas, en los         justificantes que respaldan el gasto, deberán solicitar a los medios consignar la fecha y el número de página en que se hizo la publicación.

3.  Las facturas por transmisiones radiales o televisivas deberán consignar necesariamente el día, la fecha y la hora en que el servicio se prestó en cada oportunidad, así como el número de cuñas transmitidas, la duración y el costo de cada una.

4.  Los partidos políticos deberán confeccionar y presentar, junto con cada liquidación, un registro auxiliar para los gastos de propaganda por radio, televisión y prensa escrita, en los que se consigne la información que se detalla en los formularios 3.10, 3.11 y 3.12 del Anexo N.º 3 a este Reglamento.” (destacado no es del original).

El Partido pretende justificar los gastos objetados demostrando el pago realizado a través de las transferencias electrónicas que cita; sin embargo, al efectuar una revisión de la documentación aportada con motivo de su liquidación de gastos se concluye que, pese a que el Partido cumple con ese deber normativo, no aportó los justificantes necesarios para tener por acreditadas las correspondientes erogaciones. Cabe mencionar que este Tribunal, refiriéndose a la documentación presentada por los Partidos para justificar sus erogaciones y a la necesaria veracidad del gasto, ha sostenido:

“En el caso concreto, no obstante que el Partido alega que presentó la documentación solicitada por el órgano contralor y que de ella se demuestra la realización del gasto, es preciso indicar que, según se ha expuesto a lo largo de la presente resolución, es requisito indispensable para reconocer el gasto, que éste se encuentre debidamente justificado, por lo que no solo basta con aportar la documentación que exige la normativa electoral, sino que es preciso que del análisis de ésta se tenga el convencimiento de la veracidad del gasto, ya que si no se logra esa certeza, el gasto no puede considerarse justificado.” (resolución Nº 2435-E-2007 de las 17:00 horas del 14 de setiembre de 2007, subrayado no es del original).

En el caso que nos ocupa, del análisis de la documentación aportada por el Partido no se logra verificar, con la certeza requerida, el gasto objetado y se echa de menos la presentación de los justificantes en los términos expuestos en la normativa de cita. En ese sentido conviene señalar que, para el reconocimiento de los gastos electorales, los partidos políticos no sólo deben cumplir con el deber de demostrar el medio de pago utilizado (a efectos de acreditar la utilización del mecanismo autorizado y la cancelación de los gastos con recursos partidarios), lo que en este caso ha hecho el Partido, sino también, aportar los documentos que, de acuerdo con los procedimientos, medios de control y regulaciones inherentes sirvan como respaldo fehaciente del gasto, con lo que no cumplió la agrupación política.

Por las razones expuestas, resulta improcedente el reclamo partidario y este Tribunal mantiene el criterio contenido en el informe de la Dirección.

a.7   Gastos objetados correspondientes a la cuenta 91-0200 “Radio”. Según la revisión efectuada por el citado Departamento, del monto sometido a liquidación por la suma de ¢320.080.344,00 (trescientos veinte millones ochenta mil trescientos cuarenta y cuatro colones exactos) se denegaron gastos por ¢25.809.638,00 (veinticinco millones ochocientos nueve mil seiscientos treinta y ocho colones exactos) (folio 36). Dentro de las causas que fundamentaron tal decisión destacan:1) justificante o comprobante no indica el medio de pago utilizado por la agrupación política (folios 76,78); 2) en la factura emitida por el medio publicitario no se consigna información que permita determinar el día en que se realizó la transmisión de la pauta publicitaria, ni tampoco se adjunta documentación de la cual se pueda derivar el dato (folios 76,80); 3) las empresas que extienden los recibos cancelados por la agrupación política para pauta, no se encuentran debidamente inscritas ante el Tribunal.

El Partido objeta el rechazo de ¢19.008.000,00 (diecinueve millones ocho mil colones exactos) cancelados a favor de la Cadena Radial Costarricense S. A. y en ese sentido sostiene: “estos gastos se objetan porque la factura no indica el día de la transmisión. Al respecto, si se observa el Formulario 3-10 “Auxiliar de propaganda por Radio” en el reglón 382, se detalla dicha pauta por el monto completo, con los días y horas pautados, detallados en la factura 962, del 10-12-09. En virtud de lo anterior, consideramos no hay motivo para la objeción” (folio 105).

Para el análisis de la impugnación planteada, conviene tener presente lo dispuesto en los artículos 136 párrafo cuarto del Código Electoral y 61 del RFPP que al efecto disponen:

“Artículo 136.—Libertad para difundir propaganda

(…)

Todo partido político se abstendrá de difundir propaganda política en medios de comunicación colectiva del 16 de diciembre al 1º de enero, ambos inclusive, inmediatamente anteriores al día de las elecciones. Durante este período, únicamente los candidatos a la Presidencia de la República podrán divulgar tres mensajes navideños, según la reglamentación que al efecto dictará el TSE. Tampoco podrá hacerse en los tres días inmediatos anteriores ni el día de las elecciones.” (subrayado no es del original).

Artículo 61.—Propaganda

Para efecto de que sean reconocidos los gastos en que incurran los partidos políticos por concepto de propaganda en medios de comunicación colectiva, deberán observarse las siguientes regulaciones:

1.  Las empresas contratadas para prestar servicios de propaganda, deberán estar debidamente inscritas en el Tribunal Supremo de Elecciones.

2.  En el caso de medios escritos, las agrupaciones políticas, en los justificantes que respaldan el gasto, deberán solicitar a los medios consignar la fecha y el número de página en que se hizo la publicación.

3.  Las facturas por transmisiones radiales o televisivas deberán consignar necesariamente el día, la fecha y la hora en que el servicio se prestó en cada oportunidad, así como el número de cuñas transmitidas, la duración y el costo de cada una.

4.  Los partidos políticos deberán confeccionar y presentar, junto con cada liquidación, un registro auxiliar para los gastos de propaganda por radio, televisión y prensa escrita, en los que se consigne la información que se detalla en los formularios 3.10, 3.11 y 3.12 del Anexo N.º 3 a este Reglamento.” (subrayado no es del original).

Asimismo, téngase presente lo dispuesto por este Tribunal en la resolución Nº 2435-E-2007 de las 17:00 horas del 14 de setiembre de 2007 en la que, al conocer precisamente de los recursos de reconsideración interpuestos por el partido Acción Ciudadana contra los informes preparados por la Contraloría General de la República relativos a las liquidaciones de gastos por publicidad en radio y televisión del ciclo electoral anterior, señaló:

“En el proceso de revisión del gasto que realiza el órgano contralor, en el caso de la publicidad en radio y televisión, es indispensable que los partidos políticos aporten los documentos necesarios para verificar los requerimientos que establece la citada norma legal, con lo cual, no solo se debe aportar la factura por el servicio prestado, en la que se indique la fecha y la hora en que el servicio se prestó en cada oportunidad, así como el número de cuñas transmitidas y la duración de cada una, sino que además esa información debe ser respaldada por un monitoreo, el cual permite verificar que las cuñas efectivamente se difundieran.” (subrayado no es del original).

Si bien de la documentación aportada por el Partido, incluyendo el registro auxiliar de propaganda de radio, se tiene por demostrado el pago de ¢19.008.000,00 a favor de “Cadena Radial Costarricense S. A”, por concepto de transmisión de pautas publicitarias durante los días que corren del 10 al 19 de diciembre, es lo cierto que, con los comprobantes presentados, no se logra comprobar la difusión señalada. En efecto, no se produce documentación sobre el monitoreo ni tampoco se clarifica el número de cuñas transmitidas diariamente; información que resultaba indispensable para una eventual validación parcial, toda vez que el período de transmisión de cuñas radiales, consignado en los documentos que aporta el Partido, abarcaba días en los que, por expresa disposición del artículo 136 del Código Electoral, no era posible la divulgación de propaganda política y, por ende, no sería posible reconocer su pago para efectos de un reembolso de gastos. Por lo antes expuesto, al no poder tener por justificada la erogación, corresponde rechazar la objeción planteada y en su lugar mantener el rechazo del gasto.

a.8   Gastos objetados correspondientes a la cuenta 91-0300 “Televisión”. Producto de la revisión efectuada se rechazaron gastos por un monto de ¢152.229.324,92 (ciento cincuenta y dos millones doscientos veintinueve mil trescientos veinticuatro colones con noventa y dos céntimos), del total certificado por el CPA (folios 12,36, 40). Dentro de las razones que fundamentan el rechazo están: 1) omisión de la presentación de justificantes que respalden los gastos o el comprobante aportado no cumple con los requisitos reglamentarios, y 2) no se aportó documentación original correspondiente a justificantes, comprobantes o cheques, según sea el caso (folios 77,78).

El Partido objeta el rechazo bajo los siguientes argumentos: En cuanto al monto de ¢64.512.281,15, rechazado por una omisión en la presentación del justificante que respaldara los gastos a que se refieren los registros contables, sostiene: “en el formulario 17: “Recibo por la entrega de bonos”, consecutivo PAC N° 46, consta el detalle de la cancelación del saldo de las facturas emitidas por Repretel S. A., con bonos Serie B, numerados del 001-750, con un valor nominal de ¢150.000.000,00. El monto de ¢64.512.281,15, se deriva de los gastos que constan en facturas entregadas con la liquidación de gastos y que se reflejan en estado de cuenta del 01/10/2009 al 03/02/2010, por un monto total de ¢308.403.152,16 de los cuales se cancela el monto objetado como se dijo anteriormente, con bonos Serie B. Hacemos referencia al asiento contable N° CON048016516, del 01/05/2010, en donde consta el registro del ingreso por colación (sic) de bonos y los pagos correspondientes a favor de Repretel, S. A. (Documentos anexos). En virtud de la prueba aportada que evidencia el gasto real y su respectiva cancelación, solicitamos el reconocimiento de este gasto.” (folios 105, 108-110).

En lo concerniente al rechazo de ¢39.610.400,00 a nombre de Grupo Extra, el Partido indica que: “sí es cierto que no se adjuntó la factura original, pero se adjuntó una Copia Certificada por la empresa, en razón de que el funcionario encargado de estos trámites en nuestro Partido, sin motivo alguno, abandonó el trabajo en plena campaña electoral, lo que hizo imposible en ese momento ubicar la factura original, sin embargo; posteriormente a la fecha de la liquidación logramos ubicar el original de las facturas y procedimos a entregarlas al Departamento de Financiamiento, tal y como explicamos en oficio PAC 421-2010 del 7 de setiembre de 2010 (folios 105, 106)

Los motivos que sustentaron el rechazo de ¢64.512.281,15 a favor de “Representaciones Televisivas Repretel S.A”, son similares a los que se han venido desarrollando en acápites precedentes. El Partido pretende comprobar el gasto a través del medio de pago utilizado pero no aporta elementos de juicio que permitan determinar la existencia de justificantes para tener por verificada la prestación de los bienes o servicios y la relación preexistente entre éstos. Como ya se indicó, una regla ineludible que se impone en materia de liquidación, es que todo gasto reembolsable a través del financiamiento del Estado, debe estar respaldado mediante justificantes o comprobantes que, en relación con los medios de pago, permitan demostrar efectivamente la realización del gasto (artículos 50 y 51 del RFPP). Como se ha indicado, en el caso de pago de publicidad en medios lo que corresponde es la presentación de un justificante y no de un comprobante.

En el segundo caso, el rechazo se produce por ausencia del justificante original, ya que el documento sustitutivo aportado inicialmente por el Partido fue una copia de la factura Nº 011903 expedida el 5 de febrero de 2010 por la Sociedad Periodística Extra LTDA., emitida a nombre del partido Acción Ciudadana por un monto de ¢39.610.400.00, en cuyo dorso aparece una razón de ser “copia fiel” y una rúbrica ilegible. En cuanto a esta situación debemos señalar que el Partido posteriormente, aunque fuera del plazo establecido, presentó el comprobante original, lo que obliga a este Colegiado a valorar si, en esta materia, resulta posible aplicar la figura de la subsanación. Al efecto, conviene reconsiderar lo resuelto por la Dirección General del Registro Electoral con base en las siguientes razones: El RFPP establece que las liquidaciones de gastos electorales de las agrupaciones políticas con derecho a la contribución estatal, deben presentarse ante este Tribunal dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la declaratoria de elección de diputados, conjuntamente con toda la documentación que permita una verificación de los gastos efectuados (artículos 43 y 44). El partido Acción Ciudadana presentó en tiempo su liquidación y la documentación de respaldo que, a su juicio, resultaba pertinente. En relación al rubro que nos ocupa, la Dirección competente objeta su reconocimiento aduciendo que el justificante aportado no cumplía con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del citado Reglamento, por no tratarse de un documento original. Cabe señalar que, en oficio PAC-421-2010 de fecha 7 de setiembre del 2010, el Tesorero del Partido comunica al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, entre otras cosas, lo siguiente: “Por otra parte, en la liquidación general de la campaña 2006-2010, se adjuntó como justificante de pago una copia de la factura 11903 de la Sociedad Periodística Extra Limitada, con la leyenda de “Copia fiel del original”, sin embargo, se logró conseguir el original de dicha factura, la cual le adjuntamos para su debida incorporación a los documentos presentados anteriormente”. El Tribunal ha podido constatar que el justificante original aportado por el Partido coincide plenamente con la “copia fiel” del documento presentada dentro del término de ley, con la liquidación correspondiente, por lo que, subsanada la omisión, resulta procedente el reconocimiento del gasto habida cuenta de que, en este caso en particular, la falta del justificante original fue la única razón para el rechazo del gasto por parte de la Dirección.

a.9    Gastos objetados correspondientes a la cuenta 92-0100 “Cursos de Formación”. En lo que respecta a este rubro, se rechazaron gastos por un monto de ¢29.425.423,50 (folio 36). Dentro de los motivos para ello destacan: 1) gastos no redimibles con recursos de la contribución estatal pues por su naturaleza no se enmarcan dentro del Manual de Cuentas contenido en el RFPP; 2) corresponden a gastos de capacitación pero no se detalla el tema del curso recibido, el nombre de los instructores ni la lista de asistencia con la firma de las personas participantes.

Sobre este rubro el Partido aduce que los gastos objetados lo son por el alquiler de los locales del Centro Cooperativo La Catalina RL, por un monto de ¢9.509.500.00, Hotel Ambassador por ¢15.759.999,68 y Asociación Seminario Nazareno de las Américas, por un monto de ¢1.593.980,00. Que dichos inmuebles fueron requeridos para realizar actividades de diversa índole y para el reconocimiento de esos gastos adjuntó los contratos y las facturas correspondientes.

Según se ha expuesto a lo largo de la presente resolución, es requisito indispensable para reconocer un gasto, que éste se encuentre debidamente justificado, por lo que no basta con aportar la documentación que acredite el pago sino que, del análisis de ésta, se llegue al convencimiento de la veracidad del gasto. En este caso, si bien el Partido presentó los contratos y las facturas de pago, no se logró justificar el gasto efectuado dado que no aporta información necesaria al efecto, tal y como lo dispone el numeral 59 del RFPP:

“Artículo 59.—Gastos de capacitación. Para que se reconozcan gastos de capacitación, el partido político deberá aportar un detalle de los cursos, talleres y seminarios que contenga, al menos, el tema, fecha, duración, lugar, nombre de los instructores y lista de asistencia con la firma de las personas participantes. Para la capacitación durante el período no electoral, el partido político, además de suministrar la información establecida en el párrafo anterior, deberá garantizar la participación paritaria por género, para lo cual acompañará la liquidación respectiva con una certificación emitida por un contador público autorizado, en la que especifique el cumplimiento de este requisito” (subrayado no es del texto).

Nótese que, al formular su objeción, el Partido aduce que los gastos de interés corresponden al pago de alquiler de locales en los que realizaron actividades de diversa índole, situación que impide a este Tribunal determinar que se trate de gastos redimibles al omitir el Partido suministrar la información completa y detallada que permitiera la justificación de cada gasto reclamado. Así las cosas, considerando que del análisis de los documentos que conforman el expediente no se desprende información esencial que permita autorizar los gastos por concepto de capacitación, se rechaza la objeción planteada y se avalan las razones que fundamentaron el respectivo rechazo.

VII.—Sobre los gastos aceptados al partido Acción Ciudadana. De acuerdo con los elementos que constan en autos, de la suma total de ¢3.741.080.303,65 (tres mil setecientos cuarenta y un millones ochenta mil trescientos tres colones con sesenta y cinco céntimos), que fue establecida en la resolución 2124-E10-2010 como la cantidad máxima de dinero a la cual podía aspirar el partido Acción Ciudadana recibir del aporte estatal por su participación en el ciclo electoral de interés, esta agrupación política definió estatutariamente un porcentaje del 80% de ese monto para satisfacer gastos propiamente electorales y un 20% para gastos permanentes de organización y capacitación. Dado que el Partido no fijó estatutariamente qué proporción de los recursos destinaría a cada rubro, corresponde prorratear el porcentaje global (20%) por iguales partes, definiendo un 10% para cada uno, lo que significa, a su vez, que al proceder a dividir en forma paritaria el monto total de la reserva pertinente, se debe asignar la suma de ¢374.108.030,37 (trescientos setenta y cuatro millones ciento ocho mil treinta colones con treinta y siete céntimos) para cubrir gastos de “capacitación” y una suma igual para los de “organización”. Sin embargo, como se verá más adelante, ese Partido tuvo un remanente no reconocido de ¢260.078.286,65 (doscientos sesenta millones setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis colones con sesenta y cinco céntimos), lo que hizo que su reserva para organización y capacitación se engrosara. De esa forma, estos rubros alcanzaron la cifra de ¢504.147.173,69 (quinientos cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ciento setenta y tres colones con sesenta y nueve céntimos) para cada categoría.

En el caso bajo examen, el partido Acción Ciudadana presentó una liquidación de gastos por ¢4.238.108.764,79 (cuatro mil doscientos treinta y ocho millones ciento ocho mil setecientos sesenta y cuatro colones con setenta y nueve céntimos); sin embargo, esa cifra fue rectificada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos fijándola en ¢4.238.108.763,25 por corresponder a la sumatoria de los rubros que conforman la liquidación (folio 35,36). Tras la correspondiente revisión de esos gastos, por parte de esa Dirección y del propio Tribunal, ha quedado establecida la suma de ¢2.732.785.956,27 (dos mil setecientos treinta y dos millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis colones con veintisiete céntimos) a título de gastos electorales reconocidos. Entonces, del monto máximo de gastos electorales que tenía derecho a liquidar el Partido ¢2.992.864.242,92 (dos mil novecientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos colones con noventa y dos céntimos), quedó como remanente no reconocido la cantidad de ¢260.078.286,65 (doscientos sesenta millones setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis colones con sesenta y cinco céntimos). Este último monto pasó a engrosar, en proporciones iguales, la reserva para gastos de organización y capacitación, resultando entonces para cada uno de esos extremos un total de ¢504.147.173,69 (quinientos cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ciento setenta y tres colones con sesenta y nueve céntimos).

VIII.—Sobre la reserva para gastos de organización y capacitación. Ahora bien, puesto a que al partido Acción Ciudadana se le reconocieron ¢454.367.823,73 (cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientos sesenta y siete mil ochocientos veintitrés colones con setenta y tres céntimos) como gastos de organización y ¢2.323.378,48 (dos mil trescientos veintitrés millones trescientos setenta y ocho colones con cuarenta y ocho céntimos) como gastos de capacitación, esas sumas deben restarse del monto indicado al final del considerando anterior. De esta forma, esa reserva quedará conformada por ¢49.779.349,96 (cuarenta y nueve millones setecientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve colones con noventa y seis céntimos) y ¢501.823.795,21 (quinientos un millones ochocientos veintitrés mil setecientos noventa y cinco colones con veintiún céntimos) que, respectivamente, podrán utilizarse para satisfacer los gastos futuros de organización y capacitación de esa agrupación política (art. 92 inciso b, 95 y 107 del Código Electoral). En cuanto a esta última cuestión, se insiste en lo manifestado de forma reiterada por este Tribunal, en cuanto a la imposibilidad de que los partidos utilicen recursos destinados, estatutariamente, a un determinado fin para satisfacer otro al cual no estaban asignados, para lo cual resulta esclarecedor lo dispuesto en la sentencia 1072-E-2003 de las 10:05 horas del 2 de junio del 2003, en la que se sostuvo:

“De ahí que para éste resulte relevante, de cara a los próximos procesos electorales, ampliar la interpretación que se hizo del inciso 1) del artículo 96 constitucional, en el sentido de que, una vez fijado estatutariamente el porcentaje de la contribución estatal que cada partido utilizará para efectos de “capacitación”, éste no puede ser utilizado ni justificado a título de gastos de “propaganda” u “organización”. En consecuencia, si en el futuro una agrupación partidaria no liquida o logra demostrar erogaciones por capacitación en la proporción predefinida sino en una suma menor, ciertamente la diferencia resultante no podrá ser imputada a los otros rubros señalados.”

Así, de acuerdo con la exposición realizada, la Tesorería Nacional y el Ministerio de Hacienda deben reservar la suma de ¢551.603.145,17 (quinientos cincuenta y un millones seiscientos tres mil ciento cuarenta y cinco colones con diecisiete céntimos) a favor del partido Acción Ciudadana, la cual quedará sujeta, para efectos de su reconocimiento, al procedimiento de liquidaciones trimestrales establecida en el artículo 107 del Código Electoral.

IX.—Sobre el monto a deducir por concepto de financiamiento anticipado recibido por el partido Acción Ciudadana. En virtud de que, mediante resolución 506-E10-2010 de las 12:00 horas del 28 de enero de 2010, este Tribunal autorizó el giro parcial del anticipo de la contribución del Estado a los gastos del partido Acción Ciudadana, por la suma de ¢228.000.000,00 (doscientos veintiocho millones de colones exactos), esta cantidad debe deducirse de la cifra total de los gastos electorales reconocidos a ese Partido relativos al ciclo electoral 2006-2010, cuyo monto asciende a ¢2.732.785.956,27 (dos mil setecientos treinta y dos millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis colones con veintisiete céntimos), con lo cual el monto del aporte estatal que le corresponde ahora percibir al partido Acción Ciudadana por concepto de gastos electorales es de ¢2.504.785.956.27 (dos mil quinientos cuatro millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis colones con veintisiete céntimos). Por lo anterior, la cifra global que se debe asignar a esa agrupación política por concepto de gastos electorales, de organización y de capacitación reconocidos, asciende a los ¢2.961.477.158.48 (dos mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos setenta y siete mil ciento cincuenta y ocho colones con cuarenta y ocho céntimos).

Tomando en cuenta la deducción aplicada, de inmediato proceda la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento Partidos Políticos a liberar y devolver al partido Acción Ciudadana el documento “Garantía de Cumplimiento” emitido por el Banco de Costa Rica, a nombre de este Tribunal, por un valor de ¢228.000.000,00 (doscientos veintiocho millones de colones) (folio 127 vuelto).

X.—Sobre la procedencia de retenciones que corresponda practicar por morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero-patronales, multas impuestas pendientes de cancelación (artículo 300 del Código Electoral) u omisión de las publicaciones ordenadas en el artículo 135 del Código Electoral. En el presente caso, no resulta procedente efectuar retención alguna en aplicación del artículo 300 del Código Electoral pues no existe registro de que el Partido deba responder por las multas que establece el Código Electoral. Adicionalmente, tal y como lo ha podido constatar el Tribunal, a través de la constancia emitida por el señor Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, la cual corre agregada a folio 130, la publicación realizada por el partido Acción Ciudadana de sus contribuyentes y del estado auditado de sus finanzas en el diario La Prensa Libre del 30 de octubre de 2010, páginas 6 a 9, cumplió con lo establecido en el artículo 135 del Código Electoral, de forma tal que tampoco caben retenciones con base en esa disposición normativa.

XI.—Sobre gastos en proceso de revisión. Sobre el particular, es indispensable indicar que no existen gastos en proceso de revisión.

XII.—Sobre el monto total o parcial a girar. Del resultado final de la liquidación de gastos presentada por el partido Acción Ciudadana, procede reconocer la suma de ¢2.961.477.158,48 (dos mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos setenta y siete mil ciento cincuenta y ocho colones con cuarenta y ocho céntimos) relativa al ciclo electoral 2006-2010 (¢ 3.189.477.158,48 -¢2.732.785.956,27 más ¢456.691.202,21- del total reconocido menos ¢228.000,000 por el anticipo de la contribución estatal).

En virtud de que el partido Acción Ciudadana realizó tres emisiones de certificados de cesión, en tres series distintas, por un monto total de ¢5.400.000.000,00 (cinco mil cuatrocientos millones de colones), cantidad que fue dividida en la forma indicada en el “hecho probado” número 10.) de esta sentencia, de conformidad con el monto total aprobado, dicha cantidad (¢2.961.477.158,48) alcanza para cubrir parcialmente la primera emisión serie A de certificados de cesión, dejando al descubierto la totalidad de la segunda emisión serie B de esos títulos y tercera emisión serie C. Por consiguiente, la Tesorería Nacional deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 117 del Código Electoral haciendo la “disminución proporcional correspondiente”, sea, prorratear la suma de (¢2.961.477.158,48) entre el total de certificados de la serie A emitidos por el partido Acción Ciudadana. Por tanto,

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96 de la Constitución Política, 107 y 117 del Código Electoral y 71 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, se ordena girar a los tenedores de los certificados de cesión de la primera emisión serie A del partido Acción Ciudadana, previa disminución proporcional correspondiente, la suma de ¢2.961.477.158,48 (dos mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos setenta y siete mil ciento cincuenta y ocho colones con cuarenta y ocho céntimos) que, como monto definitivo y a título de contribución estatal, le correspondía a dicho Partido, relativo al ciclo electoral 2006-2010. Tomen nota el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional de que ya se aplicó la deducción de ¢228.000.000 (doscientos veintiocho millones de colones), suma que fue girada al Partido como anticipo de la contribución estatal mediante resolución número 506-E10-2009. Se ordena al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería Nacional reservar a favor del partido Acción Ciudadana la suma de ¢551.603.145,17 (quinientos cincuenta y un millones seiscientos tres mil ciento cuarenta y cinco colones con diecisiete céntimos) para afrontar gastos futuros de organización y de capacitación, cuyo reconocimiento queda sujeto al procedimiento de liquidaciones trimestrales, contemplado en el artículo 107 del Código Electoral. De inmediato, proceda la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos a devolver al partido Acción Ciudadana el documento “Garantía de Cumplimiento” emitido por el Banco de Costa Rica a nombre de este Tribunal por un valor de ¢228.000.000,00 (doscientos veintiocho millones de colones). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código Electoral contra esta resolución procede recurso de reconsideración que debe interponerse en el plazo de ocho días hábiles. Comuníquese lo resuelto a la Tesorería Nacional, al Ministerio de Hacienda, al partido Acción Ciudadana y a la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. Publíquese en el Diario Oficial.—Luis Antonio Sobrado González.—Eugenia María Zamora Chavarría.—Max Alberto Esquivel Faerron.—Mario Seing Jiménez.—Zetty Bou Valverde.—1 vez.—Exento.—(IN2010104641).

EDICTOS

Registro Civil-Departamento Civil

OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Mary Yulieska Lumbí Marín, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 2445-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las once horas tres minutos del veintinueve de octubre del dos mil diez. Ocurso. Exp. Nº 31544-2010. Resultando 1º—..., 2º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:..., Por tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Rolbin Leonel Chavala Lumbí ...; en el sentido que el nombre de la madre de la persona ahí inscrita es “Mary Yulieska” y no como se consignó.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—RP2010211973.—(IN2010104780).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Elizabeth Judith Bran Marchena, ratificadas por Elizabeth Obando Bran y Noldan Javier Obando Brand, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 2529-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las ocho horas del nueve de noviembre del dos mil diez. Exp. Nº 41751-2008. Resultando 1º—..., 2º—... Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo: ..., Por tanto: Rectifíquense el asiento de matrimonio de Eduardo Javier Obando López con Elizabeth Ortiz Bran ...; en el sentido que el nombre y los apellidos de la cónyuge son “Elizabeth Judith Bran Marchena, hija de Estela Bran Marchena”, el asiento de nacimiento de Noldan Javier Obando Brand..., en el sentido que los apellidos de la madre de la persona ahí inscrita son “Bran Marchena” y el asiento de nacimiento de Elizabeth Obando Bran..., en el sentido que el nombre y el segundo apellido de la madre de la persona ahí inscrita son “Elizabeth Judith” y “Marchena”, respectivamente y no como se consignaron.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—RP2010212140.—(IN2010104781).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por María Virginia Garro Matamoros, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº. 2617-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas veinticuatro minutos del diecisiete de noviembre del dos mil diez. Expediente N° 29652-2010. Resultando: 1º—..., 2º—..., 3º—... Considerando: I.—Hechos Probados:…, II.—Hechos no Probados:..., III.—Sobre el Fondo:..., Por tanto: Rectifíquense el asiento de nacimiento de María Virginia Garro Matamoros..., en el sentido que el primer apellido del padre de la misma es “Picado”, el de matrimonio de Eric Alonso Rodríguez Castro con María Virginia Garro Matamoros...; en el sentido que el primer apellido del padre de la cónyuge consecuentemente el primer apellido de la misma es “Picado”, los asientos de nacimiento de Erickson Daniel Rodríguez Garro, Estefani Lorena Rodríguez Garro y Derek Andrés Rodríguez Garro..., en el sentido que el primer apellido de la madre de los mismos es “Picado”.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe Sección Actos Jurídicos.—1 vez.—RP2010212336.—(IN2010105123).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Hongying He Wu, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 2511-10.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas treinta minutos del cinco de noviembre del dos mil diez. Expediente Nº 22917-10. Resultando: 1º—..., 2º—... Considerando: I.—Hechos Probados:…, II.—Hechos no Probados:..., III.—Sobre el Fondo:..., Por tanto: Rectifíquense el asiento de nacimiento de Antoño He He... en el sentido que el nombre de la persona ahí inscrita y los apellidos de la madre... son “Antonio” y “He Wu” respectivamente.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe Sección Actos Jurídicos.—1 vez.—RP2010212555.—(IN2010105124).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Arviana Sibaja Rodríguez, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 658-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las quince horas y quince minutos del tres de mayo del dos mil diez. Ocurso. Exp. Nº 35793-2009 Resultando 1º—..., 2º—..., 3º—... Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:..., Por tanto: Rectifíquense los asientos de nacimiento de Arviana de los Ángeles Sibaja Rodríguez ...; en el sentido que el nombre de la persona ahí inscrita es “Viviana de los Ángeles” y no como se consignó, el de matrimonio de Belkis Javier Sánchez Torrentes con Arviana de los Ángeles Sibaja Rodríguez ...; en el sentido que el nombre de la cónyuge es “Viviana de los Ángeles” y no como se consignó, el de Ashley Dayana Sánchez Sibaja y el de Carlos Andrés Sibaja Rodríguez ...; sentido que el nombre de la madre de las personas ahí inscritas es “Viviana de los Ángeles” y no como se consignó.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe a. í.—1 vez.—(IN2010105367).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por, Silvia Argentina Balladares Zelaya, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 2420-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos. San José, a las ocho horas y cinco minutos del uno de noviembre del dos mil diez. Ocurso. Exp. Nº 13164-2010. Resultando 1º—..., 2º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:..., Por tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de, Jeremy Addiel García Balladares..., en el sentido que el nombre de la madre del mismo es “Silvia Argentina” y no como se consignó.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(IN2010105485).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Peter Hans Jupe único apellido, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 2494-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos. San José, a las ocho horas diez minutos del cuatro de noviembre del dos mil diez. Ocurso. Exp. N° 39735-2010. Resultando 1º—..., 2º—..., 3º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:..., Por tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Liam Peter Hans Colphon ...; en el sentido que el nombre y el apellido del padre de la persona ahí inscrita son “Peter Hans Jupe no indica segundo apellido” y no como se consignaron.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2010105507).

AVISOS

Registro Civil - Departamento Civil

SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES

Avisos de Solicitud de naturalización

Manuel Alberto Ordeñana Ayerdis, mayor, soltero, residente de inspección, nicaragüense, cédula de residencia 270-119806-53935, vecino de San José, expediente 3692-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, veintitrés de setiembre de dos mil diez.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(IN2010105528).

Eduardo Alberto Rodríguez Rodríguez, mayor, soltero, supervisor de seguridad, salvadoreño, cédula de residencia 122200204224, vecino de San José, expediente 519-2010. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, ocho de noviembre de dos mil diez.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(IN2010105532).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE ADQUISICIONES

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2011

Se comunica a los interesados que el Plan Anual de Compras del 2011, para contratar bienes y servicios diversos se encontrará disponible en el sistema de compra gubernamental (compra@red), en la dirección: www.hacienda.go.cr/comprared o en nuestras oficinas ubicadas en la Uruca, San José, contiguo al Banco Nacional en la Uruca, a partir del 7 de enero del 2011.

La Uruca, San José, 10 de diciembre del 2010.—Departamento de Proveeduría.—Lic. Alexánder Vásquez Guillén, Jefe.—1 vez.—O. C. Nº 02.—Solicitud Nº 38165.—C-12750.—(IN2010105557).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA

El Hospital San Rafael de Alajuela, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 6 por la Ley de Contratación Administrativa y artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, informa que el programa de Compras para el año 2011, se encuentra publicado en la pagina Web de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el Link: “Programas de Compras Anuales”, y en la pagina Web del Hospital San Rafael de Alajuela, en el Link “Proveedores”, para mayor información y detalle en www.ccss.sa.cr y www.hospitalsanrafael.sa.cr.

Alajuela, 9 de diciembre del 2010.—Área de Gestión de Bienes y Servicios.—Dirección Medica.—Dr. Luis Diego Alfaro Fonseca, Director a. í.—1 vez.—(IN2010105904).

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS

DIRECCIÓN MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

La Dirección Mantenimiento Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, informa al público en general, el programa de compras del año 2011, de todas sus unidades adscritas:

Subárea Confección Reparación y Mobiliario              Unidad Ejecutora 3103

Área Investigación y Desarrollo                                 Unidad Ejecutora 3105

Área Mantenimiento Infraestructura y Equipo Industrial Unidad Ejecutora 3106

Dirección Mantenimiento Institucional                      Unidad Ejecutora 3107

Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones     Unidad Ejecutora 3108

Área de Control de Calidad y Protección Radiológica  Unidad Ejecutora 3112

Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.

San José, 22 de diciembre del 2010.—Subárea de Gestión Administrativa y Logística.—Lic. José Miguel Chavarría Cordero, Jefe.—1 vez.—(IN2010109088).

ÁREA DE SALUD LIMÓN

ADMINISTRACIÓN

Plan anual de compras 2011

La Administración del Área de Salud de Limón en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Nº 6 de la Ley de Contratación Administrativa les informa que su Plan Anual de Compras para el año 2011 y todas las modificaciones que se le realicen al mismo se encontrarán publicadas en la siguiente dirección electrónica www.ccss.sa.cr. Para accesarlo oprimen el ícono de Transparencia y luego Planes anuales.

Lic. Raymond Berty Vílchez, Administrador.—1 vez.—(IN2010109103).

FE DE ERRATAS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2010LN-000020-PRI

En La Gaceta 246 del 20 de diciembre del 2010, en las páginas 37 y 38, con la referencia IN2010107000, se publicó la Licitación Pública Nacional 2010LN-000020-PRI, lo siguiente debe leerse como sigue y no como se publicó:

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica que se recibirán ofertas hasta las 09:00 horas del día 01 de marzo del 2011, para la “Contratación de diseño y construcción para la ampliación y optimización de la planta potabilizadora de Guadalupe para una producción nominal de 500 l/s (Proyecto llave en mano)”.

Lo demás se mantiene igual.

La Uruca, San José, diciembre del 2010.—Jorge Vargas Espinoza, Director General de la Imprenta Nacional.—1 vez.—C-exento.—(IN2010109167).

REGLAMENTOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

REGLAMENTO INTERNO PARA LA PRESTACIÓN

Y VENTA DE SERVICIOS POR MEDIO

DE COMERCIALIZADORES

AUTORIZADOS

Acuerdo emitido por el Consejo Directivo en el artículo 7 de la sesión 5932 del 7 de diciembre del 2010, que textualmente indica:

1)  Aprobar el Reglamento Interno para la Prestación y Venta de Servicios por medio de Comercializadores Autorizados, para que se lea de la siguiente manera:

1.  PROPÓSITO

Asegurar el trato igualitario por parte del ICE en la escogencia de los “Comercializadores Autorizados” en sus diferentes modalidades y establecer los requisitos para la relación contractual.

El presente Reglamento se emite al amparo de la Ley 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, artículo 10 y su Reglamento al Título II, Decreto Ejecutivo 36010 MINAET.

El presente Reglamento permitirá al ICE contar con una red de comercialización de servicios y productos, abarcando diferentes nichos de mercado.

2.  ALCANCE

Este Reglamento es aplicable a cualquier trámite relacionado con la Contratación de “Comercializadores Autorizados”, para gestionar los productos y servicios en general promovidos por el ICE.

3.  RESPONSABILIDADES

Administrador de contrato

Responsable de velar porque los términos del contrato y este Reglamento se cumplan a cabalidad al momento de realizar las contrataciones y renovaciones contractuales entre el ICE y los Comercializadores, durante el período de vigencia de los respectivos contratos. Además, es responsabilidad del Administrador del Contrato, velar por la correcta ejecución del presente contrato, en atención a las condiciones acordadas entre las partes.

Es responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos en este Reglamento.

4.     DEFINICIONES, TÉRMINOS, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS

ICE: Entiéndase por Instituto Costarricense de Electricidad.

Kölbi: Sub-marca del ICE para la comercialización de los servicios de telecomunicaciones.

Comercializador Mayorista Autorizado: Existen dos figuras:

a.  Comercializador Mayorista Exclusivo: Persona jurídica o física autorizada por el ICE para la comercialización mayorista de los servicios y/o productos del ICE, incluyendo los obtenidos de alianzas que el ICE desarrolle. Esta figura comercial solo puede comercializar de manera exclusiva para el ICE.

b.  Comercializador Mayorista Grandes Cadenas: Persona física o jurídica que cuenta con una cadena de negocios o distribución, a través de la cual distribuye y vende servicios prepago o los que el ICE designe.

Comercializadores Autorizados: Persona física o jurídica autorizada para la comercialización de servicios de telecomunicaciones. Se utiliza únicamente para puntos estratégicos con muy pocos puntos de venta. Existen varias figuras de comercializadores:

a.  Comercializador Específico: Punto de venta donde desarrollan además de su actividad propia, la venta de servicios móviles, así como cualquier otro servicio que a futuro el ICE requiera.

b.  Comercializador Ampliado: Punto de venta donde se comercializa todo tipo de servicios de telecomunicaciones, así como cualquier otro servicio que el ICE determine a futuro.

5.  DESCRIPCIÓN DEL REGLAMENTO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—La contratación de “Comercializadores Autorizados” permite a la Institución ofrecer a sus clientes la facilidad de adquirir servicios del ICE en lugares mejor ubicados y de una forma más ágil, por medio de contratos que se suscriben con éstos.

Artículo 2º—Para la contratación de “Comercializadores Autorizados” se establecen cuatro diferentes figuras, para las cuales se formula un Contrato Madre general y un Anexo para cada contrato especial, el cual va a especificar las condiciones que rigen para cada negocio:

a.  Comercializador Mayorista Exclusivo:

Persona jurídica o física autorizada por el ICE para la comercialización de los servicios que el ICE ofrece, incluidos aquellos derivados de alianzas que el ICE desarrolle.

i.       Posee imagen Kölbi-ICE o la que el ICE designe.

ii.      Tiene exclusividad con el ICE, por lo tanto, solo podrá comercializar los servicios del ICE.

iii.     Puede ampliar tiendas previa autorización del ICE.

iv.     Debe tener un mínimo de 15 tiendas.

v.      Podrá subcontratar puntos de venta con una razón social diferente para la venta de prepago, no mantiene exclusividad con el ICE y podrá mantener una imagen propia. Deberá respetar el procedimiento establecido para este fin.

vi.     Asume con recursos propios la rotulación y equipamiento de las tiendas.

vii.    Podrá comercializar equipo terminal proporcionado por el ICE o propio, con previa solicitud y autorización del ICE.

viii.   Deberá contar con el servicio de recaudación de servicios de telecomunicaciones, a través de cualquier modalidad disponible.

b.  Comercializador Mayorista Grandes Cadenas:

Persona física o jurídica que cuenta con una cadena de negocios o distribución, a través de la cual distribuye y vende servicios prepago.

i.       Mantiene la imagen de la empresa con rotulación del ICE en el punto de venta.

ii.      Tiene como mínimo 25 puntos de distribución.

iii.     Los puntos de venta subcontratados no tienen exclusividad.

iv.     El Comercializador Mayorista Grandes Cadenas mantiene exclusividad con el ICE.

v.      Mantiene habilitados todos sus puntos de distribución.

vi.     Los puntos de venta deben adquirir medios de recarga físicos y electrónicos a través de cualquiera de las empresas autorizadas por el ICE, para este fin o bien, pueden tener el contrato de comercialización en forma directa con el ICE.

vii.    Deberá pagar por adelantado los servicios a comercializar.

c.  Comercializador Específico:

Punto de venta donde desarrolla además de su actividad propia, la venta de servicios móviles prepago y recargas del ICE, así como cualquier otro servicio que a futuro el ICE requiera.

i.       Mantiene la imagen de la empresa con rotulación del ICE.

ii.      No tiene exclusividad con el ICE.

iii.     No puede subcontratar puntos de venta.

iv.     Mantiene habilitados todos sus puntos de venta.

v.      Deberá pagar por adelantado los servicios a comercializar.

d.  Comercializador Ampliado:

Punto de venta donde se comercializa todo tipo de servicios de telecomunicaciones, así como cualquier otro servicio que el ICE determine a futuro.

i.       Mantiene la imagen de la empresa con rotulación del ICE.

ii.      Tiene exclusividad con el ICE por lo tanto, solo podrá comercializar los servicios del ICE.

iii.     Podrá subcontratar puntos de venta con una razón social diferente únicamente para la venta de prepago, las cuales no mantienen exclusividad con el ICE y podrán mantener una imagen propia. Deberá respetar el procedimiento establecido para este fin.

iv.     Mantiene habilitados todos sus puntos de venta incluidos en el momento de la firma del contrato y/o aquellos adicionales autorizados por el ICE.

v.      Podrá comercializar equipo terminal propio o proporcionado por el ICE, según previa definición comercial del ICE.

vi.     Deberá contar con el servicio de recaudación de servicios de telecomunicaciones, a través de cualquier modalidad disponible.

Artículo 3º—La venta de servicios, dispositivos móviles u otro que el ICE desee comercializar, estará sujeto a la disponibilidad de sistemas e inventario.

Artículo 4º—La contratación de “Comercializadores Autorizados” será facultad exclusiva de este Instituto, tomando en consideración para su selección, los requisitos exigidos por este Reglamento.

Artículo 5º—El contrato madre que servirá de base para suscribir las diferentes relaciones contractuales, deberá llevar el visto bueno de la Dirección de Contratación Administrativa de la División Jurídica Institucional y será el mismo para todas las empresas en sus diferentes modalidades.

Artículo 6º—Será facultad de la Jefatura encargada de los Procesos de Servicio al Cliente, la firma de los contratos para “Comercializadores Autorizados”.

Artículo 7º—El ICE tomará en cuenta como criterio de conveniencia institucional para la contratación, la ubicación geográfica en zonas donde el ICE no tenga presencia con agencias o comercios autorizados, donde las agencias o puntos de comercialización sean insuficientes, zonas rurales distantes de agencias actuales, zonas fronterizas, zonas turísticas, centros de alto tránsito de público en zonas urbanas de todo el país y zonas urbanas muy pobladas, así como los planes de desarrollo a corto o mediano plazo.

Artículo 8º—El ICE establece los controles y variables de calidad de servicio al cliente, horarios, uniformes, trato personal, tiempos de respuesta y atención, así como responsabilidades y obligaciones de cada figura en los contratos y procedimientos aplicables para los comercializadores autorizados.

Artículo 9º—El “Comercializador Autorizado” y el ICE nombrarán un representante para que funja como Administrador de Contrato, quien coordinará los detalles de la contratación y será el responsable de la ejecución del mismo.

Artículo 10.—Durante la vigencia del contrato se podrán hacer modificaciones al mismo, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y se realice la adenda correspondiente.

Artículo 11.—Los “Comercializadores Autorizados” podrán ampliar sus puntos de venta previa autorización del ICE y ajuste de la garantía de cumplimiento, para lo cual deberán cumplir con el procedimiento establecido para este fin.

Artículo 12.—El “Comercializador Mayorista Exclusivo”, debe instalar y mantener operando todas las tiendas autorizadas por el ICE durante toda la vigencia del contrato si el ICE así lo requiere, las tiendas podrán ser ampliadas o cerradas previa autorización del ICE, para lo cual el “Comercializador Mayorista Exclusivo” deberá enviar una nota al Administrador de Contrato, con la solicitud de autorización, la cual debe incorporar la justificación del caso.

Artículo 13.—El “Comercializador Mayorista Exclusivo” deberá tener autorizadas individualmente todas las tiendas, previa verificación del cumplimiento de los requisitos solicitados. Se aplicará una multa o sanción por el incumplimiento de esta cláusula, la cual se establecerá en el contrato correspondiente.

Artículo 14.—El “Comercializador Mayorista Exclusivo y el Comercializador Ampliado” podrán ofrecer los servicios ICE de manera virtual y/o en instalaciones comerciales propias y del ICE, siempre y cuando responda a la estrategia comercial de la empresa y previa autorización de éste, para lo cual deberán firmar un adéndum al contrato, el cual especifica los lineamientos que rigen.

CAPÍTULO II

Requisitos

Artículo 15.—Para considerar las ofertas de servicios en general para todas las figuras contractuales, el interesado debe cumplir con al menos los siguientes requisitos:

a)  Carta de presentación de la persona física o jurídica, firmada por el representante o apoderado generalísimo, en la que debe indicar al menos lo siguiente:

i.   Nombre completo de la empresa o persona física, número de cédula jurídica o física, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y dirección exacta, así como una breve explicación del negocio al que se dedica.

ii.  Nombre completo, número de cédula, teléfono, fax, dirección de correo electrónico del representante legal y responsable del contrato.

iii. Lista con las tiendas ofrecidas, su dirección exacta, características y número telefónico de cada una o dirección de sitio web, según corresponda.

b)  Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

c)  Certificación original de la Personería Jurídica legible con una vigencia no mayor a un mes.

d)  Certificación del Registro Público o Notario Público de su inscripción como persona jurídica y de su representación judicial y extra judicial indicando calidades y dirección, con una vigencia no mayor de un mes.

e)  Certificación original de las acciones y accionistas de la Empresa.

f)   Declaración jurada según el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

g)  Declaración jurada de no participación en actos que provoquen daños o deudas a la Institución, por parte de la empresa, sus accionistas, ni sus representantes legales.

h)  Certificación de la Defensoría del Consumidor en cuanto al estado de las denuncias.

i)   Estar inscrito como patrono en la CCSS y estar al día con las cuotas obrero patronales.

j)   No debe presentar deudas con el Instituto Costarricense de Electricidad por ningún concepto (información se verifica en el ICE).

Artículo 16.—Para considerar las ofertas de servicios para la figura de “Comercializador Mayorista Autorizado”, el interesado debe cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:

a)  Presentar oferta formal en la que se indique la ubicación exacta de los puntos de venta ofrecidos; indicar que aceptan remodelar y amueblar las tiendas según el diseño establecido en el libro de marca; presentar una propuesta o cronograma de la puesta en operación de cada una.

b)  En el caso de que los puntos de venta ofrecidos correspondan a una razón social y cédula jurídica distinta, deberá especificar en la oferta el nombre de ésta última o razón social, cédula jurídica, dirección exacta y número telefónico, así como indicar la relación existente entre ambas.

c)  Ofrecer como mínimo 15 tiendas distribuidas de conformidad con el requerimiento del ICE.

d)  Demostrar mediante comprobantes de arrendamiento, certificados de propiedad u otro documento que valide que cuenta con la infraestructura necesaria.

e)  Contar con experiencia en administración de puntos de venta. Debe demostrar esta experiencia adquirida con el contacto de personas o empresas a las que el ICE puede contactar para corroborar la misma.

f)   Los locales deben contar con un espacio apropiado para la atención de clientes, exhibición de terminales, formalización de ventas y almacenamiento de inventarios, lo cual será verificado por el ICE de acuerdo a lo especificado en los contratos, como en procedimientos internos.

g)  Deberá contar con los recursos necesarios para la rotulación de todos los puntos de venta, según lo establecido en el libro de marca del ICE.

h)  Suscribir una póliza de seguros con alguna de las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros, para asegurar los puntos de venta contra riesgos de robo, incendio y desastres naturales.

i)   Deberá contratar personal para la atención de puntos de venta que cuenten con el perfil adecuado para un vendedor.

j)   Cumplir con los horarios de atención según necesidades del ICE.

k)  Ser recaudador autorizado del ICE o estar afiliado a alguno de ellos. Nota: Debe presentar carta indicando la modalidad a utilizar para la recaudación, debe presentar el contrato firmado antes de iniciar operaciones.

l)   Al momento de formalizar el contrato, deberá presentar garantía de cumplimento según lo establecido en este Reglamento.

Artículo 17.—Para considerar las ofertas de servicios para la figura de “Comercializador Mayorista Grandes Cadenas”, el interesado debe cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:

a)  Presentar carta con la siguiente información:

i.     Detalle de la ubicación y número telefónico, razón social y número de cédula jurídica de todos los puntos de distribución ofrecidos. (Tener como mínimo 25 puntos de distribución).

ii.    Especificar la línea de negocio a la que se dedica, así como la experiencia obtenida.

iii.   Propuesta de pago de comisiones al comercializador minorista, no podrá ser menor al 30% del monto pagado por el ICE.

iv.   Ofrecimiento en tiempos y logística de distribución.

b)  Ser Comercializador Mayorista de Tiempo Aire, tarjetas y pines electrónicos del ICE o estar afiliado a uno de ellos. Presentar copia del contrato antes de iniciar operaciones.

c)  Pre pagar al ICE los servicios a distribuir mediante el procedimiento establecido para este fin.

Artículo 18.—Para considerar las ofertas de servicios como “Comercializador Ampliado”, el interesado debe cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:

a)  Los locales deben contar con un espacio apropiado para la atención de clientes, exhibición de terminales, formalización de ventas y almacenamiento de inventarios, lo cual será verificado por el ICE, de acuerdo a lo especificado en los contratos, como en procedimientos internos.

b)  Suscribir una póliza de seguros con alguna de las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros, para asegurar los puntos de venta contra riesgos de robo, incendio y desastres naturales.

c)  Deberá contratar personal para la atención de puntos de venta que cuenten con el perfil adecuado para un vendedor.

d)  Cumplir con los horarios de atención según necesidades del ICE.

e)  Ser recaudador autorizado del ICE o estar afiliado a alguno de ellos. Presentar carta indicando la modalidad a utilizar para la recaudación, debe presentar el contrato firmado antes de iniciar operaciones.

f)   En el caso de que los puntos de venta ofrecidos correspondan a una razón social y cédula jurídica distinta, deberá especificar en la oferta su nombre o razón social, cédula jurídica, dirección exacta y número telefónico; e indicar que estos puntos de venta estarán disponibles únicamente para la venta de servicios prepago.

CAPÍTULO III

Selección del Comercializador

Comercializador Mayorista Exclusivo

Artículo 19.—El ICE debe determinar las zonas donde se requieren puntos de venta y la estimación de ingresos. Dicha estimación no genera por sí misma una expectativa de derecho.

Artículo 20.—A solicitud de los interesados, el ICE entregará la información sobre las zonas donde se requiere contratar nuevos puntos de venta.

Artículo 21.—El ICE establece la participación libre de “Comercializador Mayorista Exclusivo” en todo el país, en cualquier momento del año. Tanto las empresas interesadas como el ICE podrán enviar mediante carta la solicitud correspondiente. Su elección depende de los criterios de conveniencia institucional de acuerdo a sus intereses estratégicos y planes de desarrollo, así como del cumplimiento de los requisitos exigidos en este Reglamento, lo cual deberá ser verificado por el Administrador del Contrato, previo a emitir la recomendación por parte del grupo valuador.

Artículo 22.—Los interesados deberán presentar su oferta en un sobre cerrado, a la cual deben adjuntar todos los documentos que respaldan el cumplimiento de los requisitos establecidos para esa figura contractual.

Artículo 23.—El ICE verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada una de las ofertas recibidas. Una vez que se determine si la empresa interesada cumple, el área responsable de la contratación, realizará una inspección a las instalaciones del oferente para evaluar que cumpla efectivamente con los requisitos establecidos.

Artículo 24.—Método de valoración: En caso de que dos o más empresas presenten ofertas aplicando por una misma zona, se seleccionará según la siguiente prioridad:

a)  A quien cumpla con la mejor ubicación indicada por el ICE en la invitación publicada.

b)  A quien posea una mejor infraestructura.

c)  A quien posea una mayor cantidad de tiendas según lo requerido por el ICE.

d)  Si la empresa ha tenido contratos con el ICE, se tomará en cuenta el desempeño del mismo, así como la experiencia nacional e internacional en el negocio.

e)  En caso de que las empresas cumplan en igualdad de condiciones con los anteriores cuatro aspectos, se procederá a realizar una evaluación, para lo cual el ICE les comunicará las condiciones del mismo.

Artículo 25.—El responsable de la contratación, tendrá un máximo de 30 días hábiles a partir del recibo de las ofertas, para recomendar o desestimar, según corresponda. La Jefatura encargada de los procesos de Servicio al Cliente escogerá la oferta de distribución que se ajuste a los requerimientos, o en su defecto, desestimará la contratación.

Artículo 26.—El Administrador del Contrato deberá informar por escrito al interesado sobre el resultado final de la selección del Comercializador.

Artículo 27.—Una vez escogido al Comercializador, se procederá a la confección del contrato, asimismo a la formalización de la garantía de cumplimiento, de acuerdo a las condiciones señaladas en el apartado de garantías de este Reglamento y al pago de las especies fiscales correspondientes.

Artículo 28.—Una vez firmado el contrato, el ICE cuenta con un máximo de 22 días hábiles para realizar las capacitaciones, la entrega de los usuarios y los accesos correspondientes.

Artículo 29.—Posterior a la firma del contrato y paralelo al punto anterior, el “Comercializador Mayorista Exclusivo” deberá inscribir formalmente la cuenta bancaria que el ICE designe para que se realicen los pagos correspondientes. La misma debe estar a nombre del Comercializador.

Artículo 30.—Consecutivamente, el Administrador de Contrato custodiará el expediente con la documentación original y remitirá una copia a las partes interesadas, según corresponda.

Artículo 31.—Luego de la firma del contrato, el “Comercializador Mayorista Exclusivo” contará con un máximo de 30 días hábiles para habilitar todos los puntos de venta ofrecidos, según lo establecido en el libro de marca del ICE. Una vez realizado lo anterior, deberá enviar una carta al Administrador de Contrato, indicando que se puede proceder con la inspección respectiva de acuerdo a lo especificado en los contratos, como en procedimientos internos.

Artículo 32.—Una vez recibida la carta de parte del “Comercializador Mayorista Exclusivo” indicando que las tiendas están listas para operar, el ICE contará con 15 días hábiles para realizar las inspecciones correspondientes y notificar por escrito en caso de existir alguna modificación.

La empresa contará con un máximo de 15 días hábiles para realizar las modificaciones necesarias e informarle al ICE sobre su implementación.

Una vez verificadas las correcciones, el ICE cuenta con 8 días hábiles para enviar una carta autorizando el inicio de operaciones.

Comercializador Mayorista Grandes Cadenas

Artículo 33.—El ICE establece la participación libre de “Comercializador Mayorista Grandes Cadenas” en todo el país, en cualquier momento del año. Tanto las empresas interesadas como el ICE, podrán enviar mediante carta la solicitud correspondiente. Su elección depende de los criterios de conveniencia institucional de acuerdo a los intereses estratégicos y planes de desarrollo, así como al cumplimiento de los requisitos exigidos en este Reglamento, lo cual deberá ser verificado por el área responsable de la contratación, previo a emitir la recomendación por parte del grupo valuador.

Artículo 34.—Una vez aprobada la propuesta de un determinado “Comercializador Mayorista Grandes Cadenas” por parte del Director de División Clientes, se procederá a la confección del contrato, asimismo, la formalización de la garantía de cumplimiento de acuerdo a las condiciones señaladas en el apartado de garantías de este Reglamento, y al pago de las especies fiscales correspondientes.

Artículo 35.—Una vez firmado el contrato, el ICE cuenta con un máximo de 22 días hábiles para realizar las capacitaciones, la entrega de los usuarios, accesos, procedimientos e instructivos correspondientes.

Después de realizada la capacitación y la entrega de los procedimientos e instructivos, la empresa tendrá un máximo de 5 días hábiles para realizar la compra o pedido de los servicios a distribuir para iniciar la operación.

Artículo 36.—Posterior a la firma del contrato, el “Comercializador Mayorista Grandes Cadenas” deberá inscribir formalmente ante el ICE una cuenta bancaria para que se realicen los pagos correspondientes. La misma debe estar a nombre del Comercializador.

Artículo 37.—El Administrador de Contrato custodiará el expediente con la documentación original y remitirá una copia a las partes interesadas, según corresponda.

Artículo 38.—Cada contrato será estimado anualmente, de conformidad con las posibles comisiones que obtendrá el “Comercializador Mayorista Grandes Cadenas” durante este periodo. Dicha estimación no genera por sí misma una expectativa de derecho.

Comercializador Autorizado

Artículo 39.—El ICE establece la participación libre para todos los tipos de comercializadores autorizados en todo el país, en cualquier momento del año. Tanto las empresas interesadas como el ICE podrán enviar mediante carta la solicitud correspondiente. Su elección depende de los criterios de conveniencia del ICE, de acuerdo a los intereses estratégicos, planes de desarrollo y el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Reglamento, lo cual deberá ser verificado por el área responsable de la contratación, previo a emitir la recomendación por parte del grupo valuador.

Artículo 40.—Una vez aprobado el “Comercializador Autorizado” se procederá a la confección del contrato, asimismo, a la formalización de la garantía de cumplimiento de acuerdo a las condiciones señaladas en el apartado de garantías de este Reglamento y al pago de las especies fiscales correspondientes.

Artículo 41.—Una vez firmado el contrato, el ICE cuenta con un máximo de 22 días hábiles para realizar las capacitaciones y/o la entrega de los usuarios del sistema y contraseñas, instructivos y procedimientos correspondientes. Después de realizada la capacitación, la empresa tendrá un máximo de 5 días hábiles para realizar la compra o pedido de los servicios a distribuir para iniciar la operación.

Artículo 42.—Posterior a la firma del contrato, el “Comercializador Autorizado” deberá inscribir formalmente la cuenta bancaria que el ICE determine para que se realicen los pagos correspondientes. La misma debe estar a nombre del Comercializador.

Artículo 43.—Una vez formalizado y aprobado el contrato, el Administrador de Contrato custodiará el expediente con la documentación original y remitirá una copia a las partes interesadas, según corresponda.

Artículo 44.—Cada contrato será estimado anualmente, de conformidad con las posibles comisiones que obtendrá el “Comercializador Autorizado” durante este periodo. Dicha estimación no genera por sí misma una expectativa de derecho.

Artículo 45.—Vigencia: Los contratos amparados al presente Reglamento tendrán una vigencia máxima de 4 años, prorrogables por un periodo igual, para lo cual se detallará cada caso en el contrato respectivo.

Artículo 46.—Garantías: Los “Comercializadores Autorizados” deberán aportar al momento de formalizar el contrato, una garantía de cumplimiento según se detalla a continuación:

 

Monto de garantía de cumplimiento

para Comercializadores Autorizados

(montos en colones)

De 1 a 5 puntos

¢ 4.000.000

De 6 a 10 puntos

¢ 8.000.000

De 11 a 15 puntos

¢ 12.000.000

De 16 a 20 puntos

¢ 16.000.000

Más de 20 puntos

¢ 20.000.000

 

El monto de la garantía de cumplimento está calculado con base en un estimado de ingresos anuales por punto de venta, por lo que deberá ser renovada y ajustada en periodos anuales, conforme a la productividad del último año.

Para el cálculo de la garantía deberán ser considerados todos los puntos de venta autorizados, incluyendo los puntos de venta subcontratados solo para la venta de prepago y se debe aplicar a las cuatro diferentes figuras contractuales.

Artículo 47.—Garantía Colateral: Los “Comercializadores Autorizados” se comprometen a rendir una garantía colateral por el 100% del deducible del seguro suscrito contra robo, incendio y desastres naturales al entregar equipo terminal en consignación para su comercialización.

Artículo 48.—Las garantías deberán ser rendidas en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38 del Reglamento al Título II de la Ley 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.

Artículo 49.—Los “Comercializadores Autorizados” deberán comunicar al ICE que no desean prorrogar el contrato, con al menos 6 meses de antelación, según corresponda.

Artículo 50.—Rescisión o Resolución del contrato:

a)  Rescisión del Contrato. El ICE podrá poner fin al contrato cuando así convenga a sus intereses. En tal caso, deberá comunicar por escrito su intención de darlo por terminado con al menos dos meses de anticipación. En dicho supuesto, las partes tomarán las medidas necesarias para evitar daños y/o perjuicios, tanto a ellas como a terceros.

b)  Resolución del Contrato. En el caso de incumplimiento de obligaciones nacidas del Contrato o de la legislación vigente aplicable, el ICE podrá dar por terminado el contrato, por culpa de la otra parte, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes y la ejecución de la garantía de cumplimiento y colateral, según proceda, en cuyo caso el ICE otorgará al Comercializador un debido proceso.

Artículo 51.—Comisiones: El ICE pagará comisiones por los servicios activos comercializados, la cual se establecerá en el Contrato Madre para la Prestación de Servicios por Medio de Comercializadores Autorizados y podrán ser revisadas y modificadas por el Proceso de Finanzas de Servicio al Cliente correspondiente, según se considere oportuno, en función de la rentabilidad del negocio.

Artículo 52.—El ICE no pagará comisiones sobre los servicios cuyo expediente no haya sido entregado o se hayan corregido sus inconsistencias en un plazo máximo de 15 días naturales, posteriores a la activación del servicio.

Artículo 53.—Cada vez que el ICE considere necesario, realizará una revisión sobre la morosidad de todos los planes post pago vendidos y de los cuales no se haya entregado expedientes o corregido inconsistencias. Sobre estos, los “Comercializadores Autorizados” deberán asumir el 100% de la morosidad sobre todos los productos y/o servicios gestionados al cliente. Este monto deberá ser cancelado en un máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación, de lo contrario, serán rebajados del pago mensual siguiente.

San José, 10 de diciembre del 2010.—Luis Acuña Rodríguez, Subdirector Proveeduría Corporativa-Gerencia General.—1 vez.—O. C. Nº 355514.—Solicitud Nº 40658.—C-428400.—(IN2010105663).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

JUNTA DIRECTIVA

En la Sesión Nº 4463 celebrada el 15 de noviembre  de 2010 la Junta Directiva acordó aprobar las modificaciones al Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo del INA, según consta en el acta de esa sesión en el Artículo VIII y el acuerdo N° 179-2010-JD, para que en adelante disponga lo siguiente:

REGLAMENTO DE FONDOS ROTATIVOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Considerando:

1º—Que mediante el oficio GG-848-2010, del 29  de octubre de 2010, la Gerencia General, remite para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva,  la propuesta de “Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo del Instituto Nacional de Aprendizaje”.

2º—Que en informes de Auditoría  Interna N° 45-2009, 56-2009, 35-2010 y 43-2010, se emiten algunas recomendaciones, cuyos objetivos se centran en:

a)  La modificación del Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del INA, con el fin de subsanar las deficiencias encontradas.

b)  Regular el pago de transporte de taxi.

c)  Analizar el Reglamento citado, para que no se contraponga a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

d)  Realizar ajustes necesarios para que el pago con tarjeta sea congruente con la normativa interna.

3º—Que de acuerdo con la experiencia, las recomendaciones técnicas y los usuarios surge la necesidad de separar la normativa en dos instrumentos independientes: “Reglamento  para Fondos Rotativos de trabajo del INA” y “Reglamento de  Fondos Rotativos de Caja Chica del INA”.

4º—Que la Asesoría Legal, mediante  oficio AL-1545-2010, extiende la respectiva constancia de legalidad para el citado Reglamento.

5º—Que el presente Reglamento consta de V Capítulos y 22 Artículos, que fueron analizados y discutidos por los integrantes de la Junta Directiva.

6º—Que el señor Arturo Gutiérrez Ballard, Asesor, Subgerencia Administrativa, expone ante los miembros  de Junta Directiva la propuesta del Reglamento en cita. 

7º—Que  los señores directores y directoras conocen y discuten la propuesta de Reglamento, y luego de realizar las observaciones y consideraciones  correspondientes manifiestan su anuencia.

8º—Que el señor Arturo Gutiérrez, recopiló y consignó en la versión definitiva del Reglamento, las observaciones y sugerencias planteadas en el seno de la discusión, por parte de los señores miembros de Junta Directiva.

9º—Que de conformidad con el art. 7 inciso d, de la ley N° 6868, y al haberse sometido el presente Reglamento al conocimiento de la Junta Directiva, se acuerda. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Derogar el Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado en La Gaceta 102 del 29 de mayo de 2007.

2º—Aprobar el “Reglamento Fondo Rotativos de Trabajo del Instituto Nacional de Aprendizaje”; de conformidad con la propuesta realizada mediante el oficio GG-848-2010, del 29 de setiembre de 2010, suscrito por la señora Gerente General, lo expuesto por el Licenciado Arturo Gutiérrez Ballard y las observaciones de los miembros de la Junta Directiva, visibles en el texto del acta número 4463, para que disponga lo siguiente:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento regula la creación y funcionamiento de los Fondos Rotativos de Trabajo existentes y los que en el futuro se establezcan en la Institución.

Artículo 2º—Abreviaturas y definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1.  Abreviaturas:

a)  INA: El Instituto Nacional de Aprendizaje.

b)  URF: Unidad de Recursos Financieros.

c)  PT: Proceso de Tesorería.

d)  SGA: Subgerencia Administrativa

2.  Definiciones:

a)  Adelanto: Es la entrega o desembolso de dinero en efectivo proveniente del Fondo de Trabajo, cuya naturaleza es pública.

b)  Fondo Rotativo de Trabajo: En adelante denominado “Fondo de Trabajo”. Son los recursos financieros que se asignan a unidades solicitantes del INA, debidamente autorizadas por la SGA para cubrir sus gastos de operación y que se manejan por medio de varias cuentas corrientes. Los Fondos de Trabajo estarán constituidos por: los saldos de las cuentas corrientes respectivas, cheques y pagos no liquidados, también cheques y pagos electrónicos liquidados. Para efectos de este Reglamento, las cuentas bancarias de la Sede Central del INA se considerarán como Fondo de Trabajo, para ésta.

c)  Gastos de representación: Son aquellas sumas que se giran a una persona funcionaria autorizada en el Reglamento Autónomo y normativa vigente en la materia para que pueda atender oficialmente a personas o entidades ajenas a la institución. 

e)  Materiales de Alto Riesgo: Aquellos productos que por su naturaleza tóxica, riesgosa o peligrosa para el ser humano no pueden ser almacenados y deben ser adquiridos y utilizados en forma inmediata.

f)   Materiales Perecederos: Son primordialmente los productos alimenticios cuya biodegradación está intrínsecamente relacionada con la naturaleza del bien, generalmente de muy corta vida útil.

g)  Transferencias electrónicas: Envío electrónico de dinero de una cuenta bancaria a una cuenta cliente.

h)  Período de gira: es el tiempo planificado en el cual el funcionario pueda realizar giras para atender una o varias actividades.

i)   Persona encargada del Fondo Rotativo de Trabajo: personas funcionarias de la Tesorería que tienen la responsabilidad de administrar el respectivo Fondo de Trabajo.

j)   Retención: Grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país; así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por ley.

k)  Tesorerías: Proceso de Tesorería de la Unidad de Recursos Financieros y sus funciones regionalizadas en el Proceso Financiero Contable de las Unidades Regionales.

l)   Unidad Solicitante: Corresponde a aquellas dependencias que tienen un código presupuestario asignado, y, en el caso de las Unidades Regionales incluye al Proceso de Servicio al Usuario.

m) Viático: Es aquella suma de dinero destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que el INA reconoce a las personas funcionarias cuando estas deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las Obligaciones de su cargo, en los casos en que el monto supere los límites establecidos en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Fondos Rotativos de Caja Chica del INA.

Artículo 3º—Utilización de los fondos de trabajo. Los Fondos de Trabajo se utilizan para cubrir los gastos de operación autorizados en el Presupuesto Institucional en que incurran las unidades solicitantes, tales como: pago de los suministros y servicios que se adquieran, de conformidad con el Reglamento de Adquisición del INA; erogaciones para el pago de ayudas económicas a personas participantes de los servicios de capacitación y formación profesional, becas a las personas funcionarias en el interior del país, materiales perecederos, de alto riesgo y difícil adquisición, premios o reconocimientos a la población estudiantil, viáticos, gastos de representación; y otros gastos que los respectivos procedimientos autoricen, de acuerdo con los reglamentos específicos en la materia correspondiente. Cada Fondo Rotativo de Trabajo operará mediante una cuenta corriente en alguno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional.

CAPÍTULO II

Asignación de Fondos de Trabajo

Artículo 4º—Creación. La SGA aprobará la creación de Fondos de Trabajo para las unidades solicitantes, previo estudio técnico de la URF, el cual al menos deberá contemplar:

a.  El objetivo que cumplirá el Fondo de Trabajo solicitado.

b.  El volumen aproximado de transacciones que se realizarán en el nuevo fondo.

c.  La persona funcionaria responsable del Fondo de Trabajo.

d.  La ubicación del nuevo Fondo de Trabajo, junto con una constancia de que cuenta con la seguridad e infraestructura para operar en forma eficiente.

e.  Un estudio sobre el costo en que incurrirá el Instituto con el establecimiento del nuevo Fondo de Trabajo.

Artículo 5º—Montos de los fondos de trabajo. La asignación del monto de cada Fondo de Trabajo lo establecerá la URF de la Institución, de acuerdo con el comportamiento del gasto real de las respectivas unidades solicitantes. La rotación del mismo para el reintegro de las sumas asignadas se hará periódicamente de acuerdo con la necesidad de reponer los adelantos y cancelaciones girados. Los Fondos de Trabajo estarán enmarcados dentro de los límites establecidos en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la Institución, desglosado por Unidad presupuestaria.

Artículo 6º—Cierre. El cierre de un Fondo de Trabajo será responsabilidad exclusiva de la SGA, previo informe emitido por la URF debidamente fundamentado con indicación clara de las razones que lo justifican.

CAPÍTULO III

Operación y control del fondo de trabajo

Artículo 7°—Requisitos para la utilización de los Fondos de Trabajo. La operación de los Fondos de Trabajo estará sujeto al correcto cumplimiento de los siguientes requisitos por parte de la persona Encargada de la Unidad Solicitante:

a)  Autorización de la persona Encargada de la Unidad Solicitante o a quien ésta designe, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente.

b)  Las erogaciones de los Fondos de Trabajo se realizarán utilizando el documento denominado  “Orden de pago”, según la normativa aplicable a la materia.

c)  Los formularios disponibles en medios electrónicos que se utilicen en la operación de los Fondos de Trabajo, no deben presentar tachaduras, borrones, rupturas o alteraciones de cualquier naturaleza que hagan dudar de su legitimidad.

d)  Todos los trámites de pago se harán con posterioridad a la recepción a satisfacción del bien o servicio, previamente planificados. Salvo los casos de los adelantos por viáticos y gastos de representación.

Artículo 8°—Aval Presupuestario. Antes de tramitar una orden de pago con afectación presupuestaria, la persona Encargada de la Unidad Solicitante deberá contar con el aval presupuestario correspondiente, con el fin de garantizar la existencia de contenido presupuestario.

De no cumplirse con este requisito previo el gasto que se origine no será cancelado.

Artículo 9°—Adelantos. Los adelantos que proceden de acuerdo con lo indicado en el artículo 3° del presente Reglamento, deberán tramitarse ante las Tesorerías presentando la fórmula Orden de Pago, debidamente autorizada por la persona Encargada de la Unidad Solicitante y deberán administrarse de la siguiente manera:

a)  Los adelantos no podrán utilizarse para un fin distinto del solicitado. De existir un remanente deberá ser reintegrado y no podrá emplearse para otros fines.

b)  Los adelantos de viáticos se regirán por lo dispuesto en los artículos 4° y 5 del Reglamento de Fondos Rotativos de Caja Chica del Instituto Nacional de Aprendizaje.

c)  Ningún adelanto podrá girarse si el anterior no está debidamente liquidado, salvo los casos indicados en el Artículo 10° del presente Reglamento.

La persona funcionaria encargada del Fondo de Trabajo, deberá verificar que se cumple con los requisitos establecidos en este Reglamento y los procedimientos correspondientes.

Artículo 10.—Comprador. La persona encargada de cada Unidad Regional designará a la persona funcionaria que fungirá como compradora  con Fondos de Trabajo, exclusivamente para productos perecederos y material de alto riesgo, bajo los límites que al efecto establezca la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y el procedimiento establecido por la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.

La persona compradora formará parte del personal del  Proceso de Adquisiciones.

Artículo 11.—Plazo para liquidar adelantos. Todo adelanto para gasto deberá ser liquidado en un plazo no mayor de siete días hábiles a partir del día hábil siguiente al recibo del dinero o a la finalización del evento o del período de gira, por parte de la persona funcionaria solicitante.

Artículo 12.—Liquidaciones Extemporáneas. Las Tesorerías comunicarán a la Unidad de Recursos Humanos sobre las liquidaciones que se presenten extemporáneamente, en el plazo de dos días hábiles.

La Unidad de Recursos Humanos se encargará de verificar si los atrasos fueron generados por incapacidad médica de la persona funcionaria o licencia por fallecimiento de familiar. En los demás casos tramitará el procedimiento disciplinario correspondiente.

Artículo 13.—Plazo para liquidar adelantos no utilizados. En caso de que no se utilice el adelanto, la persona funcionaria solicitante, deberá devolver el dinero al Fondo de Trabajo en un plazo de un día hábil siguiente contado a partir del momento de la cancelación de la compra o del periodo de gira, justificando expresamente las razones que impidieron el uso de los fondos.

Artículo 14.—Imposibilidad de nuevos adelantos. No se girará adelanto alguno a la persona funcionaria que tuviese pendiente la liquidación de un adelanto anterior. Tampoco se girará adelanto cuando la solicitud de desembolso no reúna los requisitos establecidos en el artículo 9° del presente Reglamento.

La responsabilidad sobre el incumplimiento de este artículo recaerá en la persona funcionaria solicitante y en la persona funcionaria responsable de la entrega del adelanto.

Artículo 15.—Administración de fondos. Los fondos de trabajo deberán ser administrados en cuentas corrientes de la Institución y estarán bajo la responsabilidad de las personas funcionarias autorizadas en dichas cuentas.

Artículo 16.—Registro contable. Es responsabilidad del Proceso Financiero Contable de cada Unidad Regional y del Proceso de Contabilidad de la URF de la Sede Central, llevar y mantener actualizados los registros contables de la operación de los Fondos de Trabajo.

CAPÍTULO IV

Responsabilidad y Sanciones

Artículo 17.—Responsabilidad de las personas funcionarias. Todas las personas funcionarias que soliciten, tramiten, autoricen y revisen documentos o manejen dinero relacionado con el Fondo de Trabajo, serán responsables de acuerdo con la función que desempeñen y  los siguientes deberes respectivamente:

a)  La persona funcionaria Encargada de la Unidad Solicitante y quien designe que autoriza la utilización de los Fondos de Trabajo deben garantizar que se cumpla con lo estipulado en los artículos 7° incisos a), b), c) y d) y 8° del presente Reglamento.

b)  La persona funcionaria Encargada de la administración del Fondo de Trabajo y las personas encargadas de los Fondos de Trabajo en cada uno de los Procesos Financieros Contables de las Unidades  Regionales, debe garantizar que se cumpla con los requisitos estipulados en los artículos 7° incisos a), b), c) y d),  8° y 9° del presente Reglamento.

c)  Las personas funcionarias Encargadas de las Tesorerías, deberán mantener un control actualizado de adelantos pendientes de liquidar y reportar cualquier atraso en la liquidación en el plazo de dos días hábiles a la Unidad de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 12° del presente Reglamento. En caso de no hacerlo será responsable por tal omisión y la cual se considerará falta grave.

d)  El uso adecuado de los Fondos de Trabajo será responsabilidad de la persona funcionaria de la Unidad solicitante que lo utilice.

e)  La persona funcionaria que trámite deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

Artículo 18.—Incumplimiento y trámite disciplinario. A las personas funcionarias que incumplan  las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se les aplicará las sanciones vigentes en materia disciplinaria establecidas en las regulaciones internas y las sanciones especiales establecidas en la Ley de Administración Financiera y las normas vigentes en la materia.

Para la realización del procedimiento disciplinario correspondiente se aplicará lo dispuesto en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA, Ley General de Administración Pública, Estatuto del Servicio Civil, Código de Trabajo y las demás normas vigentes y relacionadas en la materia.

CAPÍTULO V

Disposiciones varias

Artículo 19.—Procedimientos. El presente Reglamento será complementado con el Procedimiento de Fondo Rotativo de Trabajo, el cual estará a cargo de la URF.

Artículo 20.—Derogatoria. Derogar el Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del Instituto Nacional de Aprendizaje publicado en La Gaceta 102 del 29 de mayo de 2007.

Artículo 21.—Normas Supletorias. Para todo aquello no previsto en el presente reglamento se aplicarán supletoriamente la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública, el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, el Reglamento de la Contratación Administrativa y demás normativa que resulte, así como a los lineamientos que emita el INA.

Artículo 22.—Vigencia. El presente Reglamento entrará a regir seis meses después del día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Disposiciones transitorias

I.—Los procedimientos del presente Reglamento  estarán a cargo de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. Esta dependencia deberá aprobarlos y publicarlos en los medios internos en el plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Reglamento.

II.—La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo deberá gestionar y supervisar las adaptaciones o modificaciones necesarias a los sistemas informáticos utilizados para la ejecución del presente reglamento, en el plazo de seis meses contados a partir de la publicación del presente Reglamento.

III.—Se autoriza a la Unidad Regional Huetar Norte, para la aplicación del presente Reglamento y sus procedimientos con el fin de  implementar un plan piloto en materia de compras de productos perecederos y material de alto riesgo, a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del presente Reglamento.

6 de diciembre del 2010.—Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Ana Luz Mata Solís, Jefa.—1 vez.—O. C. Nº 206-71.—Solicitud Nº 32852.—C-294950.—(IN2010104657).

En la sesión Nº 4463 celebrada el 15 de noviembre de 2010 la Junta Directiva acordó aprobar las modificaciones al Reglamento de Fondos Rotativos de Caja Chica del INA, según consta en el acta de esa sesión en el Artículo XI y el acuerdo N° 180-2010-JD, para que en adelante disponga lo siguiente:

REGLAMENTO DE FONDO ROTATIVO DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Considerando:

1º—Que mediante el oficio GG-848-2010, del 29  de octubre de 2010, la Gerencia General, remite para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva,  la propuesta de “Reglamento de Fondos Rotativos de Caja Chica del Instituto Nacional de Aprendizaje”.

2º—Que en informes de Auditoría  Interna N° 45-2009, 56-2009, 35-2010 y 43-2010, se emiten algunas recomendaciones, cuyos objetivos se centran en:

a)  La modificación del Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del INA, con el fin de subsanar las deficiencias encontradas.

b)  Regular el pago de transporte de taxi.

c)  Analizar el Reglamento citado, para que no se contra ponga a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

d)  Realizar ajustes necesarios para que le pago con tarjeta sea congruente con la normativa interna.

3º—Que de acuerdo con la experiencia, las recomendaciones técnicas y los usuarios surge la necesidad de separar la normativa en dos instrumentos independientes: “Reglamento  para Fondos Rotativos de trabajo del INA” y “Reglamento de  Fondos Rotativos de Caja Chica del INA”.

4º—Que la Asesoría Legal, mediante  oficio AL-1545-2010, extiende la respectiva constancia de legalidad para el citado Reglamento.

5º—Que el presente Reglamento consta de V Capítulos y 25 Artículos, que fueron analizados y discutidos por los integrantes de la Junta Directiva.

6º—Que el señor Arturo Gutiérrez Ballard, Asesor, Subgerencia Administrativa, expone ante los miembros  de Junta Directiva la propuesta del Reglamento en cita.

7º—Que en los señores directores y directoras conocen y discuten la propuesta de Reglamento, y luego de realizar las observaciones y consideraciones  correspondientes manifiestan su anuencia.

8º—Que el señor Arturo Gutiérrez, recopiló y consignó en la versión definitiva del Reglamento, las observaciones y sugerencias planteadas en el seno de la discusión, por parte de los señores miembros de Junta Directiva.

9º—Que de conformidad con el art. 7 inciso d, de la ley N° 6868, y al haberse sometido el presente Reglamento al conocimiento de la Junta Directiva, se acuerda. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Aprobar el “Reglamento Fondo Rotativos de Caja Chica del Instituto Nacional de Aprendizaje”; de conformidad con la propuesta realizada mediante el oficio GG-848-2010, del 29 de setiembre de 2010, suscrito por la señora Gerente General, lo expuesto por el Licenciado Arturo Gutiérrez Ballard y las observaciones de los miembros de la Junta Directiva, para que disponga lo siguiente:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento regula la creación y funcionamiento de los Fondos Rotativos de Caja Chica existentes y los que en el futuro se establezcan en la Institución.

Artículo 2º—Abreviaturas y definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1.  Abreviaturas:

a)  INA: El Instituto Nacional de Aprendizaje.

b)  URF: Unidad de Recursos Financieros.

c)  PT: Proceso de Tesorería.

d)  SIREMA: Sistema de Recursos Materiales.

2.  Definiciones

a)  Adelanto: Es la entrega o desembolso de dinero en efectivo proveniente del Fondo de Caja Chica, cuya naturaleza es pública y se considerará una modalidad de contratación directa dentro de los límites establecidos para estos efectos.

b)  Faltante: Es la suma no cubierta por el adelanto, después de realizada la actividad o evento para la cual fue autorizado.   

c)  Fondo Rotativo Trabajo: En adelante denominado fondo de trabajo. Son los recursos financieros que se asignan a unidades organizacionales del INA para cubrir sus gastos de operación y que se manejan por medio de varias cuentas corrientes, los fondos de trabajo serán constituidos por: los saldos de las cuentas corrientes respectivas, cheques y pagos electrónicos emitidos, liquidados y no liquidados.

d)  Fondo Rotativo de Caja Chica: Son los recursos financieros que se asignan a las unidades organizativas del INA, tomados del respectivo fondo de trabajo, los cuales son utilizados en las compras para gastos menores, urgentes e indispensables, cuya ejecución es de carácter excepcional de conformidad con el artículo 2, inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 133 de su Reglamento. Así como gastos por concepto de viáticos y transporte.

El fondo rotativo de caja chica estará constituido por dinero en efectivo, los fondos incluidos en cuentas de ahorro y la documentación física o electrónica que respalde los movimientos de dinero.

e)  Fragmentación ilícita: La fragmentación se reputa ilícita cuando, contándose en un mismo momento dentro del presupuesto ordinario con los recursos necesarios y habiéndose planificado las necesidades administrativas concretas, se realiza más de una contratación para el mismo objeto, con los efectos de evadir un procedimiento más complejo, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

f)   Gastos menores: Son todos aquellos gastos cuyo monto no exceda el límite máximo fijado para caja chica por la Administración.

g)  Gastos por Transporte: Debe entenderse aquella suma de dinero reconocida a las personas funcionarias; cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria desde su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo.

h)  Pagos electrónicos: Envío electrónico de dinero de una cuenta bancaria a una cuenta cliente.

i)   Período de gira: es el tiempo planificado en el cual el funcionario pueda realizar giras para atender una o varias actividades. 

j)   Persona encargada del Fondo Rotativo de Caja Chica: Persona funcionaria de la Tesorería que tiene la responsabilidad de administrar y custodiar su respectivo Fondo Rotativo de Caja Chica.

k)  Precio normal de mercado: Precio que alcanza un bien en función de su oferta y su demanda en el mercado.

l)   Unidad Solicitante: Corresponde a aquellas dependencias que tienen un código presupuestario asignado, y, en el caso de las Unidades Regionales incluye al Proceso de Servicio al Usuario.

m) Retención: Grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país; así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por ley.

n)  Servicios técnicos o profesionales: Los servicios profesionales o técnicos deberán ser de carácter excepcional, temporal, urgente e indispensable. Siempre y cuando no corresponda a los casos previstos en el artículo 64 de la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 163 de su Reglamento y aquellos que pueden ser suplidos por la Unidad de Recursos Humanos de conformidad con el artículo 24 de la Ley Nº 6868.

o)  Sobrante: Es la suma remanente, después de realizada la actividad o evento para la cual fue autorizado el adelanto.

p)  Tarjeta de compras institucionales: Se entenderá como pagos electrónicos, cuyos fondos se tomarán del Fondo Rotativo de Caja Chica.

q)  Tesorería: Proceso de Tesorería de la URF y sus funciones regionalizadas en el Proceso Financiero Contable de las Unidades Regionales.

r)   Urgencia: Se entenderá como urgente todos aquellos hechos o actos producidos por el hombre o  la naturaleza de manera repentina que afecten el desarrollo normal de las operaciones de la institución.

s)  Viático: Es aquella suma de dinero destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que el INA reconoce a las personas funcionarias cuando estas deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.

Artículo 3º—Casos en los que procede pagar con fondos rotativos de caja chica. Los fondos de Caja Chica se utilizarán para realizar adelantos de dinero efectivo, viáticos a cubrir y pagos electrónicos, en los siguientes casos:

a)  Gastos de transporte, alimentación y permanencia en el territorio nacional (viáticos) de conformidad con el artículo 4 y 5 de este Reglamento.

b)  Adquisición de materiales, suministros, mobiliario, equipo, herramientas y servicios, únicamente justificada para gastos menores, urgentes e indispensables, cuya ejecución es de carácter excepcional, quedando a criterio y  bajo la responsabilidad de la persona funcionaria que autoriza el adelanto de caja chica, la procedencia de acuerdo a las particularidades de cada caso, de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto.

Artículo 4°—Procedencia del pago de viáticos. Para determinar la procedencia del pago de viáticos se considerarán los siguientes aspectos:

a)  A las personas funcionarias cuya sede de trabajo esté ubicada dentro del Área Metropolitana de San José se les reconocerá viáticos únicamente si la gira se desarrolla fuera de ese ámbito territorial.

b)  En lo que corresponde a las Unidades Regionales, no cabe el reconocimiento de viáticos a las personas funcionarias destacadas en dichas unidades, cuando éstos deban desplazarse a cumplir funciones del cargo, dentro del cantón en que se encuentre ubicada su sede de trabajo.

c)  El reconocimiento de viáticos en situaciones especiales que a criterio razonado de la Jefatura de la Unidad Solicitante impliquen el desplazamiento de las personas funcionarias de su lugar permanente de trabajo dentro de la Limitación Territorial correspondiente.

d)  El INA cancelará a la persona funcionaria viáticos cuando se desplacen de su lugar permanente de trabajo a una distancia de diez kilómetros.

e)  En caso de que el servidor se desplace a un lugar cercano a su domicilio legal se reconocerá únicamente el pago de transporte. En este sentido debe interpretarse la procedencia del pago únicamente en distancias iguales o superiores a diez Kilómetros.

f)   Se reconocerá el pago de viáticos a las personas funcionarias que disfrutando del beneficio de zonaje deban desplazarse a cumplir labores de su cargo fuera de lugar en que disfrutan de ese beneficio, excepto que se trate de un lugar cercano al centro de labores y existan facilidades de transporte, caso en el cual se reconocerá únicamente gastos de transporte, todo conforme con lo indicado en el inciso c) de este articulo.

g)  Si la gira fuere superior a un mes calendario se suspenderá el pago del beneficio de zonaje, debiéndose pagar nuevamente en el momento en que la persona funcionaria finalice su gira cuando retorne al lugar donde disfrutaba del zonaje.

h)  No se reconocerá el pago de viáticos durante los días sábado, domingo y feriados establecidos por la ley, a aquellas personas funcionarias que estuvieren destacadas en lugar donde existan facilidades de transporte que les permitan desplazarse de ese lugar de trabajo a su domicilio legal. En casos excepcionales, el Jefe Inmediato de la persona funcionaria que disfruta del pago de viáticos, podrá autorizar el reconocimiento de los gastos de hospedaje, alimentación y transporte durante los días sábado, domingo y feriados establecidos por ley, cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 5°—Gastos de transporte.

a)  Pago de Servicio de Taxi

El pago por servicios de taxi, se reconocerá únicamente en casos justificados, excepcionales y urgentes, con la respectiva autorización y criterio de la persona Encargada de la Unidad Solicitante, en los siguientes supuestos:

a.1)    Cuando resulte más conveniente a la Institución pues el ahorro en tiempo o el resguardo de equipo institucional, es más significativo que el exceso de la tarifa entre el taxi y el medio de transporte colectivo.

a.2)    Cuando se requiera iniciar una gira en un horario donde no haya servicio de transporte colectivo.

a.3)    Cuando al término de una gira ya no se preste el servicio de transporte colectivo o por razones de seguridad de las personas funcionarias. Las horas y zonas serán reguladas por medio de procedimiento.

Se autorizará el gasto de taxis oficiales debidamente autorizados por el órgano de regulación competente.

No obstante, en zonas rurales donde no exista la posibilidad de servicio en taxi oficial, se autorizará el pago en vehículos particulares que presten ese servicio, aportando el comprobante que contenga la información requerida por los procedimientos establecidos al efecto.

b) Pago de servicio de transporte colectivo

Cuando la persona funcionaria necesite utilizar los servicios de transporte público colectivo debidamente autorizado por el órgano de regulación competente, el reconocimiento de ese pago se hará de acuerdo con la tarifa autorizada por el organismo regulador correspondiente.

c)  Pago de otros servicios de transporte

Se reconocerá el pago de otros servicios de transporte que no sean los habituales, cuando las circunstancias lo ameriten, tales como: transporte de carga, acuático, aéreo, biomecánico y semovientes.

Para estos efectos, el o los usuarios del servicio de transporte deberán presentar la justificación y el comprobante que para tal efecto dispongan los procedimientos establecidos por la URF.

d)  Uso racional del servicio de transporte

Los usuarios del servicio de transporte deberán coordinar la ruta más conveniente.

En el caso que dos o más funcionarios tengan la necesidad de desplazarse a destinos que pudieren ser contemplados en la ruta más larga, deberán utilizar el mismo servicio cuando las circunstancias de tiempo y lugar lo permitan, bajo los principios de lógica, razonabilidad y conveniencia.

Lo anterior con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. En este caso el funcionario que tenga como destino la ruta más larga será el responsable del servicio.

El correcto y racional uso del transporte, queda bajo la responsabilidad de la persona funcionaria solicitante y de la persona funcionaria encargada de la Unidad Solicitante o quien ésta designe.

e) Liquidación de Servicios de Transporte

Los servicios de transporte deberán ser  previamente autorizados por la jefatura inmediata, salvo los casos de urgencia y necesidad autorizados posteriormente por ésta.

La liquidación de los gastos por servicio de transporte, deberán seguir los procedimientos, instrucciones y los formularios establecidos al efecto por la URF.

Para todos los casos, la URF se regirá por las tarifas establecidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y no se reconocerán tiempos de espera.

CAPÍTULO II

Asignación de fondos rotativos de caja chica

Artículo 6º—Creación. La SGA aprobará la creación de Fondos Rotativos de Caja Chica para las unidades solicitantes, previo estudio técnico de la URF, el cual al menos deberá contemplar:

a)  El objetivo que cumplirá el Fondo Rotativo de Caja Chica.

b)  El volumen aproximado de transacciones que se realizarán en el nuevo fondo.

c)  El funcionario responsable del Fondo Rotativo de Caja Chica.

d)  La ubicación del nuevo Fondo Rotativo de Caja Chica, junto con una constancia de que cuenta con la infraestructura y seguridad para operar en forma eficiente.

e)  Un estudio sobre el costo en que incurrirá el Instituto con el establecimiento del nuevo Fondo.

Artículo 7º—Montos de los fondos rotativos de caja chica.

a)  Límite de gasto anual para Caja Chica no excederá el 5% del gasto efectivo del presupuesto institucional vigente, estimado por la URF.

b)  El monto de cada Caja Chica lo establecerá la URF, de acuerdo con el comportamiento del gasto real efectivo de cada unidad solicitante.

c)  Los recursos necesarios para la operación de la Caja Chica serán suplidos por el Fondo de Trabajo correspondiente, ante quien se harán los reintegros respectivos.

d)  La caja chica de la Sede Central será administrada por el PT de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Organización del INA, cuyo monto será autorizado por la URF.

e)  La Administración actualizará cada año el monto del adelanto de Caja Chica. Como parámetro utilizará el monto establecido por la Contraloría General de la República para compra directa, no pudiendo excederse en un 3% del mismo. Esta actualización será aprobada y comunicada por la Gerencia General o la Subgerencia Administrativa.

f)   La suma máxima a autorizar por concepto de viáticos en el país, será el equivalente de una semana hábil de viáticos totales con base en la tarifa diaria más alta establecida en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República. De necesitarse un monto mayor deberá utilizarse el Fondo de Trabajo.

g)  En aquellos casos donde aplique la retención del impuesto sobre la renta, será responsabilidad de la persona funcionaria que realice la compra, retener las sumas correspondientes y reportarlas en la liquidación que respalda la compra de bienes y servicios.

h)  Las Tesorerías serán las responsables de verificar la correcta aplicación del inciso anterior y realizar los reportes correspondientes cada mes ante el Ministerio de Hacienda.

i)   El Administrador del Fondo Rotativo de Caja Chica solicitará el reintegro del fondo de acuerdo con los procedimientos establecidos al afecto.

Artículo 8°—Monto para compradores de caja chica. La persona Encargada de la unidad regional podrá autorizar por escrito ante las Tesorerías a una persona funcionaria para que funja como compradora con fondos de caja chica, para casos excepcionales, urgentes e indispensables. Para tal fin, se podrán hacer hasta tres adelantos según el monto autorizado en el inciso e) del numeral 7 de este Reglamento. 

Artículo 9º—Cierre. El cierre de un Fondo Rotativo de Caja Chica será responsabilidad exclusiva de la URF, quien deberá elaborar un informe escrito debidamente fundamentado con indicaciones claras de las razones que justifican el cierre.

CAPÍTULO III

Operación y control de los fondos rotativos de caja  chica

Artículo 10.—Requisitos para autorizar adelantos. Los requisitos para autorizar adelantos serán los siguientes:

a)  La persona que autoriza deberá estar  debidamente inscrita en el Registro de firmas de la URF o habilitado vía sistema informático, según los procedimientos establecidos al efecto.

b)  Previo a la autorización del adelanto la persona que autoriza deberá verificar el cumplimiento de los siguientes aspectos:

b.1)    Que no existe fragmentación ilícita.

b.2)    Que no se dispone con el bien o servicio dentro de la Unidad solicitante o una dependencia de la misma unidad organizativa que pueda suplir la necesidad, sin que esta sufra ningún menoscabo para hacerle frente a sus necesidades planificadas.

b.3)    Comprobar que existe el contenido presupuestario necesario para cubrir la erogación.

b.4)    Verificar que el precio es el normal del mercado y conveniente para la Institución de acuerdo con el artículo 11 del presente Reglamento.

c)  La persona funcionaria solicitante previo al recibo del desembolso, deberá autorizar el rebajo automático de su salario en caso de no liquidar el adelanto correspondiente. 

d)  Velar por el cumplimiento del presente reglamento y sus procedimientos.

Artículo 11.—Determinación del precio normal de mercado. La determinación del precio normal de mercado es responsabilidad de la persona funcionaria que solicita el adelanto, quien deberá verificar que el precio del bien o servicio es razonable. Para esto utilizará el SIREMA u otros medios, de acuerdo con lo indicado en los procedimientos e instrucciones establecidos.

Artículo 12.—Entrega del dinero, desembolsos o adelantos. Las condiciones para la entrega del dinero en efectivo, dependerá de su objeto según los siguientes casos:

a)  El dinero se entregará antes de la compra de los bienes y servicios indicados en el artículo 3° inciso b)  de este Reglamento, salvo justificación expresa que contenga las excepciones autorizadas y razonadas por la persona Encargada de la Unidad Solicitante o las personas autorizadas al efecto.

b)  El dinero en efectivo correspondiente a adelantos de viáticos establecidos en el artículo 3 inciso a), podrán entregarse hasta dos días antes del período de gira o cancelarse a cubrir, atendiendo los casos indicados en el artículo 4° y 5° del presente Reglamento.

c)  Los adelantos de caja chica y adelantos de viáticos no podrán utilizarse para un fin distinto del solicitado. De existir un remanente deberá ser reintegrado y no podrá emplearse para otros fines.

d)  Ningún adelanto podrá girarse si el anterior no está debidamente liquidado, salvo los casos indicados en el Artículo 8° del presente Reglamento.

e)  Tampoco se girará adelanto cuando la solicitud de desembolso no reúna los requisitos establecidos en el Artículo 10° del presente Reglamento.

f)   La responsabilidad por el incumplimiento de los incisos d) y e) recaerá en  la persona funcionaria solicitante y en la persona funcionaria Encargada de entregar el adelanto.

Artículo 13.—Plazo para liquidación de adelantos de caja chica o viáticos a cubrir. Todo adelanto para gasto o cobro de viático a cubrir, deberá ser liquidado en un plazo no mayor de siete días hábiles a partir del día hábil siguiente al recibo del dinero o a la finalización del evento o del período de gira, por parte de la persona funcionaria solicitante.

En caso de presentarse algún faltante o sobrante,  deberán ser tratados de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto.

Artículo 14.—Liquidaciones Extemporáneas. Las Tesorerías comunicarán a la Unidad de Recursos Humanos sobre las liquidaciones que se presenten extemporáneamente.

La Unidad de Recursos Humanos se encargará de verificar si los atrasos fueron generados por incapacidad médica de la persona funcionaria o licencia por fallecimiento de familiar. En los demás casos iniciará el procedimiento disciplinario correspondiente.

Artículo 15.—Plazo para liquidar adelantos no utilizados. En caso de que no utilice el adelanto, la persona funcionaria solicitante, deberá devolver el dinero al Fondo Rotativo de Caja Chica en un plazo de un día hábil siguiente contado a partir del momento de la cancelación de la compra o del periodo de gira, justificando expresamente las razones que impidieron el uso de los fondos por parte de la persona Encargada de la Unidad Solicitante.

Artículo 16.—Prohibiciones. Se prohíbe el uso de Fondos Rotativos de Caja Chica en los siguientes casos:

a)  Cambio de cheques o dinero con el  Fondo Rotativo de Caja Chica.

b)  Compra de bienes y servicios de los cuales existan contrataciones por demanda, salvo justificación expresa del solicitante donde se acredite que los motivos que originaron la necesidad no son planificables o el contrato no lo incluya.

c)  Utilización del servicio de transporte a cargo de la Institución para transportar personas ajenas a la Institución, salvo autorización de la persona Encargada de la Unidad Solicitante, establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.

Artículo 17.—Manejo de fondos. El Fondo Rotativo de Caja Chica debe estar bajo la custodia de una sola persona.  En caso de ausencia de la misma, las personas Encargadas de las Tesorerías deberán asignar una persona funcionaria para ejercer la suplencia, previo arqueo de este Fondo, de acuerdo con el procedimientos establecido al efecto.

Artículo 18.—Arqueos y Cierres de Cajas. Las personas funcionarias responsables del fondo Rotativo de Caja Chica deberán realizar diariamente un cierre de caja para detectar inconsistencias.  En caso de detectar alguna de éstas, deberá emitir un informe a la jefatura inmediata, de acuerdo con los procedimientos establecidos, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que correspondan si se demuestra la existencia de una administración irregular de los Fondos.

Para los arqueos, la jefatura de la Unidad Regional o la jefatura de la URF designará una persona funcionaria calificada para realizar las verificaciones o arqueos sorpresivos totales a los fondos rotativos de caja chica al menos una vez al mes.

Artículo 19.—Registro contable. Es responsabilidad del Proceso Financiero Contable de cada Unidad Regional y del Proceso de Contabilidad de la URF en la Sede Central, llevar y mantener actualizados los registros contables de la operación de los Fondos Rotativos de caja chica.

CAPÍTULO IV

Responsabilidades y Sanciones

Artículo 20.—Responsabilidad de las personas funcionarias. Todas las personas funcionarias que soliciten, autoricen, revisen documentos o manejen dinero relacionado con el Fondo Rotativo de Caja Chica, serán responsables de acuerdo con la función que desempeñen y con los siguientes deberes:

a)  La persona funcionaria Encargada de la Unidad Solicitante que autoriza el adelanto de los Fondos Rotativos de Caja Chica debe garantizar que se cumpla con lo estipulado en los artículos 10° incisos a), b) y c), 13°, 15° y 16° incisos b) y c) del presente Reglamento.

b)  La persona funcionaria solicitante de los adelantos de caja chica debe cumplir con lo estipulado en los artículos 11°, 12° incisos c) d) e) y f), 13°  y 15° del presente Reglamento.

c)  La persona funcionaria encargada del manejo del Fondo Rotativo de Caja Chica, deberá garantizar que se cumpla con los requisitos para la entrega de adelantos estipulados en el numeral 10 incisos a), b) y c) de este Reglamento, así como los artículos 11, 12, 14, 15, 16 inciso a) y 18 de ese mismo cuerpo normativo.

d)  El funcionario que autorice de manera improcedente el pago de un suministro, servicio o viático por medio de Caja Chica, será responsable en forma solidaria con el servidor que lo solicitó. Ambos deberán reintegrar la suma desembolsada por el INA dentro del día hábil siguiente a la detección del hecho por parte de las Tesorerías o de la Auditoría Interna, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que correspondan por tal actitud.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 13° de este reglamento, en caso de no liquidarse el adelanto, la Administración podrá deducir del salario de la persona funcionaria solicitante el monto correspondiente al adelanto, previa autorización del funcionario solicitante y respetando los principios de protección al salario establecidos en el Código de Trabajo.

Artículo 21.—Incumplimiento y trámite disciplinario. Se considerará falta grave cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 20 del presente Reglamento.

Con el fin de garantizar el debido proceso a los funcionarios con presuntos incumplimientos, se deberá tramitar un procedimiento disciplinario de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA, Estatuto del Servicio Civil, Código de Trabajo y la Ley General de Administración Pública y demás normativa vigente en la materia.

CAPÍTULO V

Disposiciones varias

Artículo 22.—Procedimientos. El presente Reglamento será complementado con un  Procedimiento de Fondos Rotativos de Caja Chica, el cual estará a cargo de la URF y deberá implementarse en el plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial. El procedimiento deberá ser aprobado por GNSA y publicado en los medios internos establecidos al efecto por la URF.

Artículo 23.—Normas supletorias. Para todo aquello no previsto en el presente reglamento  se  aplicarán supletoriamente la Ley de  Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública, el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, el Reglamento de la Contratación Administrativa y demás normativa que resulte, así como a los lineamientos que emita el INA.

Artículo 24.—Derogatoria. Derogar el Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del Instituto Nacional de Aprendizaje publicado en La Gaceta 102 del 29 de mayo de 2007.

Artículo 25.—Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Disposiciones Transitorias

Transitorio 1º—Los adelantos de caja chica otorgados de forma anterior a la vigencia de este Reglamento, se regirán hasta su fenecimiento por el Reglamento anterior publicado en La Gaceta 102 del 29 de mayo de 2007.

Transitorio 2º.La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo deberá gestionar y supervisar las adaptaciones o modificaciones necesarias a los sistemas informáticos utilizados para la ejecución del presente reglamento en el plazo de seis meses contados a partir de la publicación del presente Reglamento.

6 de diciembre del 2010.—Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Ana Luz Mata Solís, Jefa.—1 vez.—O. C. Nº 206-71.—Solicitud Nº 32582.—C-466650.—(IN2010104658).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE POÁS

La suscrita Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, hago constar que: El Concejo Municipal del Cantón de Poás, en su Sesión Ordinaria Nº 30 celebrada el 23 de noviembre del 2010, por unanimidad se tomó el Acuerdo Nº 5866-11-2010 y se aprobó el Reglamento Municipal para la Organización y Funcionamiento de La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás, el cual fue ratificado y modificado según Acuerdo Nº 5874-12-2010 de la Sesión Ordinaria Nº 31 celebrada el 30 de noviembre del 2010, quedando aprobado de la siguiente manera:

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL

DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 1º—El presente Reglamento regula la organización y funcionamiento de la Junta Vial del cantón de Poás, que en adelante se identificará como “la Junta Vial”.

Artículo 2º—La Junta Vial es un órgano público, juramentado por el Concejo Municipal, ante quien responderá por su gestión, la cual será de consulta obligatoria en materia de planificación y evaluación de la obra pública vial cantonal y de servicio vial municipal, indistintamente de la proveniencia de los recursos económicos.

Artículo 3º—El objetivo primordial de la Junta Vial es el establecer criterios técnicos de priorización por planes en la inversión de los recursos girados por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114, tendiente de forma exclusiva a la conservación, mantenimiento rutinario (bacheo) y mantenimiento periódico (carpeta) y rehabilitación de la red vial cantonal (recuperación de caminos).

CAPÍTULO II

Integración

Artículo 4º—Integrantes. Los miembros de la Junta Vial serán juramentados por el Concejo Municipal y serán nombrados por un período de cuatro años.

Esta Junta estará integrada por los siguientes miembros, quienes fungirán ad honorem:

a)  El Alcalde Municipal, quien la presidirá.

b)  Un miembro del Concejo Municipal, con voz pero sin voto designado mediante un acuerdo tomado por el Concejo Municipal.

c)  El Director de la Región o de la Macro Región del MOPT o un representante designado por este.

d)  Un representante de los Consejos de Distritos, nombrados en Asamblea de estos.

e)  Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón, que será seleccionado en Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal, o, en su ausencia, de las Asociaciones vigentes en el cantón.

f)   El Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

Artículo 5º—Destitución. Será causal de destitución de los miembros, el incumplimiento de sus deberes o la ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de un año calendario, previa comunicación que hará la Junta Vial; el Concejo Municipal, otorgando el derecho de audiencia, procederá a efectuar la sustitución correspondiente a la brevedad posible.

Artículo 6º—La Junta Vial elegirá entre sus miembros, en la primera o segunda sesión ordinaria de cada año durante sus períodos de vigencia, un Vicepresidente, que sustituirá al presidente(a) en sus ausencias temporales y un secretario(a) para el respectivo levantamiento de las actas.

Artículo 7º—Las Actas de la Junta Vial estarán firmadas por el presidente(a) y el secretario(a), y deberán hacerse constar en un “Libro de Actas” legalizado, de hojas removibles o encuadernadas. No podrá existir en uso más de un libro de actas legalizado.

La autorización de dicho “libro” estará a cargo de la Auditoría Interna Municipal, de conformidad con el artículo 22 inc. e) de la Ley de Control Interno Nº 8292 vigente, quien deberá:

a)  Hacer constar en su primer folio, “Razón de Apertura”.

b)  Sellar cada uno de los folios (frente y vuelto) del respectivo “Libro de Actas”.

c)  Entregarlo al Alcalde (a) Municipal quien a su vez, deberá trasladarlo en custodia al Secretario de la Junta Vial.

d)  Concluido el Tomo, hará constar en su último folio, “Razón de Cierre”.

Artículo 8º—El libro de actas deberá reponerse por conclusión, pérdida o deterioro.

Para el primer caso, será suficiente la gestión del secretario de la Junta; para los dos últimos deberá seguirse el siguiente procedimiento:

1-  Presentación de solicitud de reposición ante el Concejo Municipal, mediante Acuerdo Firme de la Junta Vial.

2-  El Concejo Municipal autorizará la reposición mediante Acuerdo, sujeto a publicación de un extracto del mismo. La publicación se hará por una única vez en el Diario Oficial La Gaceta.

3-  Una vez hecha la publicación, deberá procederse con la respectiva reposición, lo que deberá indicarse en la “Razón de Apertura”.

Si en el extravío o pérdida del respectivo libro de actas, existiere evidente dolo o culpa grave por parte del secretario y de cualquier otro miembro de la Junta Vial, deberá procederse conforme al artículo 11 siguiente.

Artículo 9º—La Junta Vial sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cada vez que lo acuerde o sea convocada por el Presidente(a) de la Junta Vial Cantonal. En ambos casos habrá quórum con mayoría absoluta (la mitad más uno).

Artículo 10.—Los acuerdos serán tomados por mayoría simple, salvo excepciones de ley. En caso de empate, el voto del Presidente se computará doble.

Artículo 11.—La destitución de los miembros de la Junta Vial atenderá a lo regulado en el artículo 11 inc. d) del Decreto 034624-MOPT.

CAPÍTULO III

Funciones

Artículo 12.—Se consideran funciones primordiales de la Junta Vial las siguientes:

a.  Conocer y avalar los Proyectos de Presupuesto Anual de la Gestión de la Red Vial Cantonal propuesto por medio de planes anuales y quinquenales de conservación y de desarrollo vial del cantón elaborados por la unidad técnica.

b.  Elaborar la propuesta de inversión de los recursos de la Ley Nº 8114 con base en las estimaciones de los montos por transferir realizadas por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT y comunicadas por la Dirección de Gestión Municipal, a más tardar el 30 de agosto de cada año.

c.  Conocer de las propuestas de inversión elaboradas por los Comités de Caminos.

d.  Presentar en los meses de febrero un informe anual de rendición de cuentas tanto al Consejo Municipal como a la comunidad, el cual deberá publicitar de forma íntegra o extractada y en el mismos mes, por cualquier medio de comunicación colectiva local o nacional.

e.  Velar por la actualización del Inventario de la Red Vial Cantonal.

f.   Establecer los mecanismos por utilizar para la realización de seguimiento y evaluación de los Planes de Conservación y de Desarrollo de la Red Vial Cantonal con base en el Sistema de Gestión Vial Integrado -SIGVI- del Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT-.

g.  Velar por la implementación de los componentes de Seguridad Vial en los Planes de Conservación y Desarrollo Vial del cantón con la asesoría del Concejo Local de Seguridad Vial -COLOSEVI-.

h.  Conocer de los Informes Mensuales de Evaluación de la Gestión Vial Municipal elaborados por la UTGVM.

i.   Velar por el cumplimiento de los lineamientos de gestión vial emitidos por el MOPT.

j.   Evaluar y dar seguimiento a los Planes Anuales de Conservación y Desarrollo Vial apoyándose en el Sistema de Gestión Vial Municipal.

k.  Hacerse asistir -cuando fuese necesario- del personal que conforma la UTGVM.

l.   Velar porque la ejecución de los recursos económicos de la Ley Nº 8114 sea preferiblemente bajo la modalidad participativa de ejecución de obras

m. Conocer de las alternativas propuestas por la UTGVM para la obtención de recursos orientados a la gestión vial.

n.  Fiscalizar la eficiencia de los proyectos de obra pública vial autorizados, a través de la solicitud de auditorías técnicas o financieras ante el Concejo Municipal, evaluación de la idoneidad de los profesionales que conforman esta junta, evaluaciones de control de calidad de las obras, entre otras.

o.  Proponer al Concejo Municipal la reglamentación que considere pertinente para la efectiva Gestión Vial Cantonal.

p.  Velar por el cumplimiento de las políticas, normativa y reglamentación aplicable en gestión vial, emitida por el MOPT y otros entes competentes.

CAPÍTULO IV

Unidad Técnica de Gestiona Vial Municipal

Artículo 13.—Se constituirá una Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, la cual fungirá como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal y deberá contar, al menos, con un profesional en ingeniería civil, quien fungirá como Director y será el principal responsable por la ejecución optima de los trabajos, e implementación de recursos así como un asistente técnico, ambos con experiencia en materia vial, y un promotor social profesional en ciencias sociales. Los puestos señalados anteriormente serán nombrados por cargos fijos, a tiempo completo.

Al constituirse esta Unidad, su operación y financiamiento se incluirá dentro del Plan Operativo Anual, en carácter de servicio de gestión vial, como parte de las actividades a ser financiadas con los recursos a que se refieren los artículos 4 y 9, de este Reglamento.

Dentro de las eventuales actividades operativas a financiar se incluyen: adquisición, mejora y reparación de edificaciones, equipo y maquinaria, equipo y materiales de oficina, consultorías, salarios, gastos de viaje y transporte, siempre que se ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Corresponderá a la administración garantizar que los recursos señalados en el párrafo anterior y que se destinen exclusivamente para los fines descritos. La aplicación o el uso diferente de los recursos, generará las responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan.

Artículo 14.—De las funciones de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Dentro de las principales tareas de las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal se consideran las siguientes:

a)  Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación y de desarrollo vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. Previo a la definición de actividades de mejoramiento, reconstrucción u obra nueva, tendrán prioridad las actividades de conservación, sean estas manuales o mecanizadas, de conformidad con los lineamientos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.

b)  Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento de las organizaciones locales y su vínculo con otras instancias afines, con el propósito de propiciar trabajos conjuntos de conservación de las vías públicas y el control social de los proyectos que se realicen.

c)  Acatar el marco normativo en materia vial y de accesibilidad, en cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad N° 7600 y demás normativa conexa.

d)  Realizar y actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón, considerando los parámetros contenidos en los formularios y herramientas que facilite la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT.

e)  Operar y mantener actualizado el Sistema de Gestión Vial Integrado (SIGVI o similar) para la administración de la infraestructura vial cantonal.

f)   Administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de vías públicas y de la que se contrate o se obtenga, por medio de convenios, para este mismo fin. En este sentido, velar porque exista y funcione un sistema de control de maquinaria, así como de sus reparaciones.

g)  Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

h)  Establecer un programa de verificación de calidad que garantice el uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal, con base en la normativa establecida por el MOPT.

i)   Solicitar a los contratistas los resultados del programa de autocontrol de calidad, para su respectivo análisis y aseguramiento de la calidad.

j)   Elaborar y someter a aprobación del Concejo Municipal los convenios de cooperación con organizaciones comunales o de usuarios, u otras personas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

k)  Promover alternativas para la obtención de recursos orientados a la gestión vial.

l)   Proponer al Concejo Municipal la suscripción de convenios de cooperación con el Consejo Nacional de Vialidad para colaborar, con recursos libres, en la atención inmediata de carreteras de la Red Vial Nacional que sean de interés municipal y que se encuentren ubicadas en la jurisdicción cantonal.

m) Elaborar los informes de evaluación de la Gestión Vial Municipal, que presentará mensualmente y por escrito a la Junta Vial Cantonal, en sesión ordinaria, a través de su Director.

n)  Mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón, que contenga la boleta de inventario físico y socioeconómico, inventarios de necesidades, la lista de colindantes, derechos de vías, las intervenciones e inversiones realizadas, así como el comité de caminos u organización comunal responsable, entre otros, considerando los lineamientos que al efecto defina el MOPT. La información relativa a la organización comunal se llevará también en una base de datos independiente.

o)  Conformar y mantener, adicionalmente al expediente de caminos, un expediente de proyecto conteniendo toda la documentación generada por cada intervención vial que se realice.

p)  Inspeccionar y dar seguimiento a los trabajos que se realizan, mediante el reporte diario de actividad de las obras que se ejecutan en el cantón.

q)  Elaborar los estudios previos así como la resolución administrativa que, conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de caminos públicos en la red vial cantonal.

r)   Priorizar los proyectos viales a ejecutar dentro de las respectivas jurisdicciones, tomando en consideración los criterios técnicos. Tal priorización deberá sustentarse en la evaluación económico-social de las diferentes vías a intervenir que cuantifique los beneficios a sus usuarios. Dichas evaluaciones involucrarán parámetros como conectividad y concepto de red, tránsito promedio diario, acceso a servicios en las comunidades, densidad de población y volumen de producción. Complementariamente se podrá utilizar el índice de viabilidad técnico-social (IVTS), establecido por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. La priorización anterior, deberá elevarse al seno de la Junta Vial Cantonal, la cual deberá aprobarla por medio de una votación de mayoría simple.

s)  Controlar los derechos de vía de la red vial cantonal y asegurar su defensa y restitución en caso de invasiones o afectaciones. De igual forma proponer al Concejo Municipal la reglamentación para la obtención de derechos de vía mediante donaciones conforme al procedimiento estandarizado establecido por el MOPT a las municipalidades.

t)   Vigilar el cumplimiento de los deberes viales de los propietarios y poseedores de los inmuebles, contiguos a caminos y calles, establecidos en la Ley General de Caminos Públicos y el Código Municipal, para lo cual se solicitará colaboración de los Comités de Caminos, Organizaciones Comunales y otras agrupaciones afines, lo cual deberá reglamentar el Concejo Municipal.

u)  Considerar alternativas tecnológicas y administrativas para la conservación y desarrollo de la red vial del cantón, así como para la inversión en este campo.

v)  Vigilar por el cumplimiento de las normas de control de pesos y dimensiones de los vehículos, emitidas por el MOPT, para la red vial cantonal. Coordinar con las instancias correspondientes, para tal propósito.

w) Coordinar actividades de planificación, ingeniería, promoción y evaluación del desarrollo y conservación vial con las dependencias del MOPT, que corresponda. Asimismo, podrá solicitar asistencia técnica a las dependencias especializadas del MOPT.

x)  Gestionar la obtención de autorizaciones de explotación de fuentes de material, para lo cual deberá cumplir con los requerimientos dispuestos al efecto por el MINAE. Asimismo deberá mantener un inventario de posibles fuentes de material ubicadas en el cantón.

y)  Aplicar y garantizar la incorporación del componente de seguridad vial en todas las obras.

z)  Establecer, un sistema de prevención, mitigación y atención de emergencias en las vías del cantón.

aa) Emitir las certificaciones correspondientes a la información resultante de los expedientes de caminos y calles de la red vial cantonal.

bb) Divulgar la labor que se realiza a través de los medios de prensa o electrónicos, murales gráficos, volantes y otros apropiados al cantón.

cc) Propiciar la equidad de género en la gestión vial.

dd) Promover y facilitar el proceso de educación en escuelas, colegios y otras organizaciones de interés, en torno a la conservación y la seguridad vial.

ee) Fortalecer la competencia, capacidad y el conocimiento en gestión vial, mediante pasantías e intercambios entre los sectores y órganos involucrados.

Artículo 15.—Seguimiento y evaluación de la Gestión Vial. El MOPT pondrá a disposición de las municipalidades el SIGVI o su equivalente, como herramienta estandarizada y ágil para la evaluación, planificación y programación de sus proyectos. La Junta Vial Cantonal deberá realizar el seguimiento y la evaluación de los planes anuales y quinquenales apoyándose en la información del Sistema de Gestión Vial de la Municipalidad.

CAPÍTULO V

Reformas a este Reglamento

Artículo 16.—Para reformar el presente instrumento normativo, deberá respetarse el siguiente procedimiento:

a)  La propuesta de reforma será conocida por la Junta Vial en Sesión Ordinaria, mediante iniciativa de cualquiera de sus integrantes.

b)  Dicha reforma deberá ser aprobada por mayoría simple (mitad más uno Miembros de la JVC).

c)  Una vez avalado el Proyecto de Reforma, su conocimiento se trasladará al Concejo Municipal para la aprobación definitiva.

d)  Dicha reforma deberá publicitarse a través del Diario Oficial La Gaceta, y entrará a regir un día después de la respectiva publicación.

Artículo 17.—Rige a partir de su publicación.

San Pedro de Poás, 6 de diciembre del 2010.—Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2010105433).

La suscrita Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, hago constar que: El Concejo Municipal del Cantón de Poás, en su Sesión Ordinaria Nº 30 celebrada el 23 de noviembre del 2010, por unanimidad se tomó el Acuerdo Nº 5865-11-2010 y se aprobó el Reglamento para la Eliminación de Activos de la Municipalidad de Poás, y dice:

REGLAMENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE ACTIVOS

DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS

CAPÍTULO I

De los activos

Artículo 1º—Ámbito de aplicación. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por activo todo tipo de bien mueble propiedad de la Municipalidad de Poás debidamente inventariado, que sea utilizado para el normal funcionamiento de esta Administración, así como la efectiva prestación de servicios a los usuarios.

Artículo 2º—Cada activo deberá estar debidamente identificado con su respectiva placa, debiendo el Departamento Administrativo a cargo, mantener un registro documental, en donde se señale: las características del bien, fecha de adquisición, vendedor, costo, orden de compra, comprobante de pago, departamento al cual fue asignado, etc.

Artículo 3º—Salvo disposición expresa en contrario, corresponderá al Departamento de Contabilidad Municipal, llevar el registro y control de los activos de esta Municipalidad, así como girar los lineamientos que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento.

Artículo 4º—Que cada Unidad Administrativa, será responsable de solicitar al Departamento de Proveeduría con copia al Alcalde Municipal, la sustitución de activos, por cumplimiento de su vida útil o desactualización de éstos, así como que se encuentren en mal estado provocado por el deterioro normal en el uso continuo de estos.

CAPÍTULO II

De la eliminación de activos

Artículo 5º—La Alcaldía Municipal, nombrará una Comisión Administrativa, la cual estará a cargo de llevar a cabo la eliminación de activos, cuando se dé los supuestos señalados en el artículo anterior, la autorización de eliminación de activos será finalmente autorizada por el Alcalde Municipal.

Artículo 6º—Una vez que se autorice la eliminación, la Comisión a cargo procederá conforme, aplicando en cada caso el procedimiento de eliminación pertinente, según el tipo de activo de que se trate. Debiendo crear un acta de la eliminación, la cual será remitida para su conocimiento, al Departamento de Contabilidad, a la Alcaldía Municipal, Auditoria Interna y Consejo Municipal. En dicha acta, deberá consignarse el detalle de los activos eliminados, así como las personas que participaron en el acto.

En caso de considerarse necesario el Consejo Municipal podrá nombrar un representante para que participe de testigo en dicha diligencia.

Artículo 7º—Cuando se trate de la eliminación de activos de equipo de cómputo, previamente mediante asistencia de un informático, que preste servicios a esta Municipalidad, se debe asegurar la obtención de los respaldos de información pertinente.

CAPÍTULO III

Disposiciones finales

Artículo 8º—Cuando los activos, se encuentren deteriorados, desactualizados, pero sea posible su funcionamiento, podrá optarse por su donación o préstamo, estrictamente conforme lo establece el Código Municipal, la competencia para decidir dichos actos, así como la responsabilidad por la aplicación correcta del procedimiento respectivo, lo será el Concejo Municipal de Poás.

Artículo 9º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

San Pedro de Poás, 6 de diciembre del 2010.—Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2010105434).

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

REGLAMENTO DE LA JUNTA DE RELACIONES

LABORALES

En sesión ordinaria Nº 22, del 29 de setiembre del 2010, capítulo V, inciso e), se acuerda en forma definitiva.

Considerando:

1º—Que la Municipalidad de Garabito suscribió con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la Convención Colectiva de Trabajo, el día 28 de agosto del 2009.

2º—Que la Convención Colectiva de la Municipalidad de Garabito en su capítulo III, artículo 22, establece el deber de crear la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Garabito.

3º—Que la Junta de Relaciones Laborales, tiene el espíritu de mantener el normal entendimiento obrero-patronal, sobre la negociación constante brindando así un ambiente de Paz Social en la Municipalidad de Garabito. Por ello, la Junta de Relaciones Laborales, abre un espacio más para la canalización de los conflictos que surjan entre las personas funcionarias de la Municipalidad de Garabito, canalizar las demandas e inquietudes que surjan como parte del quehacer diario institucional e interpretar la Convención Colectiva de conformidad con lo estipulado en la misma.

4º—Que para la aprobación de este Reglamento se han cumplido con las disposiciones legales pertinentes. Por tanto:

CAPÍTULO I

Generalidades y funciones

Artículo 1º—Objeto. El presente Reglamento Interno tiene como fin regular el funcionamiento, atribuciones, plazos y condiciones para recurrir ante ella, de la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Garabito según lo establecido en el capítulo III, artículo 22, inciso k), de la Convención Colectiva.

Artículo 2º—Naturaleza. La Junta de Relaciones Laborales es un órgano bipartito, paritario obrero-patronal y permanente, en el que se integran la Administración de la Municipalidad de Garabito y la ANEP. Actuará con absoluta independencia de criterio y equilibrio de intereses por parte de quienes la integren.

Artículo 3º—Funciones. En concordancia con la convención colectiva la Junta de Relaciones Laborales tratará de las situaciones que hayan sido conocidas y resueltas por la Administración y que se originen en los conflictos de relaciones de empleo y la Salud Ocupacional según el artículo 23 de la Convención Colectiva, la Junta de Relaciones Laborales, fundamentalmente tendrá una función social y una función legal le compete conocer exclusivamente de los siguientes asuntos:

a.  Atención de los conflictos producto de la relación de empleo, ya sean de naturaleza individual o colectiva. Para ello podrá conocer de los reclamos que formulen las personas trabajadoras respecto a las violaciones de sus derechos, asuntos relacionados con la salud ocupacional, inconformidad en los traslados de puestos; diferencias que surjan en torno a la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo e inconformidad con respecto a los resultados de los concursos internos y externos y disciplinarios cuando es despedido.

b.  Proponer, coadyuvar y fiscalizar las demandas de mejoramiento en beneficio de los funcionarios municipales relacionado con salarios e incentivos.

c.  Intervención de manera recomendativa en caso de procedimientos de investigación seguidos en contra de las personas trabajadoras sometidos a conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales a solicitud de las partes o de cualquier interesado.

d.  Atenderá las denuncias por persecución laboral que formulen las organizaciones, en caso de que existieran.

CAPÍTULO II

Integración de la Junta

Artículo 4º—Integración. La Junta de Relaciones Laborales, estará integrada según el artículo 22 de la Convención Colectiva, por seis miembros propietarios (as) y cuatro suplentes, distribuidos de la siguiente manera: Tres miembros propietarios (as) y dos (a) suplente por parte de la Municipalidad y tres miembros propietarios (as) y dos (a) suplente por parte de la ANEP. Las personas suplentes sustituirán a las personas propietarias en caso de ausencia y tendrán las mismas facultades que éstas.

Artículo 5º—Nombramiento. Los funcionarios miembros de la Junta de Relaciones Laborales serán nombrados directamente por la ANEP y por la Alcaldía Municipal, según sea del caso.

Artículo 6º—Período de nombramiento. Los (as) miembros de la Junta de Relaciones Laborales, durarán en sus cargos un año, pudiendo ser reelectos (as) o removidos (as) en cualquier momento por quien las haya designado.

Artículo 7º—Personas integrantes de la Junta. Los funcionarios miembros de la Junta de Relaciones Laborales -propietarios y suplentes- dos por cada parte representada asumirán sus designaciones con seriedad y compromiso. Tendrán la obligación de asistir los propietarios y suplentes si lo desean, a todas las sesiones a las que sean convocadas, salvo justificación, que será comunicada por escrito a la misma Junta de Relaciones Laborales, quien deberá justificarlo con veinticuatro horas de antelación o dentro de los tres días posteriores, de lo cual se dejará constancia.

En estos casos, la persona suplente respectiva, procederá a sustituir en la sesión al propietario faltante y así lo deberá comunicar al presidente. De igual manera, deberán guardar absoluta confidencialidad de los asuntos que conozcan, para resguardo del procedimiento y respeto absoluto a los derechos que asisten a las personas que demandan su intervención. La violación comprobada de la presente discrecionalidad se sancionará de conformidad con el Reglamento Autónomo de Servicios en materia de las obligaciones y deberes de las personas funcionarias.

Las ausencias injustificadas por dos veces consecutivas o dos alternas por bimestre inhabilitarán de inmediato a cualquiera de sus integrantes, perdiendo su condición y le dará la facultad a la Junta de Relaciones Laborales de solicitar a la organización gremial que representa, su sustitución cuando se trate de una persona de sus representantes, y a la Administración su reemplazo, cuando se refiera a una persona de sus representantes.

Ninguna persona integrante de esta instancia devengará dieta, sobresueldo o plus salarial alguno por sus labores en la Junta de Relaciones Laborales.

Para el ejercicio de sus tareas, las personas integrantes de la Junta de Relaciones Laborales contarán con el permiso laboral correspondiente para que puedan desempeñar eficientemente su labor.

CAPÍTULO III

De la Presidencia y la Secretaría

Artículo 8º—De la Secretaría. La secretaria (o) será aportado por la administración quien elaborara una acción de personal para que se determine su nombramiento a medio tiempo como secretario (a) de la junta de relaciones laborales. A la Secretaría le corresponderá:

a.  Recibir las solicitudes y comunicarlas a las personas integrantes de la Junta de Relaciones Laborales.

b.  Elaborar, foliar y custodiar el expediente que surja de cada solicitud.

c.  Tramitar toda la correspondencia que en cada caso amerite.

d.  Presentar y resguardar los documentos de cada caso sometido a consideración en el seno de la Junta de Relaciones Laborales.

e.  Constituir un archivo de toda la correspondencia y documentación que se produzca.

f.   Apoyar a la Presidencia en las cuestiones propias del funcionamiento interno de la Junta de Relaciones Laborales, tales como convocatorias, control de quórum y votación.

g.  Preparar toda la documentación relativa a los asuntos que serán tratados en cada sesión.

h.  Comunicar las resoluciones y decisiones de la Junta de Relaciones Laborales a quien corresponda.

i.   Otras propias de su competencia y determinadas por la Junta de Relaciones Laborales.

j.   Elaborar las Actas de cada reunión.

Artículo 9º—Presidencia. La Presidencia y vicepresidencia de la Junta de Relaciones Laborales será ejercida por períodos de seis meses, en forma rotativa entre las dos partes, entre el sector representante de los gremios y el sector representante de la Administración. Según lo establece el artículo 23, inciso d), de la Convención Colectiva, el (la) Presidente (a) se elegirá por la parte que corresponda, durante la primera sesión del período. El primer período de Presidencia le corresponderá a la Municipalidad. Corresponderá a quien ocupe la Presidencia:

a.  Dirigir las sesiones de la Junta de Relaciones Laborales.

b.  Convocará a sesiones extraordinarias.

c.  Suscribir las convocatorias de las sesiones, sus actas y preparar la agenda.

d.  Verificar el quórum de cada sesión.

e.  Someter a votación cada asunto.

f.   Otras propias de su competencia y determinadas por la Junta de Relaciones Laborales.

Artículo 10.—Vicepresidencia. La Vicepresidencia le corresponderá a la parte que ostente la Presidencia y entrará en funciones en ausencia temporal de la Presidencia. Para sustituir a la persona propietaria saliente, la organización gremial respectiva o la Administración, según corresponda, procederá a enviar a la Junta de Relaciones Laborales los nombres de las personas que fungirán como propietarias y como suplente, respectivamente, en los ocho días naturales siguientes.

CAPÍTULO IV

De las sesiones

Artículo 11.—Sesiones. Las sesiones de la Junta de Relaciones Laborales ordinarias y extraordinarias serán privadas o bien públicas bajo acuerdo. No obstante, de acuerdo a lo que establece el artículo 22, inciso c), de la Convención Colectiva, cada una de las partes podrá hacerse acompañar de un máximo de dos asesores (as), si la complejidad del asunto requiere algún criterio técnico, cuando razones de interés institucional o de las personas funcionarias afectadas directamente, así lo justifiquen. Dichos asesores tendrán derecho a voz únicamente.

Las sesiones se realizarán en horas hábiles de labores, para lo cual la Municipalidad deberá garantizar todas las facilidades que sean necesarias a sus integrantes, así como a cualquier otro funcionario que deba asistir a sus sesiones.

Artículo 12.—Convocatoria. La Junta de Relaciones Laborales será convocada ordinariamente por la Presidencia cada quince días en la Municipalidad y extraordinariamente será convocada por el (la) Presidente (a) o por cuatro miembros que integren la Junta de Relaciones Laborales. Para las sesiones extraordinarias la convocatoria respectiva será elaborada por la Presidencia en conjunto con la Secretaría y tramitada por esta última con al menos 24 horas de antelación. En ella se detallarán los asuntos a tratar para cada sesión.

La sede de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Relaciones Laborales, serán las instalaciones que al respecto facilitará la corporación municipal.

Artículo 13.—Quórum. El quórum para sesionar se formará con la mitad más uno del total de los (las) miembros. En caso de que una persona propietaria no pueda asistir, la sustituirá el suplente.

Artículo 14.—Votación. Las decisiones, acuerdos o resoluciones, serán adoptadas, por mayoría simple de la totalidad de los miembros que conforman la Junta de Relaciones Laborales. Todas las votaciones serán nominales, tanto las a favor como en contra.

Se aceptan los votos de abstención y en caso de empate se realizaran dos votaciones seguidas en la misma sesión luego de oír deliberaciones. En caso de que no haya consenso se volverá a votar en la sesión siguiente para lo cual se solicitara el criterio técnico de la persona o ente especializada en la materia en el caso especifico el cual para estos efectos será recomendativo. La presidencia no tendrá voto de calidad.

Los acuerdos tomados por unanimidad, adquirirán firmeza en forma inmediata y serán comunicados por la persona que ocupe la secretaría en los siguientes cinco días hábiles. Si por caso fortuito o fuerza mayor, se pospusiera la resolución de un caso, el asunto deberá decidirse dentro de los próximos tres días hábiles.

Artículo 15.—De las inhibiciones y las recusaciones. Las inhibiciones y las recusaciones se tramitarán de conformidad con lo establecido en el capítulo 5, secciones 1 y 2 del Código Procesal Civil.

Deberá inhibirse del conocimiento, debate y votación de los asuntos sometidos a conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales, aquella persona -titular o suplente- que tenga interés directo, o que tenga una relación de parentesco hasta en segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad de la persona funcionaria gestionante.

El funcionario miembro que debe inhibirse, lo comunicará a la Junta de Relaciones Laborales, por escrito o bien lo indicará en la sesión en la cual se trate el tema, actuación de la que se dejará constancia en el Acta correspondiente, así como en el expediente en que se tramita el asunto de interés. Para estos casos, entra a fungir el suplente.

Si alguna persona integrante de la Junta de Relaciones Laborales, fuera recusada por otra u otro miembro de la misma o por otra persona, la diligencia será puesta en conocimiento del resto de los miembros integrantes, quienes por medio de una votación decidirán si procede o no la recusación.

La recusación deberá ser formulada por escrito y en ella se indicarán los motivos que la fundamentan, así como las pruebas que la sustentan. De igual manera, se recibirá el criterio de la persona recusada, y la Junta de Relaciones Laborales deberá decidir dentro de las veinticuatro horas siguientes a la gestión si debe ser acogida o rechazada.

CAPÍTULO V

De las actas

Artículo 16.—Actas. De cada sesión la Secretaría levantará una acta, que será conocida en la sesión ordinaria siguiente para su aprobación y serán enviadas a sus miembros, para la lectura y aprobación final en la sesión siguiente.

Las actas serán suscritas por la Presidencia y el (la) Secretario (a), de la Junta de Relaciones Laborales y estarán debidamente foliadas y compaginadas en un libro de actas o bien en hojas foliadas, membretadas y selladas por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Garabito.

En las actas se consignará la fecha y hora de inicio y finalización de la sesión, asistencia de los miembros titulares o suplentes presentes, justificaciones de personas titulares ausentes, orden del día, temas tratados, Asuntos sometidos a votación y el resultado de las mismas, votos a favor votos en contra y abstenciones cuando existieren y cualquier otro asunto pertinente.

Una vez aprobadas las actas, la Junta de Relaciones Laborales será la responsable de la custodia del expediente del caso analizado, así como las actas respectivas. Esta información se considerará confidencial hasta tanto no exista un acto administrativo que finiquite el asunto. Las actas deberán ser enviadas a sus miembros 48 horas antes de la sesión ordinaria o extraordinaria.

CAPÍTULO VI

De las actuaciones de la Junta y sus procedimientos

Artículo 17.—Actuación de la Junta. La Junta de Relaciones Laborales actuará de acuerdo con su competencia, enmarcada por las funciones asignadas por el presente Reglamento y por la Convención Colectiva de Trabajo, y demás normativa vigente.

Asimismo, emitirá sus recomendaciones con base en la documentación que las personas interesadas suministren y la instrucción de los asuntos que al respecto se haga. En la apreciación de los elementos que conforman las pruebas de los asuntos que conozca, la Junta de Relaciones Laborales aplicará las reglas de la sana crítica.

Artículo 18.—Procedimiento de intervención. Toda solicitud de intervención de la Junta de Relaciones Laborales deberá ser hecha por escrito y bajo ninguna circunstancia se tramitarán asuntos de carácter anónimo.

En la medida de lo posible, el o la gestionante aportará todos los elementos que considere apoyen su requerimiento.

Toda solicitud debe ser entregada por escrito o remitida por correo electrónico o fax a la persona que ostente la Secretaría de la Junta de Relaciones Laborales o en el lugar que previamente se establezca para ese efecto.

La Secretaría comunicará el asunto en caso de asunto de urgencia determinada por los plazos de ley en primer lugar y la afectación de la situación ocurrida en la salud ocupacional a la Junta de Relaciones Laborales en su sesión ordinaria inmediata y procederá a efectuar todas las diligencias útiles y necesarias tendientes a que se emita la recomendación que corresponda.

En caso, de un asunto de urgencia podrá convocarse a la Junta de Relaciones Laborales a una sesión extraordinaria para atender el mismo.

Artículo 19.—Procedimiento de asuntos no disciplinarios. El procedimiento ante la Junta de Relaciones Laborales en materia no disciplinaria será el siguiente:

a)  Las personas interesadas deberán gestionar por escrito, fundamentando dicha solicitud para que la misma sea analizada. Una vez analizada la queja o solicitud presentada, procederá a emitir la resolución que en derecho corresponda. Cuando así lo decida la Junta, podrá solicitar la presencia de el (la) trabajador (a) en sus sesiones para tratar su petición, así como solicitar a la Municipalidad toda la información necesaria para resolver el asunto puesto a su conocimiento.

b)  Podrá conocer la Junta de los reclamos que formulen los (las) trabajadores (as) respecto a las violaciones de sus derechos, sobre los traslados de puestos; sobre las diferencias que surjan en torno a la aplicación de la presente convención colectiva de trabajo; de los resultados de los concursos internos; sobre las necesidades de uniformes; equipos y materiales para los trabajadores (as); de las denuncias por persecución sindical que formulen las organizaciones en caso de que existieran.

c)  También podrá conocer de las acciones relacionadas con el régimen personal, que modifiquen el contrato de trabajo en perjuicio del (a) trabajador (a).

d)  Conocerá también de los asuntos relacionados con la salud ocupacional de los (las) trabajadores (as), para lo cual promoverá la creación de las comisiones que estime conveniente.

e)  Conocer y pronunciarse sobre las cuestiones laborales que la Municipalidad o la ANEP, le sometan, o que le corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídico.

f)   En todos los anteriores supuestos la intervención deberá producirse antes de que el asunto llegue a conocimiento del Concejo Municipal por medio de un recurso de apelación.

g)  La Alcaldía Municipal podrá delegar siempre dentro de su competencia en la Junta de Relaciones Laborales, los casos que estime convenientes en materia de resolución alternativa de conflictos, solicitando su intervención de conformidad con el presente Reglamento.

h)  En aquellos casos en que la Alcaldía Municipal haya solicitado la mediación o arbitraje de la Junta de Relaciones Laborales, en el caso de ser solicitado un arbitraje la resolución debe ser vinculante y deberá acoger sus recomendaciones, salvo que considere que no se ajustan a derecho, en cuyo caso deberá informar a la Junta de Relaciones Laborales mediante resolución motivada, y en el caso de solicitar una mediación la resolución será de carácter recomendativa.

Artículo 20.—Asuntos disciplinarios. El procedimiento en materia disciplinaria se regirá por las siguientes disposiciones:

a)  En materia disciplinaria, la Junta procurará la solución del conflicto mediante la resolución alternativa de conflictos, antes que la imposición de una sanción.

b)  La Junta de Relaciones Laborales dentro de sus facultades y atribuciones deberá conocer de toda sanción disciplinaria, inclusive el despido, que se pretenda aplicar a los (las) trabajadores (as) de la Municipalidad, a excepción de las amonestaciones verbales o escritas. Tampoco conocerá de la materia disciplinaria referida a el (la) Alcalde (za).

c)  Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de las pruebas, el (la) trabajador (a) podrá solicitar la intervención de la Junta de Relaciones Laborales, la cual analizará el asunto, concediendo una audiencia al trabajador (a) y rendirá un informe de previo al dictado de la resolución final, en la cual recomendará lo que estime pertinente, todo lo cual deberá ser realizado en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a partir de la solicitud de su intervención. Los acuerdos de la Junta de Relaciones Laborales sobre asuntos disciplinarios, suspensiones o despidos que se hagan de su conocimiento tendrán carácter recomendativo por simple mayoría.

d)  Se deberá garantizar el derecho a la defensa. Para lo cual se brindarán la oportunidad y los plazos requeridos para preparar la alegación, el acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de que se trate, el derecho a ser oída (o), la oportunidad de la (el) interesada(o) para presentar sus argumentos, el derecho a la audiencia, a producir pruebas pertinentes y, en caso de la testimonial, a repreguntar a los (as) testigos (as), el cumplimiento de la fundamentación y motivación de los actos administrativos.

e)  La (el) trabajadora (r) podrá hacerse acompañar, representar y/o asesorar por abogadas (os), o por una (un) dirigente sindical de su elección.

f)   En materia de sanciones disciplinarias y despidos, la Junta deberá resolver en un plazo máximo de quince días hábiles. De agotarse el mencionado plazo sin existir resolución final, la Junta cesará su intervención y la Municipalidad procederá según lo instruido en el expediente, salvo que la Junta no haya sesionado durante ese plazo por causa imputable a los (las) representantes patronales, en cuyo caso el plazo se prorrogará aplicándose lo establecido en el artículo 603 del Código de Trabajo.

g)  La resolución final que establezca una sanción por parte de la Municipalidad, será recurrible ante el juzgado correspondiente.

h)  Una vez analizado, la Junta de Relaciones Laborales enviará a la Alcaldía Municipal sus recomendaciones, dentro del plazo improrrogable de quince días naturales.

Artículo 21.—Mediación. La Junta de Relaciones Laborales promoverá una cultura institucional de paz y respetuosa de los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos, mediante el diálogo de las partes involucradas, el análisis conjunto y la construcción de acuerdos bilaterales o colectivos.

El procedimiento de mediación pertenece a las partes, que delegan su condición en los miembros de la Junta de Relaciones Laborales.

Todos los asuntos que ingresen a conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales tendrán una valoración inicial para determinar si legalmente procede la mediación. Luego se valorará su viabilidad de ser susceptible de mediar. Para esto se tomará en cuenta principalmente el beneficio para la administración y la disposición de las partes.

Los miembros integrantes de la Junta de Relaciones Laborales tienen como deber su neutralidad en relación con las partes en conflicto, actuando frente a ellas en forma clara, transparente, honesta, imparcial; promover su confianza, obrar de buena fe, ser diligentes, no buscar su propio interés ni tener interés personal en el acuerdo de las partes. Además tienen el deber en todo momento de cuestionarse y evaluar si la mediación constituye un procedimiento idóneo para buscar una solución al problema que tienen las partes y si ellas están en condiciones de participar con claro entendimiento del proceso, sus posibles consecuencias y los intereses en juego.

Al iniciar una mediación, las personas integrantes de la Junta de Relaciones Laborales deben informar a las partes sobre la naturaleza, características y reglas a las que se sujetará el proceso de mediación, el sentido de la función y papel que desempeñan las partes y las personas conciliadoras y asegurarse de la comprensión de las personas participantes y de su consentimiento al respecto. Las personas integrantes de la Junta de Relaciones Laborales deben advertir a las partes del deber de confidencialidad que les asiste y de que, en caso de que no exista acuerdo, nada de lo dicho en las actividades preparatorias y en las sesiones de mediación podrá ser utilizado posteriormente en un procedimiento administrativo, ni tendrá valor probatorio. En este sentido los integrantes de la Junta de Relaciones Laborales tendrán obligación de guardar el deber de confidencialidad. Las personas integrantes de la Junta de Relaciones Laborales no podrán participar como tales en cualquier proceso en el que tengan conflicto de intereses, o por cualquier forma se comprometa su condición de neutral. Estos, no tendrán interés particular en el resultado o en los términos del acuerdo y sus consecuencias para las partes, pero deben velar por la viabilidad del acuerdo.

Cuando los integrantes de la Junta de Relaciones Laborales adviertan que existen intereses no presentes ni representados en la mediación, que las partes no han considerado y pudieran resultar afectados por el acuerdo, deberán hacerlo saber a las personas participantes y sugerir la integración del procedimiento con terceros.

Los miembros de la Junta de Relaciones Laborales serán diligentes para tratar de lograr la pronta conclusión del procedimiento, sin que con ello presionen a las partes para lograr acuerdos que no satisfagan los intereses de estas.

La Junta de Relaciones Laborales se reserva el derecho de atender o no los casos que se reciban o que le remitan para efecto de establecer mediación, para lo cual podrá aducir cualquiera de las siguientes razones que se entenderá justificada:

a.  No mediabilidad del caso.

b.  Desequilibrio de poder entre las partes.

c.  Falta de voluntad de una o más partes para comparecer a la audiencia de mediación.

d.  Falta de voluntad de una o más partes para llegar a un acuerdo. Bajo ninguna circunstancia se mediaran casos de hostigamiento laboral ni acoso sexual, ni casos penales.

CAPÍTULO VII

De las recomendaciones

Artículo 22.—Recomendaciones. Las Recomendaciones que deberá emitir la Junta de Relaciones Laborales, serán adoptadas por simple mayoría. En todos los casos, las votaciones a favor o en contra de la recomendación, se realizarán de manera nominal. El resultado de dichas votaciones deberá indicarse en la recomendación. Las recomendaciones con las respectivas votaciones, quedarán registradas en el Acta de la sesión correspondiente y solo podrán ser comunicadas una vez que se apruebe el acta respectiva ó cuando el acuerdo quede en firme por unanimidad.

Artículo 23.—(Prescripción y caducidad: Revisar legalidad). Mientras los asuntos estén en trámite ante la Junta de Relaciones Laborales, se solicitaran prorrogas ante los entes correspondientes para evitar los términos de prescripción y caducidad que pudieran afectarles, para todos los efectos legales.

Artículo 24.—Colaboración institucional. Todo el personal de la Municipalidad de Garabito, deberá colaborar con la Junta de Relaciones Laborales y brindarle todas las facilidades e información requeridas para el cabal desempeño de sus funciones. La Administración, sus instancias y personas funcionarias estarán obligadas a remitir lo solicitado en un plazo no mayor de cinco días hábiles, prorrogables por un plazo igual, según la complejidad del caso.

Quien omitiere injustificadamente la remisión de lo solicitado, será sujeto de aplicación del régimen disciplinario establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios.

Artículo 25.—Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Aprobado en la Junta de Relaciones Laborales el 6 de agosto del 2010, en sesión extraordinaria Nº 5.

Jacó, Puntarenas, 8 de diciembre del 2010.—Lic. Ana Sofía Schmidt Quesada, Proveedora Municipal.—1 vez.—O. C. Nº 617.—Solicitud Nº 40152.—C-363020.—(IN2010105582).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

REGLAMENTACIÓN DE POSTULACIÓN Y ELECCIÓN

DE LA PRIMERA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL

FONDO DE AHORRO, PRÉSTAMO, VIVIENDA,

RECREACIÓN Y GARANTÍA DE LOS

TRABAJADORES DE LA REFINADORA

COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento tiene como objetivo organizar la primera elección de la Junta Administrativa y el Fiscal, de acuerdo a lo establecido en el Transitorio Único de la Ley Nº 8847, Ley que otorga personalidad jurídica al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo S. A. (RECOPE).

De los objetivos

Artículo 1º—De conformidad con el Transitorio Único de la Ley Nº 8847, la primera asamblea se realizará en el domicilio del  Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de Recope, ubicado en Guadalupe Centro 100 metros norte y 50 metros oeste del correo. La Asamblea  tendrá por objeto:

a)  Garantizar a los beneficiarios el derecho a ser electo y de elegir, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Nº 8847.

b)  Lograr la mayor participación posible  de los beneficiarios en el proceso de la elección de la Junta Administrativa.

Artículo 2º—La asamblea se celebrará el veintiséis de abril del dos mil once y se abrirá a las siete horas y se cerrará en el momento en que el Presidente de la asamblea informe el resultado definitivo de las votaciones.

El quórum lo formará los electores que voten.

Artículo 3º—El único punto que se conocerá en esa primera asamblea será la elección directa, secreta y universal de los miembros titulares y suplentes de la Junta Administrativa y el fiscal, que durarán en sus cargos por un período comprendido entre el diez de mayo del dos mil once al diez de mayo del dos mil trece.

Artículo 4º—Los puestos a elegir para integrar la Junta Administrativa y Fiscal, son los siguientes:

§   Presidente.

§   Vicepresidente.

§   Tesorero.

§   Secretario.

§   Vocal.

§   Suplente 1.

§   Suplente 2.

§   Suplente 3.

§   Fiscal.

Los suplentes ejercerán sus cargos en la oportunidad y en el orden en que fueron electos.

Artículo 5º—La elección recaerá en el candidato que obtenga la mayoría de votos válidos para cada cargo, una vez realizado el recuento definitivo de la votación, que el tribunal deberá hacer dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la votación. 

Artículo 6º—Los nombramientos a puestos donde no se ha producido empate serán válidos y eficaces al cierre de la Asamblea. Para los puestos donde se produzca un empate entre candidatos (as) que han optado por un mismo cargo, deberá celebrarse una segunda  Asamblea para la elección de esos puestos. El Presidente de la Asamblea procederá a hacer la convocatoria inmediatamente después del cierre de la primera Asamblea. La segunda Asamblea deberá celebrarse dentro de los veintidós días siguientes a esta convocatoria y únicamente participarán para la elección de esos puestos, los candidatos que empataron en la primera Asamblea. Las normas de este Reglamento se aplicarán a esta segunda Asamblea.

Del proceso electoral

Artículo 7º—La Junta Administrativa creará un Tribunal Electoral, que entrará en funciones el diecisiete de enero del dos mil once.

Artículo 8º—El Tribunal Electoral tendrá a su cargo el proceso para la elección  de los miembros de la Junta Administrativa y fiscal. 

Artículo 9º— Ese Tribunal estará integrado por:

§   Presidente.

§   Vicepresidente.

§   Secretario

§   Tres Suplentes

Los cargos se desempeñarán ad honorem.

Artículo 10.—El Tribunal tendrá su sede en las oficinas centrales del Fondo ubicadas en Guadalupe Centro, 100 metros norte y 50 metros oeste del correo.

De las postulaciones

Artículo 11.—El beneficiario (a) que desee optar a un cargo en la nueva Junta Administrativa o fiscal deberá hacerlo saber por escrito, en forma individual, al Tribunal Electoral, dentro del período que corre del primero de febrero al quince de marzo del dos mil once. 

Artículo 12.—La solicitud firmada por el postulante deberá indicar lo siguiente:

Ø  Nombre y dos apellidos.

Ø  Número de cédula de identidad o de residencia.

Ø  Fotografía reciente tamaño pasaporte.

Ø  Puesto a la Junta Administrativa al que opta o Fiscal.

Ø  Puesto que ocupa en la Refinadora Costarricense de Petróleo o Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de RECOPE.

Ø  Número de Fax o dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

Ø  Fecha de la solicitud.

Ø  Firma  del postulante.

Artículo 13.—El postulante que llene los requisitos, deberá ser acreditado por el Tribunal Electoral dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. Acreditación que se le comunicará por escrito. El Tribunal rechazará, dentro del término de tres días hábiles, las solicitudes que no se ajusten a los requisitos contenidos en el artículo que antecede, resolución que deberá serle notificada al postulante por medio del fax o correo electrónico señalado.

Artículo 14.—Vencido el plazo para acreditarse como postulante, el Tribunal Electoral confeccionará una papeleta para cada puesto de la Junta Administrativa y Fiscal, en papel no transparente y de diferente color, donde se indicará el nombre del o los candidatos, ordenándolos alfabéticamente según su primer apellido de izquierda a derecha, se insertará su fotografía y un cuadro en blanco para que el votante marque con una equis, el candidato de su preferencia. Al reverso de la papeleta se establecerán dos espacios, uno para que estampe la firma el Presidente y el Secretario del Tribunal Electoral y otro para que estampe la firma o firmas el o los miembros de la Junta Receptora de votos. En el margen superior izquierdo de la papeleta, se imprimirá el sello con el logotipo del Fondo de Ahorro. Se emitirán las papeletas que sean necesarias y que garanticen el sufragio universal.

Artículo 15.—Vencido el plazo de inscripción de los candidatos postulantes y no se haya inscrito candidato (a) para algún cargo, el Tribunal Electoral comunicará a los (las) trabajadores (as) y abrirá un nuevo lapso para recepción de postulantes, por un termino de quince días e instará a los  (las) trabajadores (as) a la participación.

De los electores y la votación.

Artículo 16.—Tendrá derecho a votar los (as) trabajadores (as) de la Refinadora Costarricense de Petróleo y del Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de RECOPE, que aparezca en sus planillas al treinta de marzo del dos mil once; sin embargo, el elector que no aparezca en esa planilla y que demuestre ante la mesa receptora de votos que es trabajador de RECOPE o el Fondo, podrá emitir su voto mostrando la acción de personal que así lo acredite y el documento de identidad, de los que deberá adjuntar una copia.

Artículo 17.—Para facilitar la votación se preparará, para cada centro de trabajo, un padrón electoral que se cerrará a la fecha indicada en el artículo que antecede.

Artículo 18.—Cada trabajador o trabajadora emitirá su voto en el centro de trabajo donde labora y donde aparece en el padrón electoral. Excepcionalmente, las personas que tengan que prestar sus servicios ese día, en un lugar distinto a su centro habitual de trabajo, podrán emitir su voto donde se encuentre laborando. En este último caso, la mesa que recibe el voto, deberá comunicar  por el medio que este a su alcance a la mesa  receptora donde debió haber votado, que el elector ya lo emitió, a efecto de que consigne en el padrón de esa mesa que el voto ya se dio. Esta deberá confirmar por el medio que este a su alcance, la veracidad de la comunicación dejando constancia en el padrón electoral de esa circunstancia.

Artículo 19.—El voto es un acto absolutamente personal, que se emitirá en forma directa y secreta.

Publicidad y propaganda

Artículo 20.—Vencido el término de inscripción de los postulantes, el tribunal electoral deberá divulgar internamente las candidaturas inscritas.

Artículo 21.—Los candidatos podrán hacer todo tipo de propaganda, siempre y cuando, sea orientada a exaltar solamente los meritos del candidato (a) y la exposición de sus programas o ideas que se proponga  desarrollar. Debiendo  guardar el debido respeto a sus adversarios.

Artículo 22.—El Tribunal le ordenara al candidato  retirar la propaganda  que sea contraria a lo dispuesto en el artículo anterior. De persistir en su conducta, el Tribunal podrá cancelar su credencial.

Artículo 23.—La propaganda podrá iniciarse el día siguiente al cierre del término para inscribir las postulaciones y una vez comunicada la acreditación de cada candidato; y terminará el día de las elecciones.

Artículo 24.—No podrá hacerse propaganda dentro de los recintos electorales.

De las juntas receptoras de votos

Artículo 25.—El elector emitirá su voto en las Juntas receptoras de votos que constituirá el Tribunal Electoral.

Artículo 26.—Cada Junta estará integrada por un Presidente,  un Secretario y dos suplentes; sin embargo, en ausencia de alguno o algunos de ellos, por cualquier causa, podrá funcionar con uno solo de los integrantes. El Tribunal les expedirá un distintivo que los identifique como miembros de su mesa.

Artículo 27.—Los candidatos podrán asignar un fiscal en cada mesa. Esos fiscales deberán ser acreditados ante el Tribunal Electoral, por escrito, al menos ocho días naturales antes del día de las votaciones, estos (as) participarán en calidad de observadores. El Tribunal les expedirá un distintivo que los identifique.

Artículo 28.—El Tribunal Electoral establecerá juntas receptoras de votos en los siguientes centros de trabajo: Plantel Aeropuerto Liberia, Plantel Aeropuerto Limón, Plantel Barranca, Plantel Siquirres, Plantel Construcción Limón, Plantel El Alto, Oficinas del Fondo en Guadalupe, Centro Recreación Manzanillo, Centro Recreación Alajuela,  Plantel La Garita, Plantel Limón-Refinería, Oficinas Centrales, Plantel Aeropuerto-Santamaría, Edificio Hernán Garrón, Plantel Turrialba, Plantel Vista Palace y Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños.  Dependiendo del  número de votantes de cada centro de trabajo, el Tribunal Electoral podrá autorizar una o más juntas receptoras de votos.

Artículo 29.—Deberá el Tribunal Electoral entregar el material correspondiente a las Juntas  Receptoras de Votos con una anticipación acorde a la distancia del Centro de Trabajo y el centro de funcionamiento, en todo caso, tal anticipación no deber ser menor a un día.

Artículo 30.—Las funciones de las Juntas Receptoras de votos serán:

a)  Recibir, contra recibo, el material electoral (papeletas, padrón, machote de actas, caja receptora de votos, mampara que garantice la privacidad, bolsa plástica, cierre de seguridad para la bolsa, dos lapiceros y cualquier otro artículo necesario para la emisión del voto).

b)  Recibir el voto de los (as) electores (as), que deberá emitirse en un lapso no mayor a cinco minutos.

c)  Hacer el conteo de los votos recibidos y levantar el acta de votación correspondiente, consignando los votos emitidos, votos válidos, votos nulos, votos en blanco si los hubiere y papeletas electorales sobrantes. Esta acta debe ser firmada por los miembros de la mesa presentes al momento del conteo.

d)  Terminado el conteo, elaborada y firmada el acta de votación, deberán trasmitirla inmediatamente al Tribunal Electoral, por fax o correo electrónico debidamente escaneada en formato PDF.

e)  Entregar al Tribunal Electoral todo el material electoral.

Artículo 31.—Coincidiendo con la asamblea, las juntas receptoras de votos deberán abrir la votación a las siete horas y se cerrará a las diecisiete horas  del veintiséis de abril del dos mil once.

Artículo 32.—Previo a emitir el voto, el beneficiario presentará  ante la Junta Receptora su documento de identidad. Verificada ésta,  procederá a firmar el padrón electoral, sino pudiere o no supiere hacerlo lo hará un compañero de trabajo a su ruego, acto seguido, la Junta le entregará una papeleta para cada uno de los puestos a elegir, a efecto de que emita su voto. Emitido su voto el elector, mostrando de frente las firmas del Tribunal Electoral y de la Junta Receptora de Votos, depositará las papeletas en la caja respectiva. Concluido lo anterior, se le devolverá el documento de identidad.

Artículo 33.—Se considerara documento de identidad válido, la cédula de identidad o de residencia.

Artículo 34.—El elector discapacitado que no pueda emitir el voto secreto, podrá hacerlo público frente a la Junta Receptora de Votos, el Presidente marcará con una equis la casilla correspondiente al candidato que el elector a viva voz le indique, para cada uno de los puestos y depositará las papeletas en la caja respectiva.

Artículo 35.—No podrá ingresar al recinto electoral el elector (a) que se presente en estado evidente de  embriaguez o bajo cualquier situación análoga.

Artículo 36.—La Junta Receptora de Votos contará con un lugar privado y adecuado para que el elector emita su voto.

Artículo 37.—El elector emitirá su voto marcando con una equis en la casilla  del candidato (a) de su preferencia.

Artículo 38.—Se declararán nulos, sin excepción, los votos que el elector haga públicos, mostrando la papeleta donde votó.

También se declarará nulo, el voto que no  permita determinar en forma clara y precisa el candidato elegido por el elector.

Artículo 39.—Siempre que se declare un voto nulo, la Junta Receptora de Votos, deberá indicar el motivo de nulidad.

Articulo 40.—El voto en blanco no contará para ser acreditado a ninguno de los candidatos. Al momento del conteo el Presidente de la junta receptora de votos o quien lo supla, deberá consignar en la papeleta, con letras grandes, una razón que diga “voto en blanco”, con lo cual la papeleta queda inhabilitada para cualquier efecto.

Artículo 41.—Por  ningún motivo se suspenderá la votación, ni se extraerán las papeletas de las cajas antes de la hora indicada en el artículo treinta y uno.

Artículo 42.—El Tribunal Electoral, antes de comunicar el resultado de las elecciones al Presidente de la Asamblea deberá confirmar, recontando las papeletas, el resultado de las elecciones, para cada uno de los puestos.

Artículo 43.—El Presidente de la Asamblea, una vez recibido el comunicado del Tribunal Electoral sobre el resultado de las elecciones, hará pública la integración y conformación de la Junta Administrativa y Fiscal,  elegida.   Acto seguido levantará la Asamblea.

De las prohibiciones

Artículo 44.—No podrán ser integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, ni fiscales, quienes no sean trabajadores activos de RECOPE o el FONDO, ni quienes estén inscritos como candidatos (as) a cualquier cargo de elección.

De las disposiciones finales

Artículo 45.—Cuando en el seno del Tribunal se produzca un empate, resolverá el Presidente con doble voto.

Artículo 46.—Las situaciones no previstas en este Reglamento deberán ser resueltas por el  Tribunal Electoral, en materia de su competencia.

Artículo 47.—Este Reglamento solo puede ser modificado por la Junta Administrativa del Fondo de Ahorro.

Artículo 48.—Para todos los efectos legales este Reglamento se publicará en el Diario Oficial La Gaceta.

Manuel Quesada Chanto.—1 vez.—(IN2010104520).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA PRESUPUESTARIA

CONCEPTO

PRESUPUESTO

ORDINARIO

TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO FINAL

0,00

REMUNERACIONES

1.085.456.410,24 

-107.896.732,03 

977.559.678,21 

0 01

Remuneraciones Básicas

653.058.068,00 

-102.773.525,34 

550.284.542,66 

0 02

Remuneraciones eventuales

500.000,00 

0,00 

500.000,00 

0 03

Incentivos salariales

186.604.818,50 

17.380.347,96 

203.985.166,46 

   0 03 01

Retribución por años servidos

56.731.057,76 

18.646.612,87 

75.377.670,63 

   0 03 02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión

41.762.557,20 

-329.833,45 

41.432.723,75 

   0 03 03

Decimotercer mes

64.627.890,48 

-5.953.321,34 

58.674.569,14 

   0 03 04

Salario escolar

13.283.099,66 

3.066.889,88 

16.349.989,54 

   0 03 99

Otros incentivos salariales

10.200.213,40 

1.950.000,00 

12.150.213,40 

 

 

 

 

 

0 04

“Contribuciones patronales al desarrollo

129.902.111,83 

-11.966.175,86 

117.935.935,97 

   0 04 01

Contribución al Seguro de Salud

71.736.987,13 

-6.608.186,66 

65.128.800,47 

   0 04 02

Contribución al IMAS

3.877.674,98 

-357.199,28 

3.520.475,70 

   0 04 03

Contribución al INA

11.633.024,94 

-1.071.597,84 

10.561.427,10 

   0 04 04

Contribución a FODESAF

38.776.749,80 

-3.571.992,80 

35.204.757,00 

   0 04 05

Contribución al BPDC

3.877.674,98 

-357.199,28 

3.520.475,70 

 

 

 

 

 

0 05

“Contribuciones patronales a fondo

114.391.411,91 

-10.537.378,79 

103.854.033,12 

   0 05 01

Contribución al Seguro de Salud

38.156.321,80 

-3.514.840,93 

34.641.480,87 

   0 05 02

Aporte al ROPC

11.633.024,94 

-1.071.597,84 

10.561.427,10 

   0 05 03

Aporte al FCL

23.266.049,88 

-2.143.195,68 

21.122.854,20 

   0 05 05

Contribución patronal a otros fondos

41.336.015,29 

-3.807.744,34 

37.528.270,95 

0 99

Otros servicios personales

1.000.000,00 

0,00 

1.000.000,00 

 

 

 

 

 

1 00

SERVICIOS

272.762.123,75 

-509.770,00 

272.252.353,75 

 

 

 

 

 

1 01

Alquileres

73.911.489,60 

-5.236.644,00 

68.674.845,60 

   1 01 01

Alquiler de edificios, locales y terrenos

68.674.845,60 

0,00 

68.674.845,60 

   1 01 02

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

5.236.644,00 

-5.236.644,00 

0,00 

 

 

 

 

 

1 02

Servicios básicos

29.989.702,00 

-13.040.000,00 

16.949.702,00 

   1 02 01

Servicio de agua y alcantarillado

600.000,00